Nos preocupa observar a un
Estado cooptado por un solo interés, que impone como medida la persecución
penal y de represión, frente al rechazo de la población a diversos proyectos de
extracción de los bienes naturales, desentendiéndose de su naturaleza de ente
rector del bien común y sus obligaciones con respecto a la aplicación de
convenios internacionales y su propia legislación interna. Urge asumir, de
fondo, las demandas de la
población, discutir y aprobar de forma democrática el modelo socio-económico
que queremos y debemos construir, tomando en cuenta que existe una deuda histórica con la población
indígena y de todos aquellos sectores desfavorecidos; por lo que sería una
obligación, diseñar un modelo de
desarrollo inclusivo y democrático desde una perspectiva integral. Tomando en
cuenta la pluralidad de opiniones y respeto a la construcción de
consensos. Ante la ausencia de
estos mecanismos alertamos sobre el nivel de conflictividad a que algunos
actores interesados, están
llevando a diversos sectores poblacionales, en diversos territorios del
país, especialmente en el norte de Huehuetenango. Por lo anterior y
Preocupados ante el
continuo aumento de criminalización y persecución de defensoras y defensores de
derechos humanos:
CONDENAMOS
Enérgicamente la actual
estrategia de persecución legal y criminalización de líderes y dirigentes
comunitarios que se refleja en preocupantes largas listas de presos políticos,
que recién fueron detenidos en forma injustificada: El 29/10/2014 fue detenida
Bárbara Díaz Surim, lideresa de San Juan Sacatepéquez. El 21/11/2014 fueron
condenados a 33 años y 4 meses los líderes comunitarios de Barillas, Saúl
Méndez y Rogelio Velásquez por un linchamiento en el año 2010, en un proceso y
sentencia cuestionada. El 7/12/2014 se capturó a Fausto Sánchez Robledo y el
27/01/2015 a Lorenzo Ramírez Rodríguez líderes comunitarios de San Pablo, San
Marcos. El 26/2/2015 fueron detenidos Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto
Villatoro Hernández y Arturo Pablo Juan dirigentes de Santa Cruz Barillas. El
24/3/2015 fueron detenidos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, dirigentes de
Santa Eulalia quienes además de ser ligados a proceso por los delitos
imputados, el día hoy nuevamente al salir de la audiencia, con orden de
juez Otto Felipe Vásquez son
nuevamente encarcelados y sindicados de los delitos de secuestro, instar a
delinquir y plagio. La detención el 17/3/2015 de Francisco Javier Cruz Alvarado
por oponerse a la Mina Marlin. Además siguen detenido, Timoteo Chen Tun de la
Comunidad Monte Olivo en Cobán Alta Verapaz. Hay una lista de nombre de líderes con órdenes de captura y de personas con denuncias penales en
etapa de investigación. Varios dirigentes comunitarios pasaron injustamente
meses en cárceles entre tanto
esperaban los resultados de
investigaciones penales, las cuales finalmente terminaron sin prueba alguna,
quedando las personas en libertad.
A esta lista de nombres de
perseguidos penalmente se agregan asesinatos de diversos líderes y dirigentes
comunitarios, así como la impunidad de autores materiales y/o intelectuales.
Rechazamos especialmente los recientes asesinatos de Froilán Juárez en
Malacatán, Daniel Pedro Mateo, Pascual Basilio Pascual de Santa
Eulalia y el día de hoy el
líder comunitario Pascual Pablo Francisco,
secuestrado el pasado martes. Igualmente nos dejan consternados los
asesinatos de tres periodistas en los últimos días, y otros hechos de
violencia
Ligado a los diversos hechos
persecutorios se mencionan nombres de empresas extractivas que, en general,
representan la lógica del capital que impone sus intereses sin importar el
cómo, debilitando procesos democráticos.
A eso se agrega la impunidad
y actuación de la institucionalidad pública que debería estar al servicio del
bien común, pero que por el contrario sus actuaciones afectan especialmente a
líderes y dirigentes indígenas, algo que sólo puede entenderse en el marco del
racismo y la discriminación existente en Guatemala.
EXIGIMOS:
· El cese a la estrategia de persecución de defensores y
defensoras de derechos humanos. Y liberación de todas y todos los presos
políticos del estado de Guatemala.
· La exhaustiva investigación de los asesinatos
cometidos contra defensores de derechos humanos, y la condena para los autores
materiales e intelectuales.
· El total respeto de los derechos humanos de pueblos
indígenas, individuales y colectivos, incluyendo territoriales, de
autogobierno, a la consulta de buena fe, entre otros más; el pleno cumplimiento
de Convenios Internacionales y legislación nacional.
· Asegurar el respeto a las garantías fundamentales de
todas las personas, reconocidas en la Constitución Política de la República,
entre otros: detenciones sólo con órdenes de captura, acceso a defensa legal,
ser informado sobre motivos de captura, ser escuchado en primera declaración,
habeas corpus, entre otras.
· Asegurar la legalidad de los procesos y de la emisión
de órdenes de captura, únicamente si se cuenta con resultados contundentes de
serias investigaciones penales con relevantes pruebas.
· Que el Estado desarrolle formas democráticas de
relacionamiento con la población y sus territorios, con discusión del modelo
socio-económico y sus consecuentes políticas públicas en vez de estrategias
represivas de persecución de
dirigentes y pueblos, ya sea por medios penales u otros.
Guatemala, 27 de marzo 2015
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