Un Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio.
Publicado por comunitariapress
Por Nelton Rivera.
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Esta tarde Rigoberto Juárez Mateo fue detenido de forma arbitraria y se convierte en un nuevo preso político del Estado guatemalteco. Rigoberto Juárez es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de 16 municipios de Huehuetenango. Juárez es criminalizado por defender el territorio y el agua.
En el momento de la detención, por parte de agentes de la PolicíaNacional Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Junto con Rigoberto fue detenido Domingo Baltazar, ambos miembros de la autoridad comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango.
Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.
Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.
Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas e pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y gente afín a las autoridades.
Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.
Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.
Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas.
Ciudad de Guatemala, 24 de marzo 2015.
El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia
Publicado por comunitariapress
Por: Santiago Bastos
El alcalde Municipal de Santa Eulalia, Diego Marcos, impidió este jueves 19 de marzo la reapertura de la Radio Snuq’ Jolom Konob’ y permitió la agresión a la población y a la prensa invitada a la actividad. Este hecho nos pone ante procesos que una vez más tienen que ver con la libertad de expresión y el despojo de las comunidades. También nos hablan del incumplimiento de funciones por instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, cuya actuación en este caso ha sido realmente preocupante.
HORAS DESPUES DE TERMINAR ESTE TEXTO, RIGOBERTO JUAREZ FUE DETENIDO POR LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Supongo que muchos de ustedes están enterados de que en la madrugada del día 20 de enero de 2015, Diego Marcos, Alcalde Municipal de Santa Eulalia, mandó cerrar la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’. Este grave hecho fue denunciado en su momento por la misma Radio y generósolidaridad de otros medios de comunicación. Se acudió ante las autoridades, pero no se logró revertir la situación, y el hecho quedó impune.
Relato del frustrado intento de hacer valer un derecho
Al no tener local, durante de dos meses la radio transmitió sólo por internet, y mientras mantuvo abierta una vía democrática de proceder – como hasta la fecha – desde la lógica de los derechos humanos. Estuvieron y están abiertos al diálogo con el alcalde, solicitaron para ello la mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH- y el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington –GHCR.
Finalmente esta vía no resultó pues el alcalde puso la condición de que se abriría la radio, si el cambiaba a toda la junta directiva y equipo de radialistas. Ante éstas condiciones del alcalde, las autoridades ancestrales q´anjob´ales decidieron que la radio sería reabierta por ellos el jueves 19 de marzo, amparados por el Derecho Maya, invocando el derecho a la libre expresión del pensamiento y el de autodeterminación de los pueblos indígenas, ambos reconocidos en Convenios y Declaraciones firmadas y ratificadas por el Estado de Guatemala. Entonces solicitaron la intervención de la PDH ya no en su papel de mediación sino de observación de derechos humanos de la PDH y demás instancias arriba mencionadas.
Para acompañar el momento y dar apoyo a los colegas de Jolom Konob’, un equipo de 12 comunicadores, periodistas y académicos acudieron a la actividad: Ana Lucía Ixchíu Hernández, Carlos Ernesto Cano Yspache y Nelton Eduardo Rivera González de Prensa Comunitaria; Alfonso Rocael Porres Flores, de Luciernaga; Alejandro Quiñonez Monzón Profesor Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Marta Karina Fuentes Kemp de la Productora de Cine Canek; Jeff Abbot, Oficina de Prensa para América Latina OPAL Chile; Simon Antonio Ramon, FGER; Rolanda Garcia y Santiago Botón, TELESUR, Hector Domingo Gregorio Pedro, YECHEL FILMS y Benigno Leonidas Pablo Francisco, NOTIBARILLAS – que actuaba como Conductor de la Actividad. Dado el ambiente que reinaba en Santa Eulalia, se solicitó también acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos; pero esta instanciano acudió.
Así, de forma pública, anunciada el 19 de marzo comenzó la actividad de reapertura de la radio. A quienes no estábamos allá, como otras veces mis compañeros de Prensa Comunitaria y de otros medios nos fueron enviando fotografías y contando desde el lugar el desarrollo de los discursos que se iban sucediendo.
Pero también nos informaron cómo desde tempranas horas de la mañana recibieron amenazas por parte de concejales municipales y gente afin al alcalde Diego Marcos. A Rony Morales, el mismo alcalde le intimidó. Un hombre con un arma en la cintura les dijo: “Cuando nosotros hoy tomemos la decisión, la gente se va a chingar, y ustedes se van a chingar también, vos te vas a chingar”
El tono de las intervenciones de la gente del Alcalde se calentó. Un conejal acusó al personal de la radio de ser guerrilleros y estar vinculados con el EGP. El Alcalde tomó la palabra para decir en un tono amenazante que la radio no será reabierta si no era por órdenes de “un juzgado competente” y que además, su junta directiva debería reestructurarse. Cuando Rigoberto Juárez tomaba la palabra, ocurrió un corte de energía eléctrica, informó Santiago Botón
La periodista Lucia Ixchíu, fue agredida cuando le arrebataron su su cámara fotográfica digital. Asimismo, arremetieron contra el comunicador Jeff Abbot, a quien a golpes también quisieron quitarle su equipo.
En ese momento, una serie de mujeres afines el alcalde y sus allegados empezaron a provocar, buscando generar un acto de violencia. No lo lograron, pero finalmente sí impidieron relanzar al aire la radio comunitaria Snuq Jolom Konob.
Todo esto está en reportaje en vivo emitido por TeleSur en que se pueden seguir los hechos ocurridos; y con el material recogido, el periodista Santiago Botón realizó videoreportaje sobre lo que ocurrió en el Municipio de Santa Eulalia. Los hechos suscitaron la solidaridad de medios internacionales, y fueron denunciados el día siguiente en conferencia de prensa realizada por quienes fueron agredidos, recogida esta vez por Elperiódico y Cerigua.
Estos hechos, tristemente tan comunes ya que nos sorprenden, nos ponen ante un escenario muy peligroso, pues –como nos hartamos de repetir en estas páginas- no se trata de hechos aislados, sino de parte de un proceso que nos están llevando a una situación cada vez más insostenible.
La fragilidad de libertad de expresión.
El cierre de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ el 20 de enero fue un hecho arbitrario que puso en grave peligro a los comunicadores de este medio comunitario y dejó a la población q’anjob’al de Santa Eulalia, el norte de Huehuetenango y parte de Estados Unidos, sin un medio básico de comunicación.
Como radio comunitaria, Jolom Konob’ se ha dedicado a promover la cultura q’anjoba’l, a trasmitir música de marimba, a enviar mensajes a familiares en Estados Unidos… Y también a informar sobre las actividades de las organizaciones locales en defensa del territorio y la vida, y a reproducir las denuncias diversas contra el alcalde y la corporación municipal.
Por esa razón, cerró el local de propiedad municipal donde la radio tiene sus instalaciones, y ahora, de una manera arbitraria, apela a un “un juzgado competente” –no sabemos “competente” para qué- y se atribuye el derecho a exigir la reestructuración de la junta directiva.
Esto nos habla del poder casi absoluto de los alcaldes aliados a las empresas más o menos legales que se ubican en sus municipios, y amparados por las instancias gubernamentales –más aún si se alínean con el partido presidencial. La reciente muerte de Danilo López en Mazatenenango nos muestra que no hablamos en vano.
Diego Marcos es tristemente famoso en el área por su actitud violenta y la prepotencia con que trata a sus oponentes Sus formas y sus palabras cuando habla en la actividad del día 19, y el gesto con el que se dirige hacia un de los comunicadores, con la mano detrás del pantalón –amagando como si fuera armado- sirven para mostrar cómo el amedrentar y el intimidar forman parte de sus formas de “hacer” política.
Estamos ante uno más de los muchos y muy diversos ataques que están sufriendo los medios de comunicación comunitarios y alternativos –además de los periodistas de los medios corporativos- que han llegado a acabar con su vida. De esta manera se coarta el derecho de los guatemaltecos a estar informados de los hechos que diariamente ocurren en el país y apenas aparecen en los medios corporativos. Los medios comunitarios han abierto una pequeña brecha en el muro de la impunidad al dar a conocer hechos como los que realiza el alcalde de Santa Eulalia y la violencia que provocan las hidroeléctricas.
De nuevo la violencia del despojo
Los hechos del pasado jueves en Santa Eulalia no se pueden separar de la presencia de la hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango: la tristemente famosa Ecoener Hidralia Energía en Barillas, Proyectos de Desarrollo Hídrico -PDH- en San Mateo Ixtatán y Cinco M en el mismo Santa Eulalia. La misma muerte de Daniel Pedro, fundador de la Radio Snuq’ Jolom Konob’, hace ya casi dos años, forma parte de este contexto.
No podemos dejar de lado que el cierre de la radio se dio en medio de una serie de hechos violentos relacionados estas empresas. La noche en que Diego Marcos ordenó cerrar la radio, vecinos de Santa Eulalia estaban manifestando su solidaridad e indignación sobre la detención de dos comunitarios de San Mateo Ixtatán por su oposición a la empresa PDH. Se dio un ataque a balazos que aún no se ha esclarecido, y que llevó a dos jóvenes al hospital. Todos estos hechos han sido relatados detalladamente en un Comunicado del Gobierno Plurinacional.
El pasado 15 de marzo de 2105, cuando se estaba preparando la reapertura de la Radio, lamentablemente murió Basilio Pascual, de la Aldea Molná, uno de estos dos jóvenes que resultó gravemente herido. Según declaraciones de familiares, los disparos que mataron a su hijo provinieron del vehículo del Alcalde de Santa Eulalia.
Toda esta violencia desatada al interior de las comunidades del norte de Huehuetenango, y en otras partes del país, es uno de los efectos más perversos de la instalación en ellos de las empresas hidroeléctricas, mineras o agroexportadoras. El hecho de dar trabajo a “los mineros” o “los trabajadores” no es así de simple: las experiencias muestran que además de trabajar para estar empresas, provocan confrontación, intimidaciones y amenazas a quienes se oponen a las actividades extractivas.
Se usan diferencias previas o se crean divisiones nuevas, y así estas empresas y las autoridades logran que sean vecinos los que maten a vecinos; vecinos los que vayan a la cárcel; vecinos los que mueran en situaciones tan trágicas como la que se dio en Los Pajoques en septiembre del año pasado. Es la perversidad del capital, que utiliza a las personas como instrumentos desechables para la acumulación.
Es lo que se procuró una vez más en el jueves 19 en Santa Eulalia. No lo lograron, porque la población que asistió a la reapertura de la radio se comportó pacífica y tranquila, con una actitud totalmente diferente a cómo la quieren representar desde la prensa y las instancias gubernamentales, incluso las que velan por los derechos humanos..
Pero se intentó, y se hizo con un uso malicioso y retorcido de la ley: el intento de trifulca fue provocado por mujeres, porque fueron contratadas exclusivamente para este propósito. O sea, “aprovechar para echar mano a la ley contra el femicidio”, según interpretan los movimientos sociales, comenta Santiago Botón. No se trata de una chanza: Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de Barillas están acusados en un caso de linchamiento donde murió una mujer. Hasta ahora no hay pruebas que demuestren su implicación en los hechos, pero han sido condenados a 33 años de cárcel al usarse contra ellos esta ley que se creó para defender a las mujeres de la impunidad masculina.
Las autoridades que se niegan a cumplir su función
Pero lo que en este caso es más preocupante es la evidencia de cómo las instituciones estatales están dejando de cumplir sus funciones, dejando el campo abierto para la reproducción de la impunidad. Las instancias del Estado han salido de la región para dejar a la población a expensas de estructuras criminales que actúan con impunidad. Conscientes de este panorama, crimen organizado, caciques y paramilitares que están listos para actuar. Saben que ni si quiera las instancias verificadoras de los derechos humanos llegarán.
Me refiero en concreto a la triste actuación de la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- ante los hechos de Santa Eulalia.
Como dije antes, dada la actitud provocativa del alcalde y la corporación municipal, la Junta Directiva de la Radio Jolom Konob’ y el equipo de acompañamiento contactaron con la oficinas de la PDH y del OACNUDH para que dieran cobertura y acompañamiento, cumpliendo sus funciones, al proceso de acercamiento con el Alcalde. Este proceso llevó más de un mes y llegó a su fin cuando el edil dijo que ponía la condición de que se cambiara a la directiva de la radio.
Entonces se les solicitó a la PDH acompañar en la observación de las garantías de los derechos elementales el día 19 de marzo. La PDH se negó en repetidas ocasiones. Se dieron reuniones y se escribieron cartas por parte de Jolom Konob’ y de Prensa Comunitaria pero finalmente no hubo personal de la PDH en el intento de reapertura de la Radio, lo que evidentemente facilitó la actitud provocativa del alcalde y la corporación, e impidió que quedara un registro oficial de lo sucedido. Aunque todo está documentado y fue presenciado por instancias de derechos humanos como UDEFEGUA Y ACOGUATE.
Esto ya es un hecho bastante grave en sí, por ser un caso de incumplimiento de funciones. Se complicó más cuando el mismo día 19 de marzo, la PDH emitió un comunicado en el que para justificar el incumplimiento de su responsabilidad constitucional, la PDH acude a dos razonamientos.
Por un lado se refiere a la toma durante 10 horas por pobladores de Barillas de las oficinas de la PDH en Barillas ante la detención de los líderes Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro el 26 de septiembre de 2014. Seguramente es un hecho condenable, pero que no tiene nada que ver con lo ocurrido en Santa Eulalia el día 19 de marzo de 2015– o si lo tiene que ver, la PDH no lo aclara. Pero sí hace responsables a estos barillenses de su decisión de no acudir a Santa Eulalia.
El otro argumento es más preocupante. En su comunicado la PDH dice que intentó convencer que no se diera la reapertura porque “no había condiciones para que un proceso de dialogo se desarrollara en absoluto respeto de los derechos fundamentales” -¿y cuando las ha habido?-, y que “por lo tanto” no acudiría su personal.
Es decir, la PDH se negó a actuar, justo porque se daban las razones por las que debe actuar. Debería haber estado en Santa Eulalia para que se hubiera permitido ejercer el derecho a la libre expresión del pensamiento, al negarse a hacerlo, a cumplir sus funciones, facilitó la actuación a quienes viven de la impunidad. El mensaje para quienes viven en esos espacios es bastante terrible.
Detrás de estas dos justificaciones subyace una idea clara: la “peligrosidad congénita” de los q’anjob’ales que, como grupo se han vuelto ingobernables y son responsables de la imposibilidad de llegar a un diálogo. Casi parece querer decir que la violencia va a ser imposible de impedir el 19 de marzo porque los q’anjob’ales “son así” –como demostraron en Barillas.
Finalmente, en un párrafo aparentemente inocuo en que “como lo ha expresado en reiteradas ocasiones” el Procurador llama a autoridades ancestrales, personal de la Radio Jolom Konob’ y a vecinos al diálogo, pero no cita al alcalde, principal violador de los derechos humanos y promotor de la violencia, como se aprecia en todas las pruebas. En vez de ello culpabiliza de nuevo a la gente, y obvia decir que fueron precisamente la directiva de la radio quien le solicitó iniciar este proceso de acercamiento.
Estamos en un momento en que nos jugamos muchas cosas. Como otras veces, el proceso electoral abre la veda para la muerte impune y el fin de este período gubernamental puede suponer un aumento de la ya alta represión para “cumplirle” a las empresas nacionales y transnacionales. Todo esto va ser un salto muy preocupante en unos tiempos que ya lo son.
Al hablar del norte de Huehuetenango, todo esto se vuelve más urgente y problemático. Las empresas extractivas y las acciones de apoyo del Gobierno se sumaron a la violencia generada por las bandas del crimen organizado; y terminaron por encerrar a las comunidades en un cerco de represión e impunidad. Esto es lo que vemos en Santa Eulalia
Ante esta situación, las instancias del estado que deberían servir para apoyar a quienes buscan abrir los espacios y mantener los derechos que tanto les ha costado conseguir, se retractan. Y lo hacen utilizando estereotipos que provienen de un racismo que deberían combatir. Eso les acaba haciendo cómplices de lo que ocurra en este territorio.
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