La crisis política desatada a partir de las acciones de la CICIG y del MP para desarticular la estructura criminal conocida como La Línea y, posteriormente, la red insertada en el IGSS, revela que el Estado se encuentra penetrado y cautivo por esta clase de organizaciones mafiosas desde los más altos niveles del poder político. Ambas surgen hace aproximadamente cuatro décadas, en el marco de la alianza contrainsurgente de la oligarquía y la cúpula militar, con el decidido apoyo de Estados Unidos.
En ese contexto, la cúpula militar y oficiales medios del ejército crearon estructuras criminales de narcotráfico, defraudación tributaria, tráfico de armas, trata de personas y contrabando. El ejército se convirtió, poco a poco, en un factor real de poder político y económico mediante la acumulación de capital ilícito. Éstos son los cimientos del Estado burgués contrainsurgente militarizado, controlado por la oligarquía, la cúpula militar y sus mafias del crimen organizado.
La transición política iniciada en 1985 reconfiguró el Estado: el Estado contrainsurgente-mafioso fue reconvertido en un Estado neoliberal-mafioso y represivo, cuyo control político le disputan la oligarquía y la “burguesía modernizante” a la cúpula y oficialidad militar contrainsurgente y al crimen organizado. Las acciones de Arzú contra la “Red Moreno” y el “Grupo Salvavidas” en 1996 fueron expresión de esa disputa, truncadas al comprobarse que los principales beneficiados de esa red eran financistas del Partido de Avanzada Nacional (PAN), a través del cual Arzú llegó a la Presidencia de la República.
La función de ese Estado reconvertido es garantizar el desarrollo del capitalismo neoliberal y la expansión del capital transnacional en el país. Para ello, se mantienen las estructuras contrainsurgentes (sobre todo las de inteligencia) dirigidas a reprimir, en alianza con empresas y aparatos privados de inteligencia y seguridad, las manifestaciones de lucha contra el capitalismo neoliberal, el despojo y la transnacionalización de los recursos y bienes públicos.
La crisis política desatada a raíz de la desarticulación de una parte de estas redes criminales, es expresión de la profunda crisis estructural en la que se encuentra inmerso el Estado neoliberal-mafioso, controlado por grandes grupos corporativos y el crimen organizado; es manifestación de la lucha entre los grupos de poder que lo controlan. Profundiza la crisis del capitalismo neoliberal en Guatemala, derivado de sus efectos desastrosos y las movilizaciones populares contra este modelo depredador, que aumentan día a día.
La clave está en cómo resolverla. Hasta ahora se han revelado con claridad dos propuestas: una “salida controlada” por la clase dominante en alianza con los EE.UU., y una salida que permita por lo menos sanear y democratizar el Estado y sus instituciones. Sin embargo, en el horizonte comienza a atisbarse la demanda por una refundación radical del Estado, expresada por un sujeto social interétnico e interclasista que consolida sus rasgos en la actual coyuntura.
Con la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y la posterior designación de Alejandro Maldonado Aguirre al cargo (un personaje con pasado oscuro, del derechista y desaparecido MLN, vinculado con escuadrones de la muerte en los años de 1960-1970), se busca imponer la “salida controlada” por la Embajada de Estados Unidos y el CACIF. En esta salida a la crisis la CICIG ha jugado un papel vital desde la revelación de La Línea. Esta maniobra tiene el propósito fundamental de garantizar la continuidad del proyecto neoliberal y la hegemonía y dominación de la burguesía, la cúpula militar y EE.UU.
La otra propuesta plantea el saneamiento de las instituciones, incluidos los partidos políticos, además de la exigencia de enjuiciar a todos aquellos vinculados a esas estructuras criminales; se centra en la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, dentro de los parámetros actuales. Entre estas dos propuestas hay un abanico de planteamientos que se acercan o alejan de la demanda de refundación radical del Estado.
Desde nuestra perspectiva, ninguna de las dos primeras salidas a la crisis es la solución a los grandes problemas del país. Por una parte, la “salida controlada” sólo garantiza la continuidad del proyecto neoliberal, de los grandes negocios, del despojo de los bienes y recursos públicos y de las comunidades; asegura el control del Estado por el poder económico tradicional, el emergente y las mafias. Por otra, la segunda propuesta se reduce al saneamiento institucional, a la reforma de las reglas del juego político y de la Constitución.
El Partido Guatemalteco del Trabajo manifiesta su apoyo incondicional a las amplias movilizaciones ciudadanas protagonizadas por las capas medias urbanas de la ciudad capital y de varios departamentos y las importantes movilizaciones que han protagonizado asimismo el movimiento campesino, indígena y popular; a las demandas que buscan sanear las instituciones, reformar el Estado y enjuiciar a todos los implicados en las estructuras criminales conformadas por empresarios, políticos, funcionarios públicos, oficiales y ex oficiales del ejército reinsertados en toda la institucionalidad civil del Estado durante el actual gobierno, expresión política contemporánea del militarismo contrainsurgente.
Al mismo tiempo, el PGT plantea la necesidad de profundizar estas movilizaciones; convertirlas en un amplio movimiento popular, de la ciudad y el campo, de trabajadores y trabajadoras, de comunidades y pueblos, empleados, estudiantes de todos los niveles, pobladores y capas medias. Esta coyuntura abre la posibilidad de promover paralelamente una profunda revisión y erradicación de las prácticas corruptas y perversas que han contaminado a parte del movimiento sindical, campesino y popular, y a la izquierda electoral misma.
Asimismo, propone hacer de esta crisis un punto de inflexión y luchar por que se adopten medidas que encaminen al país hacia una profunda transformación del Estado, así como al impulso de un modelo de desarrollo que favorezca a la población que hasta ahora ha sido excluida. En ese sentido, nuestras demandas deben encaminarse a:
1. La desmilitarización del Estado, la desarticulación total de todas las estructuras criminales dentro de éste, desde lo nacional hasta lo municipal y local, el encausamiento judicial de sus miembros (empresarios, políticos, militares y ex militares, funcionarios públicos y abogados) y el desmantelamiento de los mecanismos estructurales de la corrupción.
2. El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo, dirigentes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios de la lucha de resistencia y defensa del territorio.
3. La suspensión de las elecciones generales y aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que garantice: a) la participación en condiciones de equidad de las mujeres y de los pueblos mayas, xinca y garífuna con candidaturas definidas de acuerdo a su condición de género y a sus propias normativas, independientes de los partidos políticos; b) el cambio de las actuales circunscripciones electorales por otras que tengan en cuenta las territorialidades de los pueblos mayas, garífuna y xinca para garantizar su representación; c) la prohibición del financiamiento privado a los partidos políticos y establecer mecanismos fiscalizadores eficaces; d) el reforzamiento de la capacidad coercitiva del TSE en relación a delitos e infracciones en materia electoral.
4. La renuncia del Ejecutivo en pleno y el establecimiento de un gobierno de transición, emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas.
5. La convocatoria a una Asamblea Nacional Popular Constituyente que impulse el proceso de refundación del Estado, a fin de construir uno social y plurinacional, democrático y participativo, anti patriarcal, respetuoso de la naturaleza y que garantice la libre autodeterminación de los pueblos que lo integren.
5. La derogación de toda la legislación lesiva que posibilita la entrega de los bienes y recursos públicos y de las comunidades, y que lesiona los intereses de la clase trabajadora, comunidades, pueblos indígenas y mestizos. Asimismo, suspensión del Congreso de la República.
Finalmente, el PGT llama a los trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, empleados, estudiantes, profesionales, capas medias urbanas y pueblo en general, a redoblar e intensificar la lucha por sus demandas específicas, a sumarse e impulsar la lucha política frente a la crisis.
Por Guatemala, la revolución y el socialismo
Partido Guatemalteco del Trabajo
Guatemala, mayo de 2015
http://partidocomunistadeguatemala.blogspot.com/
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