ANTE LA OLEADA DE AGRESIONES Y AMENAZAS CONTRA EL MOVIMIENTO QUE RECLAMA LA DEPURACIÓN DEL ESTADO

DESARTICULAR CIACS QUE ATENTAN CONTRA MOVIMIENTO SOCIAL

ANTE LA OLEADA DE AGRESIONES Y AMENAZAS CONTRA EL MOVIMIENTO QUE RECLAMA LA DEPURACIÓN DEL ESTADO, LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS, EXPONE:

1. En la medida que nuevas estructuras criminales de corrupción son desveladas, la demanda ciudadana ha crecido a exigir la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, ante cuyas narices y muy probablemente con su participación directa, tuvieron lugar las acciones de robo de los recursos del Estado para enriquecimiento de los integrantes del gobierno y e empresarios ligados al mismo.

2. En su afán de sostenerse, el sistema de partidos políticos, creador del esquema perverso que ha llevado a la crisis existencial de la democracia, hace oídos sordos a los reclamos y con ello, alimenta a los grupos ilegales que buscan impedir la continuidad de las movilizaciones. Situación que se agrava con el manejo sin control de los servicios de seguridad.

3. De tal suerte que se han producido ataques y amenazas típicas de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), en contra de dirigentes y líderes sociales y políticos. Entre estos, destacan por su gravedad:
• La instalación de cámaras de reconocimiento biométrico y acción interrogadora de miembros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante las concentraciones frente al Palacio Nacional.
• Intimidación por parte de miembros de la SAAS y de la Policía Nacional Civil (PNC), al grupo de ciudadanos que permaneció encadenado a las puertas del Palacio Nacional por varios días.
• Desde estructuras de los partidos Patriota y LIDER, estímulo al discurso de odio contra participantes de las movilizaciones.
• En Huehuetenango, intimidaciones a dos liderezas del movimiento ‪#‎RenunciaYa‬, y amenazas a periodistas que investigan actos de corrupción.
• El incendio del local comercial del dirigente del movimiento VOS en Quetzaltenango.
• El uso de vehículos para intimidar y la presencia de gente armada, durante una de las concentraciones en Quetzaltenango, en los alrededores de donde se realizaba la movilización.
• Las amenazas de muerte contra el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, luego de que interpusiera las demandas judiciales que han dado lugar al proceso de antejuicio en contra de Otto Pérez Molina.
• Presencia amenazante de PNC en puntos de realización de la encuesta “Hagamoselparo.
• Secuestro por cinco horas del bus de comunitarios de San Juan Sacatepéquez a su retorno de la marcha del 13 de junio.
• Asesinato de dirigentes comunitarios como Pablo Pajarito Rompich en Quiché y Santiago Ramírez en Petén.
• Agresión a dos personas, por parte de la seguridad del partido LIDER, en Nebaj

4. El hecho más reciente es la amenaza de muerte por la vía telefónica, a la hija de Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez, “por estar en las protestas frente al Palacio”.
En virtud de estos hechos, la Convergencia por los Derechos Humanos:

1. Reitera su solidaridad con todas las personas víctimas de estos hechos de violencia que atentan contra las libertades y garantías que el marco jurídico vigente protege.
2. Exige al ejecutivo, en particular al Sistema Nacional de Seguridad, limitarse a ejercer las atribuciones que por ley le competen y no utilizar los recursos públicos para actividades ilegales de espionaje y persecución al liderazgo social.
3. Demanda al Ministerio Público (MP), las investigaciones necesarias para identificar a lo perpetradores de todos estos hechos y procesarlos conforme a la ley.
4. Requiere a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el registro e investigación de todos estos hechos, así como la emisión de las resoluciones que correspondan.
5. Solicita a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que conforme a su mandato, realice la investigación de estas estructuras y brinde el apoyo para el desmantelamiento de las mismas.
6. Llama a la sociedad guatemalteca a mantener su reclamo contra la impunidad y la corrupción y a continuar en el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos que la democracia protege.
Guatemala, 25 de junio de 2015