MIGUEL ANGEL ALBIZURES |
Todos
sabemos que en Guatemala se está librando una guerra contra la impunidad que
reina en el país, y contra la corrupción enraizada en las instituciones del
Estado. Quienes lo han hecho, y deben seguir haciéndolo, es el pueblo, el Ministerio
Público, la CICIG, el Organismo Judicial y los abogados probos que no integran
la clica de abogánster dedicados a corromper jueces.
Pero
eso, no lo pueden hacer con cascaritas de huevo ni con buenas intenciones, se
necesitan recursos económicos para poder ampliar su cobertura; tener la
infraestructura necesaria; profesionalizar fiscales y jueces, e incluso para
depurar sus instituciones, que han sido infestadas por el narco, el crimen
organizado y hasta por los “honorables” empresarios, que requieren favores para
evitar que les caiga el peso de la justicia.
Y el
dinero, como ya sabemos, no está en las arcas de la mayor parte de la
población, sino en las de unas pocas familias que siempre han dicho que no
pagan más impuestos porque se los roban. Más de la mitad de la población vive
en la pobreza, otro porcentaje en pobreza extrema y la niñez continúa
padeciendo y muriendo de desnutrición crónica, mientras, da grima saber que hay
familias, o sea empresarios, que facturan más de US$2 mil millones al año, que
evaden impuestos y se oponen a cualquier intento de aumentar la carga
tributaria. Entre dientes, han aplaudido a la CICIG y a la Fiscal General, pero
siguen pujando por un Estado débil y a su servicio, por eso no les ha gustado
que el jefe de la CICIG hable de un impuesto transitorio, que podría servir
para fortalecer el sistema de justicia y especialmente a la institución
encargada de la persecución penal, a la que este año le correspondían Q1,100
millones, y apenas le entregaron Q718 millones, es decir, sacrifican al
organismo que ha contribuido con los decomisos al narco a fortalecer las arcas
del Estado. El pueblo ha empezado a recuperar la confianza en el sistema de
justicia y aplaude los golpes que se han propinado a las estructuras
criminales, así como la actitud de los jueces, como Miguel Ángel Gálvez, quien
ha contribuido de forma invaluable, a fortalecer el sistema de justicia. Según
investigaciones publicadas, la fortuna acumulada por unas pocas familias
guatemaltecas pasa de los US$30 mil millones, y estas aumentan cada año, si
entre ellas se desprendieran, por lo menos de US$1 millardo, se podría
resolver en el año 2016, los serios problemas económicos del sistema de
justicia, de los hospitales, de la educación y hasta de la vivienda de las familias
afectadas por las lluvias, y si además, se gravara con el 50 por ciento a las
mineras y no se exonerara de impuestos a las empresas maquiladoras y otras
aprovechadas, otro gallo cantaría en las arcas nacionales.
http://elperiodico.com.gt/2015/11/12/opinion/justicia-vs-impunidad-y-corrupcion/
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