Las elecciones 2015 no lograron poner fin a la crisis política que ha sacudido al país desde abril del año pasado al revelarse la estructura criminal conocida como “La Línea”, por cuya implicación enfrentan proceso penal el ex presidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios ex funcionario del gobierno del Partido Patriota. La crisis continúa porque el modelo político y económico está agotado. Si bien la designación de un gobierno de “transición” encabezado por Alejandro Maldonado Aguirre, las elecciones y la asunción de las nuevas autoridades interrumpieron las multitudinarias movilizaciones ciudadanas, las causas de fondo continúan inalteradas: un Estado racista, patriarcal y un sistema político corruptos, capturados y dominados por las mafias y los intereses corporativos, y un modelo económico que concentra aún más la riqueza en una minoría y derrama más pobreza sobre la mayoría de la población.
La disputa por la hegemonía entre distintas facciones del poder económico, político y militar agudizadas en el contexto de la crisis política, no ha terminado con el inicio del nuevo período gubernamental. Es por ello que cuenta con el abierto respaldo del gobierno de los Estados Unidos.
La “estabilidad” política del país es una condición indispensable para la implementación del plan “Alianza para la prosperidad del triángulo norte de América Central”, que impulsa el gobierno estadounidense con el propósito de consolidar la hegemonía de Estados Unidos en la región, ante la creciente penetración de capitales chinos y rusos, el poder de los capitales mafias y el avance de las luchas populares.
El gobierno de Jimmy Morales no es ninguna garantía de transparencia. Junto a él están los grupos de poder que se benefician de la corrupción estructural, de los grandes negocios, del despojo, el expolio y de todo tipo de actividades criminales que, todas ellas, constituyen formas de acumulación de riqueza y enriquecimiento para unos pocos. Desde ya rechazamos cualquier medida gubernamental que afecte negativamente a nuestros pueblos y a nuestros bienes naturales.
El sistema sigue intacto. Nos sumamos a la exigencia de una nueva Asamblea Constituyente plurinacional y multisectorial, que debe finalmente garantizar el pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, de las mujeres, trabajadores y comunidades campesinas. Esta Asamblea Constituyente plurinacional y multisectorial tiene que sentar la base para un nuevo modelo económico y político orientado al bienestar de nuestros pueblos, y el Bien Común.
¡Estamos Aquí para seguir luchando!
¡Cero tolerancia a la represión, injusticia, explotación, discriminación, racismo, patriarcado y depredación de nuestros territorios de parte de las Empresas Transnacionales!
Guatemala, 16 enero de 2016.
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