NO PODRÀN CALLARNOS. Por eso los responsabilizamos públicamente de cualquier atentado en contra de quienes clamamos por la justicia.

MIGUEL ANGEL ALBIZURES
Frente a la Torre de Tribunales y otros lugares, los familiares de los militares detenidos y los miembros de Avemilgua y de la Fundación contra el Terrorismo, estuvieron distribuyendo un volante en el que nos acusan, a Frank LaRue, Iduvina Hernández y a quien esto escribe, de terroristas, se escudan en el anonimato tal como lo hicieron en un comunicado en el que aparecen con el nombre “Movimiento Civil Republicano Anticomunista” que distribuyeron antes de este panfleto y en el que nos mencionan a 11 personas miembros de organizaciones populares, entre ellas a la magistrada Yassmin Barrrios y a la exfiscal general Claudia Paz y Paz a quienes odian a muerte, y todo, porque a sus compinches les han aplicado la ley.

No es raro este proceder, ya lo hicieron en 1954 los que tenían el sello de anticomunistas en la frente, inventando diversos nombres y así lo hicieron a finales de los años setenta en nombre del ESA que según decían no era “Ejército Secreto Anticomunista” sino “Ejército de Sandoval Alarcón”, que lanzó un comunicado en 1978 en el que a varios nos condenaban a muerte, incluyendo a Oliverio Castañeda de León asesinado en pleno centro de la ciudad al finalizar la marcha de conmemoración 20 de octubre de 1978.

El objetivo que persiguen, como lo declararon militares en un canal de televisión en el que les entrevistaron, es lograr una ley de punto final y de paso meternos miedo y callarnos para que no opinemos sobre los hechos del pasado y la necesidad de que funcione el sistema de justicia en forma independiente y sin aceptar presiones de ninguna naturaleza. Lo que sigue estando claro es que, como siempre, no les da vergüenza falsear la historia, tergiversar los hechos, negar los crímenes contra la población civil y presentarse como los salvadores de la patria, como los héroes por haber arrasado y desaparecido del mapa aldeas completas. El caso de las osamentas encontradas en terrenos militares de Cobán o de Comalapa, en donde se encontraron los restos de dirigentes sociales detenidos en la capital o en los municipios, no se pueden negar y debe dejarse en manos de la justicia su esclarecimiento. El caso del sindicalista Samuel Villatoro es un ejemplo de ello, secuestrado el 30 de enero de 1984 en la colonia Primero de Julio e identificados sus restos en un cementerio clandestino en terrenos militares de Comalapa, Chimaltenango.

Mientras vivamos, no nos van a callar, pero como todos saben, los dinos están heridos y amenazantes, y por eso los responsabilizamos públicamente de cualquier atentado en contra de quienes clamamos por la justicia y exigimos el derecho a expresarnos libremente.

http://elperiodico.com.gt/2016/01/21/opinion/no-podran-callarnos/