LOS B’OQ’OL Q’ESAL TENAM NAAB’A’, T’XAUL Y K’USAL AUTORIDADES DE LAS ALCALDÍAS INDÍGENAS DE NEBAJ, CHAJUL Y COTZAL DE LA REGIÓN IXIL, EL QUICHÉ
AL PUEBLO DE GUATEMALA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
MANIFESTAMOS
1. Nuestro rechazo e indignación a las acciones de los partidos políticos y sus candidatos que están formando parte de la coalición del pacto de corruptos, que están contribuyendo a continuar socavando el ya débil y desgastado Estado Constitucional de Derecho y la democracia en Guatemala. Nos hemos podido dar cuenta que no se trata de simplemente no querer aceptar la derrota en las urnas, se trata de que el pacto de corruptos, utilizando partidos y funcionarios del sector justicia como títeres, para ejecutar un golpe de Estado. También reprochamos a los candidatos perdedores por no reconocer su derrota y guardar silencio cómplice ante todos estos ataques al proceso electoral. Acepten que el pueblo no los eligió.
2. Que, por sus acciones abusivas y violatorias a la Constitución y las leyes del país, exigimos la renuncia de la señora María Consuelo Porras Argueta, el señor José Rafael Curruchiche que son dos monigotes utilizados desde el Ministerio Público para atentar contra el Estado de Derecho. Igualmente denunciamos públicamente las artimañas del señor Alejandro Giammattei Falla y su camarilla de nefastos funcionarios y cómplices del pacto de Corruptos, que junto a la Presidenta del Organismo Judicial Silvia Patricia Valdez Quezada, el señor Fredy Orellana, Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por participar y proteger los intereses de poderes oscuros que pretenden mediante mecanismos aparentemente legales no respetar la voluntad del pueblo de Guatemala expresado en las urnas electorales el pasado 25 de junio del año 2023.
4. También denunciamos la cobardía de los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad de no querer resolver y reconocer taxativamente el abuso y la ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución del mencionado Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala, al suspender la personalidad jurídica de una de las dos organizaciones políticas que se verán en la segunda vuelta electoral, en un afán de violentar el voto popular; y tampoco reconocer taxativamente la competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral en esta materia.
5. Exigimos a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, garantizar a los guatemaltecos su derecho a elegir a sus gobernantes en un ambiente democrático y de respeto a la Ley, ejerciendo su competencia con honestidad y contundencia.
6. Comprendemos que el principio de independencia judicial y de legalidad no debe interpretarse a favor del pacto de corruptos. No son los medios de comunicación los que señalan al Juez Orellana Letona, es el pueblo de Guatemala que entiende que la ley está para proteger al ciudadano del ejercicio abusivo del poder.
7. Denunciamos como golpistas en contra del Estado de Guatemala a:
a. José Rafael Curruchiche, Fiscal de la FECI, quien, además, es una vergüenza para los pueblos indígenas.
b. Fredy Raúl Orellana Letona, Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
c. María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público.
d. Cintia Monterroso, Fiscal de la FECI.
e. Silvia Patricia Valdez Quezada, presidenta de facto del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.
f. Alejandro Giammattei Falla, actual presidente y cabeza visible del pacto de corruptos. Y todos aquellos funcionarios, empleados públicos, jueces y magistrados que sirven de monigotes para ejecutar el golpe del Estado contra el pueblo de Guatemala.
8. No nos van engañar, sabemos perfectamente que el pacto de corruptos quiere permanecer en el poder y para ello quieren dar un golpe de estado con la aparente interpretación antojadiza de la ley y garantizar de esa manera su impunidad.
9. Pedimos a los magistrados de las diferentes Cortes de justicia, a funcionarios y empleados públicos honestos a denunciar estos hechos de violación de voluntad soberana del pueblo y a defender nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades, y rechazar cualquier orden ilegal.
10. Así mismo, pedimos a la comunidad internacional mantener su acompañamiento en nuestro débil proceso democrático y acudir a la vía diplomática en resguardo de la voluntad soberana del pueblo de Guatemala y que reconozcan que el soberano es el pueblo de Guatemala que en el presente caso ha expresado su voluntad en el proceso electoral en marcha y no necesariamente los representantes a quienes se delega ese ejercicio de manera temporal y no pueden alegar ser propietarios de dicha soberanía.
Territorio ixil, 15 de julio del año 2023.
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