Opinión:
Memoria, verdad y justicia (y -V-)
El Estado un gigantesco criminal.
Miguel Ángel Albizures
Corría el sangriento año de 1978, y en la concha acústica del Parque Centenario había finalizado la marcha del 20 de Octubre y el joven de 23 años, Oliverio Castañeda de León, fue acribillado a tiros en pleno centro de la ciudad. Pocos días después desaparecía Antonio Ciani, otro joven dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Cientos de profesionales y estudiantes universitarios y de educación media fueron asesinados. El 12 de diciembre de ese mismo año fue asesinado Pedro Quevedo, dirigente del sindicato de la Coca Cola; después se desató la persecución y muerte de innumerables sindicalistas, hombres y mujeres de las diferentes centrales obreras, pero también de estudiantes y profesionales. Para decirlo con palabras de Carlos Figueroa Ibarra, cuyos padres fueron asesinados, “el Estado actuó como un gigantesco criminal”.
Un día antes de la manifestación del primero de mayo de 1980, la sede de la CNT, fue allanada, y el 1 de mayo, más de 36 trabajadores y estudiantes fueron secuestrados, veintiocho cadáveres con muestras de tortura aparecieron dos días después. El 21 de junio, nuevamente la sede de la CNT fue allanada, 27 sindicalistas fueron detenidos desaparecidos y el 24 de agosto fueron 17 del local de Emaús Escuintla. Llenaríamos varias páginas del periódico con la lista de detenidos desaparecidos y un diario completo no alcanza para relatar los asesinatos durante los gobiernos de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores.
Eran las 8:45 del 14 de julio de 1980, cuando los estudiantes bajaban de los buses frente a la rectoría de la Usac, fueron ametrallados por hombres armados. El saldo 8 muertos y más de cuarenta heridos. Era el 7 de diciembre de 1982, los kaibiles llegaron al parcelamiento Las Dos Erres y 67 niños, entre uno y doce años, fueron arrojados a un pozo –quizás todos eran comunistas– después fueron asesinados sus padres y lanzados al pozo de la vergüenza. En el corto tiempo que Ríos Montt gobernó el país se dieron más de 400 masacres en el campo y continuaron las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de activistas sociales, políticos y profesionales.
Nadie ha acudido a los tribunales por las muertes en combate, sino por el genocidio, por eso que se llama crímenes de lesa humanidad. Otros países han derogado las leyes de punto final y han refundido en la cárcel a los responsables de atrocidades cometidas. Brasil, anunció la creación de la Comisión de la Verdad y de plano, después derogará las leyes de amnistía que se recetaron los militares. Memoria, verdad y justicia son las bases para lograr avanzar en la democratización del país. La amnesia la combatiremos con la justicia.
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