El día 9 de enero a las 5 de la mañana fuerzas federales desalojaron a las familias de guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, violando con esto sus derechos humanos. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
En el operativo participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Se tiene conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.
Antecedentes:
El 23 de agosto, la comunidad de Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la Policía Nacional. No recibió notificación previa del desalojo, ni tampoco un alojamiento alternativo. Las autoridades alegan que la comunidad tenía que ser desalojada de esas tierras porque se trata de una zona de protección medioambiental. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas.
A consecuencia del desalojo, los 300 habitantes de la comunidad, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco.
Las negociaciones entre la comunidad y el gobierno guatemalteco han progresado lentamente. El gobierno, hasta ahora, ha ofrecido a la comunidad unas tierras mucho más pequeñas, y se ha negado a otorgarle indemnización por las tierras y los bienes perdidos.
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