JUSTICIA RETRASADA DURANTE 30 AÑOS ENGUATEMALA

 

(Sitio de la masacre, el 13 de marzo de 1982, de 177 mujeres y ninos de la aldea de Rio Negro. Era una de las 4 masacres grandes en contra de pobladores de Rio Negro, matando un total de unos 440 miembros de la comunidad en 1982. Foto: Grahame Russell)

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JUSTICIA RETRASADA DURANTE 30 AÑOS ENGUATEMALA:

Más de 440 hombres, mujeres y niños fueron masacrados para dejar paso a la represa hidroeléctrica Chixoy – un proyecto del Banco Mundial y del BID

por Lauren Carasik y Grahame Russell

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/20121394150158844.html

Springfield, Massachusetts – En la mañana del 13 de marzo, 1982, Jesús Tecu Osorio, un huérfano de 10 años de edad, se despertó en su aldea rural Maya Achi, Río Negro, Guatemala, con el peso abrumador de satisfacer las necesidades básicas de su propia supervivencia y la de sus hermanos. Un mes antes, sus padres, con 70 otros aldeanos de Río Negro, fueron asesinados por soldados del ejercito y las Patrullas de Autodefensa Civil guatemaltecos de la aldea vecina, Xococ.

Al terminar este día horroroso, Jesús había sido testigo de la masacre brutal de 177 mujeres y niños. Jesús fue "dispensado" para servir como esclavo domestico de un patrullero que había masacrado a su comunidad, incluso a su hermano de 2 años, quien fue jalado de sus brazos, estrangulado y tirado por unas rocas, mientras Jesús miraba horrorizado.

En 1982, más de 440 hombres, mujeres y niños de Rió Negro fueron asesinatos, principalmente para dejar libre paso a la hidroeléctrica Chixoy, un proyecto del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Las masacres de Rió Negro figuran entre los centenares de masacres realizadas en el conflicto interno en Guatemala. La mayoría de los más de 200,000 guatemaltecos matados o desaparecidos por los regimenes militares fueron civiles mayas desarmados. La Comisión de Verdad patrocinada por la ONU concluyó que en algunas regiones mayas, incluso en el área de la hidroeléctrica Chixoy, el gobierno guatemalteco cometió genocidio.

Las masacres de Rió Negro son emblemáticas de las fuerzas que dejaron a los civiles guatemaltecos a la merced de su oligarquía atrincherada y su poderoso ejercito (que recibió su capacitación en técnicas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas) y una variedad de actores externos, incluso gobiernos de naciones adineradas, empresas multinacionales y instituciones financieras internacionales.

LA RESISTENCIA ES INUTIL
El Banco Mundial y el BID son instituciones de desarrollo constituidas que invierten en proyectos para fomentar el crecimiento económico en el sur global. Entre 1975 y1985, el Banco Mundial y el BID prestaron US $292m a regimenes militares respaldados por el Occidente con fines de financiar la hidroeléctrica Chixoy. El Banco Mundial y el BID, congruente con sus protocolos de operación, designaron a personal para gestionar y supervisar el proyecto, a tiempo completo.

Los EEUU poseen el porcentaje más elevado de las acciones del Banco Mundial, más de 16 por ciento, y combinado con las acciones detentadas por Europa occidental y Japón (que votan de manera habitual con los EEUU) constituyen la mayoría de los votos. Dada esta alocación de poder, las políticas reflejan a menudo las prioridades de los países más adinerados y no necesariamente las políticas apoyadas por las comunidades pobres, supuestamente beneficiarias de los proyectos.

Entre las 32 comunidades a lo largo del río destinadas a ser afectadas por el proyecto, la aldea de Rió Negro se opuso lo mas vigorosamente, unaresistencia de principios por la cual pagaron un precio excesivo. Impaciente con intentos fallidos de amenazar y intimidar a los aldeanos para que se vayan, el régimen adoptó una estrategia brutalmente eficaz para reubicarlos – vaciar la comunidad utilizando masacres sistemáticas de los pobladores.

Antes del año 1977, Amnistía Internacional empezó a producir informes sobre los abusos sistemáticos de los derechos humanos en Guatemala. Luego, la ONU y la Organización de los Estados Americanos y muchas organizaciones no gubermentales documentaron que el Estado guatemalteco estaba cometiendo atrocidades relacionadas con la hidroeléctrica Chixoy, muchos años antes de que se acabara el proyecto.

A pesar de la evidencia creíble de abusos flagrantes de derechos humanos, los bancos mantuvieron su apoyo incondicional al proyecto. El Banco Mundial hizo su inversión final en el proyecto en el año 1985, muchos años después de la masacre que silenció la aldea de Rió Negro. A lo mejor, los bancos se quedaron obstinada y conscientemente ciegos ante la represión estatal, antes, durante y después del proyecto; a lo peor, se hicieron cómplices de las atrocidades.

JUSTICIA PARA JESUS?
El trigésimo aniversario de la masacre de Rió Negro se acerca, pero todavía no hay justicia para los victimas y sobrevivientes de aquellas atrocidades; no resarcimiento para la destrucción de comunidades, ni resarcimiento para la perdida de artefactos culturales, residencias, propiedades y medios de vida. La justicia sigue siendo inalcanzable para aquellos victimas, mientras los autores de los abusos gocen de la impunidad que prevalece en el país.

Hoy, las comunidades dañadas por la hidroeléctrica Chixoy, rió abajo y rió arriba de la construcción de la represa, subsisten en condiciones variables de pobreza, violencia y impunidad que resulten directamente o indirectamente de los desalojos forzosos, perdida de tierras ancestrales y de su moda de vida riparia, separación del apoyo comunitario tradicional y acceso inadecuado al agua por la construcción del proyecto Chixoy. El daño ambiental sigue sin restricción.

Después de décadas de lucha para la justicia, se relanzó una petición que busque resarcimiento justo de parte del Banco Mundial y del BID para los afectados de Rió Negro (y demas comunidades afectadas) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión se negó sumariamente a recibir la petición. Recientemente se interpuso una apelación. El ultraje moral de la comunidad internacional sobre el papel de actores financieros internacionales en la masacre de Rió Negro y la demanda de justicia llegan con demasiado retraso.

Para responder a las críticas significativas que recibió el Banco Mundial por el impacto deletéreo al medio ambiente y a la sociedad causado por la construcción de grandes represas hidroeléctricas en los años 1990s, incluso las atrocidades relacionadas con la hidroeléctrica Chixoy, el Banco se retrocedió de estos proyectos. Sin embargo, recientemente el Banco Mundial puso en conocimiento público una nueva política para aumentar su compromiso de financiar proyectos hidroeléctricos.

A pesar de su historia de abusos de derechos humanos y desplazamientos forzados y mal gestionados en las áreas de sus proyectos hidroeléctricos, el Banco Mundial sostiene que su Convenio Constitutivo, que fue promulgado anteriormente a los varios instrumentos de derechos humanos, por lo tanto no conlleva exigencia de consideración de derechos humanos en la toma de decisiones de financiamiento.

Presentemente, el Banco Mundial está revisando su política de salvaguardas. El proceso de reasentamiento le provee al banco la oportunidad de adaptar un acercamiento basado en los derechos humanos para asegurar de que sus proyectos futuros cumplan con las normas de derecho internacional. Hay que tratar con sumo cuidado decisiones que afectan comunidades tribales que siguen amenazadas por proyectos hidroeléctricos, incluso proyectos en Brasil, Perú, Guyana, Etiopía y Malasia. La ley internacional exige que estos proyectos sean acompañados de procedimientos que garanticen participación, consentimiento informado y protección a las comunidades afectadas por la construcción de alguna represa hidroeléctrica.

Hay que responsabilizar al Banco Mundial con respecto a la realización de su misión fundamental: la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible para las comunidades marginalizadas. Es cuestión de justicia – el Banco Mundial y el BID deberían aceptar sus responsabilidades y proveer su parte de resarcimiento a las  comunidades irreparablemente dañados por el proyecto hidroeléctrico Chixoy, dado que los dos bancos contribuyeron mayormente al financiamiento del proyecto. Además, los bancos deberían desarrollar salvaguardas que aseguren de que todos los proyectos futuros cumplan con su misión y con las normas internacionales de derechos humanos.

Jesús Teca Osorio y los hijos que el está decidido de criar cerca de Rió Negro, su anteriormente floreciente comunidad ancestral, merecen nada menos.

[Lauren Carasik es Profesora de Jurídica Clínica y Directora de la International Human Rights Clinic y Legal Services Clinic, Western New England University School of Law. Grahame Russell es abogado especialista en derechos humanos y co-director de Derechos en Acción, una ONGamericana y canadiense que se dedica al  desarrollo comunitario y al trabajo ambiental y de derechos humanos en América Central. Las opiniones expresadas en este articulo son de los autores y no reflejan necesariamente la política editorial de Al Jazeera.]

[Este articulo fue traducido por Rosalind Gill, de parte de Derechos en Accion.]

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MAS INFORMACION EN GUATEMALA:

COCAHICH (Comité de Comunidades Afectadas por la Represa Chixoy)

Juan de Dios Garcia, adivima@yahoo.com

Carlos Chen, c.chenachi@yahoo.es

EN CANADA y los EE.UU.

Grahame Russell, info@rightsaction.org

Lauren Carasik, lcarasik@law.wne.edu

Con el Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y el International Human Rights Clinic, Western New England University School of Law, Derechos en Acción ha formulado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que responsabilice al Banco Mundial y al BID de los daños y las violaciones causados por el debacle del proyecto Chixoy.  Para obtener más información sobre esta campana de reparaciones: info@rightsaction.org.

ESCRIBIR AL BANCO MUNDIAL Y AL BANCO INTERAMERICNO DE DESARROLLO
Favor de difundir copias de este articulo; insistir en que tomen la medidas necesarias para asegurar de que junto con el Gobierno de Guatemala financien y apoyen un plan comprehensivo de resarcimiento.

Robert Zoellick
President, World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433

Luis Alberto Moreno
President, Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577