Opinión:
Derechos relegados
Miguel Ángel Albizures
El derecho a la tierra es como el derecho a la vida y ambos están seriamente cuestionados en el país. Se reprime o desaloja violentamente a cientos de familias de las comunidades asentadas en regiones en donde está el petróleo, el oro, la plata y otros minerales. Lo mismo sucede en donde a los sectores económicamente poderosos y a las grandes transnacionales les interesa que el Gobierno, con los recursos del Estado, eche adelante los megaproyectos para beneficio de unos cuantos y la muerte lenta para millares de familias. Todo en aras del “desarrollo”.La vida sigue sin valer un centavo. Cualquier persona, en cualquier barrio o zona de la capital, puede ser atravesada por una bala dirigida si se encuentra en el lugar donde se produce un enfrentamiento o robo de cualquier clase, o dirigida a ella por un sicario al que le untaron la mano o por cualquiera de los agentes contratados para hacer la “limpieza social”.
Las comunidades de Petén lo siguen sufriendo en carne propia, pues los elementos del “batallón verde” ubicados estratégicamente en la Laguna del Tigre, son una real amenaza para las comunidades para quienes sí rige el Estado de Sitio, pues no solo los registran para salir y llegar a sus comunidades, sino les prohíben pasar con herramientas de trabajo tales como machetes, limas, veneno para fumigar sus siembras, clavos o alambre y hasta muebles para su hogar. Es decir, soldados al servicio de la petrolera. No hace mucho, toda una comunidad tuvo que refugiarse en México en donde también han sido víctimas, pero no han podido volver a sus tierras, ni se les garantiza la supervivencia. Pero lo mismo ha sucedido en Cahabón o en toda la región del Polochic. La palma africana, la ganadería, el petróleo es primero y no importa cuántas vidas humanas se pierdan.
Como bien lo señalan los campesinos, Petén es “tierra de desplazados y despojados”. Antes fueron masacres, ahora desalojos, monocultivos, megaproyectos, militarización, exploración y explotación de nuevos pozos petroleros a los que se da preferencia, relegando el derecho a la tierra y a la vida, porque importa poco a quienes dirigen el Estado y, por supuesto, a quienes se benefician del “desarrollo”. Algunos medios de comunicación y columnistas que sirven a esos intereses, ya no dicen campesinos, sino terroristas porque tienen que justificar la represión que está estremeciendo al agro.
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