Las comunidades en resistencia del frente norte metropolitano
manifestamos:
1. Que existen rumores que un desalojo
se está planificando hacia los pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del
Golfo que permanecen a inmediaciones de las instalaciones del proyecto Minero
Progreso VII Derivada (La Puya), ejerciendo su derecho constitucional enunciado
en el ARTICULO 45 que
dice “Es legítima la resistencia del
pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en
la Constitución.”
2. La población en resistencia pacífica ejerciendo
su derecho de petición, se ha pronunciado públicamente ante las autoridades
municipales y nacionales, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente,
la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Congreso de la República y otras
instancias, mediante entrega de comunicados, conferencias de prensa, manifiestos,
declaraciones en los medios de comunicación y la solicitud formal al presiente
de la república en los puntos a tratar al concluir la Marcha Indígena y Campesina
en marzo pasado, en el sentido de suspender las licencias mineras hasta no
realizar las debidas consultas a los vecinos de los municipios afatados, tal y
como lo exige el código Municipal y el Convenio 169 de la OIT.
3. De manera oportuna se planteo a la comisión de seguimiento a las demandas presentadas el 27 de abril, al ejecutivo, que en relación
a proyectos mineros, como el cuestionado por las poblaciones de San Pedro
Ayampuc y San José del Golfo, que fueron autorizados por el Gobierno anterior
presidido por Álvaro Colon, sin la debida información y consentimiento de las comunidades
afectadas, llegado a otorgar licencias con grandes irregularidades, aceptando
por buenos Estudios de Impacto Ambiental y expedientes, obscuros, mediocres e
incompletos (un
ejemplo es que la licencia del Proyecto Progreso VII derivado que entre otras
aberraciones, fue aprobada por Selvin Morales en su calidad de director general
de minería, quien actualmente se ostenta el cargo de representante de la Empresa
Exmingua titular de la misma licencia).
4. Estos vacios ponen en peligro las actividades
productivas y la vida de la población. De esa cuenta estas licencias se constituyen
en lesivas para el país.
5. Recordamos que las consultas comunitarias y de
vecinos fueron concebidas y se han constituido en instrumentos de expresión
democrática y de participación ciudadana, han sido debidamente legitimadas por
la población y nos está siendo negadas en este momento, por lo que debe
atenderse esta demanda antes de dar seguimiento a cualquier proyecto minero.
6. La resistencia pacífica está siendo
ejercida por hombres, mujeres niños y niñas, católicos, evangélicos, laicos, población
indígena y campesina, comerciantes, agricultores e intelectuales que en ningún momento
fueron consultados y que identifican con claridad los riesgos que la actividad minera representan
para sostener una vida digna.
La Puya, San Pedro Ayampuc, 30 de
mayo de 2012
Luchamos
por la vida, la Paz y las futuras generaciones
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