GUATEMALA.- ¡Por una Asamblea Nacional Constituyente, libre y democrática, que reorganice Guatemala a favor de los pobres!
DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
PEREZ
MOLINA QUIERE IMPONER REFORMAS CONSTITUCIONALES DESDE
ARRIBA:
¡POR
UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LIBRE Y DEMOCRATICA,
QUE REORGANICE GUATEMALA A FAVOR DE LOS
OPRIMIDOS!
A finales de mayo el
presidente Otto Pérez Molina anunció un plan
de “modernización del Estado”, que
incluiría reformas a la Constitución
Política de la República de Guatemala. Esta es
una de las inesperadas maniobras que en cinco meses de
gestión ha implementado el gobierno del derechista
Partido Patriota (PP) y con las cuales ha
sorprendido a muchos sectores
sociales.
Desde que el ex general
Pérez Molina se perfiló como el posible
ganador en las pasadas elecciones de 2011, casi toda la
izquierda y las organizaciones sociales dieron la voz de
alarma, anticipando el retorno a los peores años de
la represión de los gobiernos militares y la guerra
interna. Una buena parte los grupos políticos que se
reivindican como progresistas, democráticos y de
izquierda no dudaron en apoyar en la segunda vuelta
electoral al también derechista y demagogo Manuel
Baldizón, candidato que representaba sectores
burgueses emergentes, ligados a manejos corruptos en las
municipalidades del interior y al narcotráfico,
adoptando la reaccionaria postura de aceptar el “mal
menor”, o incluso atribuyéndole cualidades
democráticas que está muy lejos de
tener.
Con el triunfo electoral del
PP, retomaron el manejo del Estado y el acceso a las
decisiones de gobierno los grupos más conservadores
de la burguesía, los grandes grupos corporativos y
los grupos oligárquicos ligados al agro. A la par,
sectores burgueses ascendentes ligados al ejército y
los negocios vinculados a éste, accedieron al
control directo del gobierno, impulsados por la promesa de
aplicar mano dura contra la delincuencia y el crimen
organizado, que se han convertido en un grave flagelo para
la población. El trauma sufrido por la izquierda y
las organizaciones populares guatemaltecas a causa de las
salvajes masacres perpetradas por el ejército
durante 36 años de conflicto armado interno, hicieron
temer lo peor ante la llegada al gobierno de ex militares
vinculados a las matanzas y el
genocidio.
Sin embargo, como siempre, la
realidad ha resultado ser más compleja y rica que los
análisis unilaterales y
simplistas.
La demagógica
política de negociación del gobierno del
PP
Los individuos no
actúan impelidos solamente por sus
características e inclinaciones personales, sino
condicionados por el entorno social, político y
económico, que se expresa en coyunturas
específicas. En términos generales, la
experiencia histórica nos indica que una
represión violenta generalizada contra las clases
oprimidas en su conjunto es provocada por el temor de las
clases gobernantes, ante un ascenso igualmente generalizado
de las luchas populares. Es la lucha final por el
poder.
En Guatemala no existe
todavía una situación revolucionaria que
obligue al Ejército a frenar violentamente el
ascenso y radicalización de las masas. En la actual
coyuntura tenemos un ascenso lento y desigual de sectores
de masas, especialmente en el campo, con luchas sectoriales
limitadas en el sector urbano, luchas dispersas e intentos
unitarios que marchan con
dificultad.
Es por ello que el gobierno de
Pérez Molina se ha centrado, en esta primera fase,
en aparecer como un gobernante conciliador, priorizando una
políticas de negociaciones y diálogos con los
sectores que pasan a luchar directamente en las calles,
enarbolando siempre su promesa de combatir al crimen
organizado y la delincuencia, tocando un tema tan sensible
para el ciudadano común, pero al mismo tiempo trata
de cumplir la agenda de la gran burguesía,
favoreciendo el clima de inversiones en energía,
agroindustria, minería, actividad maquilera y mega
proyectos basados en alianzas
público-privadas.
Para crear el ambiente
propicio para los negocios de los capitalistas nacionales y
extranjeros, el gobierno trata de garantizar cierta
“paz social” haciendo suyos,
transformándolos, los programas asistenciales del
gobierno anterior. Además, el presidente se ha
presentado como un funcionario abierto al diálogo,
la concertación y la negociación con los
sindicatos y organizaciones
populares.
De esta manera logró un
acuerdo con los principales sindicatos de trabajadores de
la salud, que hasta la fecha ha llevado a una relativa y
precaria estabilidad a este explosivo sector que estuvo al
frente de las luchas durante el gobierno pasado. La
dirigencia del magisterio, después de una breve
demostración de fuerza a inicios de la gestión
de Pérez Molina, se ha plegado totalmente al
gobierno demostrando una vez más su vil
oportunismo.
La extrema pobreza en el campo
crea una ebullición social permanente en la sociedad
Guatemalteca. Con el sector campesino el gobierno ha tenido
menos margen de maniobra, pues sus demandas afectan
directamente los intereses de la burguesía
agroindustrial y de la cúpula militar. Durante la
marcha de nueve días en marzo del año en
curso, Pérez Molina se mostró abierto al
diálogo, la marcha no fue reprimida e incluso en una
actitud demagógica acudió a su encuentro para
constatar las necesidades de los manifestantes. Sin
embargo, las negociaciones han llegado a un punto muerto
ante la actitud cerrada del gobierno en torno a reclamos
vitales. En este caso la táctica del presidente es de
sostener, una tras otra, reuniones de diálogo para
dar largas al tema. El nombramiento de dos funcionarios
encargados de un sistema de diálogo nacional es
expresión de esta
política.
La oligarquía quiere un
Estado más fuerte
Pero otra de las tareas del
nuevo gobierno es restaurar la autoridad del Estado en el
territorio nacional, deteriorada a causa del crimen
organizado y la debilidad del sistema de justicia. Ello ha
conducido a demostraciones de fuerza como el despliegue de
elementos del ejército durante el conflicto entre
los pobladores de El Regadío y el
terrateniente Pedro Brol, la implantación del Estado
de Sitio en Santa Cruz Barillas, la
represión contra el bloqueo realizado por estudiantes
de magisterio, la apertura de bases militares,
especialmente en zonas conflictivas como San Juan
Sacatepéquez, y la presencia del ejército en
operaciones de combate a la delincuencia y las bandas
criminales.
La burguesía ha sido
beneficiada con una reforma fiscal que apenas toca sus
intereses, la aceptación de un incremento voluntario
de las regalías que pagan las empresas mineras y el
anuncio de planes que facilitan la inversión,
basados en privilegios fiscales, la disminución del
salario mínimo y la aprobación de la
flexibilización laboral y el trabajo a tiempo
parcial, es decir en la sobre explotación de la mano
de obra. Estos planes se plantean metas utópicas
como la creación de 47 mil empleos anuales y un
crecimiento del Producto Interno Bruto del 4% en este
año.
Por otro lado, la crisis
económica que afecta a la Unión Europea
y los Estados Unidos ha provocado un descenso de las
exportaciones, agravada por la caída de los precios
de los productos agrícolas de exportación. La
desaceleración de la economía ha repercutido
en un estancamiento de los ingresos fiscales y la
inversión pública. Esta situación
limitará significativamente la capacidad de maniobra
y negociación del gobierno, pudiendo dar paso a un
giro en su política.
La punta del iceberg: reformas
constitucionales
En este complicado contexto
Pérez Molina lanzó su propuesta de reformar
parcialmente la Constitución. Estas reformas se
harían para evitar dificultades en el futuro, y se
llevarían a cabo en torno a cuatro ejes: seguridad y
justicia, transparencia, cambios en las reglas de las leyes
políticas y fortalecimiento del Estado en el
área fiscal.
El gobierno aún no
plantea claramente los puntos constitucionales que desea
cambiar, aunque ha sido claro en la intención
de introducir cambios al artículo 23 que versa sobre
la inviolabilidad de la vivienda y establece que la
autoridad sólo puede penetrar a una vivienda con
orden de juez competente y nunca antes de las seis ni
después de las dieciocho horas. Este artículo
se estableció debido a los abusos del ejército
durante el conflicto armado interno. El gobierno ahora
pretende que se puedan hacer cateos también en horas
de la noche. No hay dudas que la oligarquía quiere
un Estado mucho más fuerte y represivo, al
viejo estilo de las dictaduras
militares.
En cuanto al tema fiscal,
funcionarios del gobierno han mencionado que los aportes
financieros que se deben incluir en el Presupuesto General
de la Nación por mandato constitucional, le restan
flexibilidad al manejo de los fondos gubernamentales. Entre
estos aportes han mencionado el destinado a la Universidad
de San Carlos, lo que quiere decir que hay una
intención velada de reducir aún más
los fondos de la USAC, algo que no debemos permitir.
Detrás de esta posible reforma constitucional, se
esconden un ataque directo a la educación superior,
que de por si esta mas que necesitada de mayores recursos
económicos. El presupuesto actual de la USAC no da
para cubrir las necesidades de la
juventud.
Los poderes del Estado y
órganos constitucionales, casi la totalidad de
partidos políticos, se resisten en convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente, para que el pueblo se
exprese democráticamente. La oligarquía
quiere utilizar la mayoría del PP y sus aliados para
hacer los cambios desde arriba, sin que el pueblo participe
y decida. El demagogo Manuel Baldizón y su partido
Líder se declaró a favor de la ANC con una
agenda que incluye la retrógrada disposición
de restablecer la pena de muerte, pero este es un mecanismo
de presión para canalizar el descontento contra el
actual gobierno. A partir de la semana que inicia el 11 de
junio una comisión nombrada por el presidente
recibirá propuestas de agrupaciones de la sociedad
civil para tomarlas en cuenta al hacer las reformas. La
intención es presentar la propuesta definitiva al
Congreso el 2 de julio.
Esta en marcha, pues, un
proceso de reforma constitucional desde arriba, obedeciendo
los intereses de la oligarquía y la burguesía,
que quieren un Estado mas fuerte, pero que el mismo tiempo
no quieren que el pueblo discuta democráticamente
los principales problemas de
Guatemala
Por una Asamblea Nacional
Constituyente que favorezca a los
oprimidos
El pueblo guatemalteco vive
una situación extremadamente precaria. Con poco
más de la mitad de la población en
situación de pobreza y extrema pobreza, los
índices de desnutrición infantil más
altos del continente, un elevado porcentaje de la
población económicamente activa dedicada a
trabajos informales, falta de oportunidades para los
jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral que
hace que se involucren en el crimen, salarios que
escasamente alcanzan para cubrir las necesidades de las
familias, etc.
La introducción de
cambios a la Constitución de la República, por
si solos, no contribuye a transformar esta grave
situación. Guatemala necesita cambios profundos,
pero no los cambios que se les antojen al gobierno, los
partidos burgueses y sus diputados, sino los cambios que
expresen realmente las necesidades del pueblo explotado. El
Estado guatemalteco es un Estado excluyente, que no
reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ni
permite resolver el grave problema de la propiedad en el
campo. La Constitución que queremos debe democratizar
al máximo la sociedad
guatemalteca.
Reformar la Ley Electoral y de
Partidos Políticos
Pero la posible convocatoria a
una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
no puede hacerse por medio de la actual Ley Electoral, pues
ésta es antidemocrática. Actualmente se
discuten cambios cosméticos a la Ley Electoral, que
van en el sentido de restringir aún más la
participación del pueblo trabajador, incrementando
el número obligatorio de afiliados a los partidos y
prohibiendo la participación en elecciones de
partidos que no tengan candidato presidencial, entre otras
cosas.
Esta Ley Electoral
antidemocrática debe ser derogada, el Congreso debe
aprobar una nueva, para permitir la más amplia
participación popular en el caso que con la
movilización popular obliguemos a convocar una
Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, así
como se contempla la formación de
Comités Cívicos Electorales
que postulen candidatos a las alcaldías, se debe
permitir la formación de Comités
Cívicos que propongan también
candidatos para delegados a la Asamblea Nacional
Constituyente, que no estén vinculados a
los partidos políticos. Debemos acabar con el
monopolio de los partidos políticos, que permite que
solo estos puedan presentar candidatos. Igualmente se debe
permitir la participación de delegados de las
organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y
populares en esta Asamblea Nacional
Constituyente. De forma similar se debe permitir
la participación de candidaturas independientes,
disminuyendo el número de firmas requeridas para su
inscripción.
Por un frente de organizaciones
populares y de izquierda que luche por una ANC
democrática
Sin habérselo
propuesto, el presidente Pérez Molina ha puesto el
dedo en la llaga. Está abriendo una puerta por la
que el pueblo guatemalteco puede y debe colarse y presentar
sus demandas más sentidas.
El Partido Socialista
Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las
organizaciones indígenas, campesinas, sindicales,
estudiantiles, de mujeres, de jóvenes y populares a
conformar un frente que luche por la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente que introduzca los cambios
urgentes que necesita el pueblo guatemalteco. Que exija un
proceso abierto, democrático y transparente de
elección de delegados a tal constituyente. Que
elabore un plan de reformas que democraticen al
máximo el Estado guatemalteco. Y que llame a la
movilización por todos los medios posibles por la
defensa y aceptación de tal
plan.
Por lo pronto el
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
propone el siguiente Plan de reivindicaciones básicas
que debe implementar la Asamblea Nacional Constituyente,
que llamamos a convocar e
instalar:
1. Combate a la
hambruna y desnutrición crónica mediante la
implementación de una reforma agraria
integral.
2. Reconocimiento
del Estado guatemalteco como multiétnico,
multicultural y multilingüe.
3. Reconocimiento
de los derechos ancestrales de las comunidades
indígenas, su cultura y
lenguas.
4.
Nacionalización de los recursos energéticos,
de producción minera y
telecomunicaciones.
5. Fortalecimiento
del sistema público de salud con carácter
gratuito a niveles que satisfagan las necesidades de la
población.
6. Fortalecimiento
del sistema de educación pública y gratuita a
todos los niveles, mejorando la excelencia
académica.
7. Alza general de
salarios, estableciendo salarios mínimos acordes con
el monto de la canasta básica. Los salarios deben
subir automáticamente al ritmo de la
inflación. Obligar a los patronos a pagar todas las
prestaciones sociales de ley.
8. Plan de
construcción de viviendas populares de buena calidad
a bajos precios.
9. Plan de
creación de empleos en base a obras
públicas.
10.
Juicio y castigo a los culpables de masacres y genocidio
durante el conflicto armado
interno.
11.
Eliminación de los aparatos represivos clandestinos
culpables de asesinatos de dirigentes sociales y
sindicales. Juicio y condena de los
responsables.
12.
Cese de la creciente militarización y
proliferación de bases del
ejército.
13.
Nacionalización bajo control de los trabajadores de
las empresas que incumplan con la ley laboral y la libertad
de sindicalización.
14.
Cualquier alto funcionario (presidente, diputados,
magistrados, jueces, etc.) debe ser electo directamente por
el pueblo, y su mandato puede ser revocado en cualquier
momento
Centroamérica, 10 de
Junio del 2012
Secretariado Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
PARTIDO
SOCIALISTA CENTROAMERICANO
psoca@elsoca.org |
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