Opinión:elperiodico.com
Cuesta creerlo, pero hasta el momento, el silencio de las organizaciones de derechos humanos y movimiento social, es preocupante, a pesar que la apertura de archivos se debe a la lucha que libraron durante años para que no fueran destruidos o continuaran ocultos. Millares de folios fueron destruidos, otros que se encontraron, se mantienen en secreto por “seguridad nacional” y lo poco que habían soltado por la posición que jugaron los civiles dentro de la Comisión que para el efecto fue formada en 2004 para revisar y digitalizar los archivos del Estado Mayor Presidencial; los 11 mil 698 que logró la Comisión entre el 2008 y 2011, ya no será posible consultarlos porque al flamante secretario de la paz, no le da la gana y, por supuesto, por las órdenes que recibe de arriba.
No se trata del despido del personal, sino de negar el acceso a una parte de la historia que quieren seguir ocultando y si hoy se guarda silencio, mañana serán los archivos de la Policía Nacional que pueden ser quemados. Por suerte mucho está digitalizado y a salvo, pero hay que oponerse a la implementación de una política que representa un retroceso en lo poco que se ha avanzado en el país después de 1985 y luego de la firma de la paz.
Los archivos pertenecen al pueblo, no a los civiles con mentalidad militar, ni a los militares que son parte de la historia negra del país. El retroceso en diversos aspectos de la vida política nacional, es un hecho y solo se puede frenar con un rechazo de la sociedad civil que no debe esperar otras muestras de autoritarismo, sino luchar porque se mantengan los espacios de expresión y acceso a la información. El silencio, además de permitir que avancen en planes que restringen derechos, es complicidad.
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