Opinión:
“Otra amenaza para la libertad de los periodistas y la libertad de prensa, es el creciente uso de las leyes penales sobre difamación y calumnia que hacen los funcionarios públicos para silenciar las críticas con respecto a sus actividades personales o políticas públicas. El mero uso de tal “acoso judicial” genera un clima de miedo y un “efecto intimidante”, que anima a la autocensura”. Lo anterior es un párrafo del informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libre Opinión y Expresión, Frank La Rue, que será presentado y entregado hoy a los asistentes al acto que se llevará a cabo a las cinco de la tarde en la sede de la Editorial Santillana, y al que está convocando la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
El informe es un recuento de hechos que han limitado el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa en diversos países del mundo, y no se refiere solo a quienes lo hacen en medios escritos, radiales o televisivos, sino también a las limitaciones, presiones o amenazas que sufren los periodistas en línea y blogueros cuando difunden sus opiniones a través de diversas redes, poniendo como ejemplo el caso del asesinato de la periodista mexicana, María Isabel Macías Castro, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado cerca de la ciudad de Nuevo Laredo, en México, con una nota que dejaba claro que había sido asesinada por la transmisión de noticias en los sitios web.
Según el Relator, la intimidación, las agresiones físicas, los secuestros y asesinatos, así como las detenciones arbitrarias, la impunidad y el uso de las leyes penales para encarcelar e intimidar a los periodistas, están a la orden del día, a lo que hay que agregar los riesgos adicionales a que se enfrentan las periodistas como lo es la violencia sexual y hasta el abuso sexual durante la detención o el cautiverio, ataques que en la mayoría de los casos no son denunciados.
En el informe se recogen iniciativas que se están implementando para crear mecanismos de protección a periodistas en diversos países y los desafíos a los que hay que enfrentarse, resaltando la importancia que tiene el papel de la sociedad civil en la toma de conciencia sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y su deber de exigir a las autoridades que respeten el libre ejercicio de la profesión.
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