Ley, Derecho y Justicia
Los desalojos pueden ser legales.
Miguel Ángel Albizures
Ya sabemos que para algunos la propiedad privada es sagrada y ¡ay de aquel! que atente en contra de ella o critique a los casatenientes, o quienes se dedican a las grandes construcciones de residenciales con enganches y precios por las nubes, imposibles de alcanzar para quienes apenas tienen un mínimo salario, y mucho menos para quienes sobreviven de milagro sin poder dar a su prole la educación, la salud, la distracción y la vivienda digna a que todo ser humano tiene derecho.
Los desalojos pueden ser legales, llenar todos los trámites y lograr la intervención del Ministerio Público y de los jueces para que la fuerza pública, especialmente el Ejército, destruya sin compasión alguna las champas, lance a la intemperie a pobres mujeres con niños de brazos y tire ante los ojos desorbitados de niños que no alcanzan a entender el por qué sus cosas son lanzadas a la calle con tanta violencia.
Según la pisoteada Constitución, los seres humanos guatemaltecos son libres e iguales en dignidad y derechos, y el Estado tiene la plena obligación de garantizar y proteger la vida desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas, pero esto le importa poco a quienes han dirigido el Estado, y el déficit habitacional sigue siendo de más de un millón de viviendas, sin tomar en cuenta las condiciones infrahumanas en que vive otro alto porcentaje de la población, careciendo de los servicios más elementales.
Las promesas de los candidatos a la presidencia y de los mismos presidentes de construir tantos miles de viviendas anuales, son simplemente promesas de campaña, pues como dice el refrán popular: del dicho al hecho hay un gran trecho, y por eso ofrecen tantas cosas porque saben que jamás las van a cumplir. Nadie ofrece públicamente palo y cárcel, ni desalojos con lujo de violencia, pero en la práctica es todo lo contrario, es el circo sin pan, sin techo, sin educación ni salud. Es el bienestar para unas cuantas familias dueñas de Guatemala y la desesperanza para las grandes mayorías obligadas a vivir en los barrancos o tratar de arrebatar un terreno que, como muchas otras grandes extensiones que posee el Ejército, de nada le sirven, pero hay que imponer la ley y el orden. El derecho a la vivienda digna no existe y la justicia social seguirá brillando por su ausencia y la niñez que siga llorando frente a los militares que cargan y arrojan sus escasas pertenencias.
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