Hidro Santa Cruz y los vacíos
éticos
(a propósito de la publicación de
Prensa Libre,
Comunitarios luchan porque vuelva
la paz)
El reportaje Comunitarios luchan porque
vuelva la paz (Prensa Libre, 17 de septiembre de 2012) muestra vacíos,
imprecisiones y parcialidad en el análisis del proceder de la empresa
Ecoener-Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz[1],
así como en la caracterización de la resistencia a la construcción de una
central eléctrica. En los párrafos siguientes expongo cinco grandes
inexactitudes de dicho reportaje, que contribuyen a la distorsión y simplificación
de la conflictividad en Santa Cruz Barillas.
En primer lugar, el reportaje ignora la
responsabilidad de Hidro Santa Cruz en el asesinato de Andrés Francisco Miguel,
ocurrido el primero de mayo, hecho en el que además resultan heridos Pablo Antonio
Pablo y Esteban Bernabé Mateo. Por este asesinato guardan prisión preventiva,
desde el sábado 26 de mayo, Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz
Solares. A pesar de que Ecoener-Hidro Santa Cruz niega vinculación con los
acusados, uno de ellos (Ricardo García) aparece mencionado como Jefe de
Seguridad de la hidroeléctrica en un documento del Ministerio Público fechado
el 28 de marzo; el otro acusado, Ortiz Solares, fue subcontratado por Juan
Roberto Garrido, actual encargado del área social de la empresa, según consta
en investigación del Ministerio Público recogida por medios de prensa.
Desde el punto de vista humano, periodístico y
político, el asesinato es uno de los hechos más relevantes de la historia
reciente de Barillas. No puede obviarse su trascendencia: en el corto plazo,
entorpece (impide) las posibilidades de diálogo. En el corto y medio plazo,
dificulta (anula) la posibilidad de una relación sana de las comunidades con
los dueños de la empresa. El dilema de fondo y la preocupación de los
habitantes de Santa Cruz Barillas se expresa así: ¿Qué puede esperar la
población de una empresa que ha ejercido violencia contra las comunidades
–o simplemente la silencia- para conseguir sus objetivos? ¿Dejaría usted que
sospechosos de asesinato –o por lo menos encubridores del mismo- llegaran a
vivir a la vecindad de su casa?
En esta misma línea de ocultamiento y
minusvaloración de la violencia, Prensa Libre no menciona las amenazas,
disparos al aire, compra de voluntades, acoso sexual e intimidación hacia las
comunidades por parte del personal de Hidro Santa cruz o de su empresa de
seguridad. Estas amenazas –denunciadas de forma reiterada por pobladores y
organizaciones- no son aisladas, sino estructurales: es decir, la empresa se
organiza para ejercer la violencia, como modo prioritario de lograr sus
objetivos. Dos ejemplos de esta estrategia consciente de intimidación: la
contratación de una empresa de seguridad que, en vez de resguardar las
instalaciones, atemoriza; la contratación como “representante del área
social de Ecoener para Guatemala” de Juan Roberto Garrido, uncapitán
del Ejército retirado con fuertes vínculos con el crimen organizado, según
informaciones que circulan en redes sociales y toman como fuente a la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sorprende que Prensa Libre
entreviste a Juan Garrido sin mencionar su currículo de violencia y la
subcontratación, como se refiere arriba, de uno de los sindicados de
asesinato.
En segundo lugar, el reportaje afirma que Hidro
Santa Cruz no “Desarrollará ninguna actividad minera de exploración ni
explotación, ya que existen convenios por escrito”. Esta afirmación
genera dos dudas: la primera, la capacidad de la empresa de cumplir con sus
promesas, visto su historial reiterado de ocultamiento y verdades a medias. La
segunda, la existencia de otros intereses económicos ya concretados (además de
la hidroeléctrica y la minería): la venta de bonos de carbono, en el marco del
protocolo de Kioto (es decir, la venta de oxígeno, que no cuenta con el
consentimiento de las comunidades ni de la autoridad municipal). Además,
existen intereses económicos estratégicos no visibilizados: privatización del
agua, explotación de energía solar y eólica (viento). Estas son áreas en la que
Ecoener-Hidro Santa Cruz desarrolla proyectos en otros países (Ecuador, Estado
español) es decir, áreas de experticia de la empresa y de expansión natural de
la misma, que Prensa Libre tiene a bien no mencionar.
Tercera inexactitud. El reportaje se muestra
extremadamente cauto y evasivo al hablar del Estado de Sitio y los sucesos
violentos del primero de mayo, aislando a Hidro Santa Cruz de esta dinámica. En
mi opinión, entre el uno de mayo y el 18 del mismo mes se escenifica en
Barillas un ensayo de dictadura favorecedora de la acumulación transnacional;
un ejercicio de construcción de Estado corporación; un reforzamiento del
proyecto neoliberal militarista; un golpe de estado a nivel municipal. La
población no es responsable sino víctima de esta situación y la empresa no es
espectadora, sino que navega en el río revuelto de la falta de libertades. El
primero de mayo se conectan intereses mutuos: los inmediatos de implantación de
Hidro Santa Cruz, y los estratégicos de acumulación neoliberal, que precisa un
modelo político de corte autoritario. La argumentación consecuente es que, si
la empresa participa o se beneficia del Estado de Sitio, participa asimismo en
las capturas ilegales (a través de las cuales once personas guardan prisión
preventiva).
En cuarto lugar, el artículo evidencia parcialidad
en el análisis del Convenio de Colaboración y Cooperación presentado por la
Empresa a la Municipalidad con fecha dos de agosto. Si bien es cierto, como
afirma Prensa Libre, que este Convenio promete un millón de quetzales a la
Municipalidad, al mismo tiempo concede el poder decisor sobre el destino de ese
millón de quetzales a la propia empresa, que “Podrá monitorear el destino de
las aportaciones económicas que realice a la Municipalidad (y) se obliga, en el
plazo máximo de quince días desde que les sean presentados, a manifestar su
conformidad o inconformidad con los proyectos que la Municipalidad pretenda
ejecutar con el aporte económico entregado por la Empresa” (Compromisos,
obligaciones y derechos de la Empresa Hidroeléctrica, apartado 7 de Convenio).
Asimismo, condiciona la entrega de fondos a la “paz social”, al afirmar que es
“Causa justificada del cese de su obligación de continuar con el pago
a la Municipalidad de las cantidades señaladas en el apartado precedente, el
advenimiento de cualquier suceso, hecho o acontecimiento que impida,
obstaculice o dificulte la pacífica construcción, explotación u operación del
proyecto (Compromisos, obligaciones y derechos de la Empresa
Hidroeléctrica, apartado 8 del Convenio).
Este esquema no solamente otorga una
discrecionalidad económica a favor de Hidro Santa Cruz, sino que revela un modo
de entender la representación y la participación: la empresa concibe a la
Municipalidad como parte de su estructura de poder, no como interlocutora
política. Hidro Santa Cruz controla fondos y proyectos, y pretende asimismo
controlar y debilitar el papel de la Municipalidad y la participación comunitaria
democrática: un ensayo de centralismo político y autoritarismo (dictadura) para
la expansión del proyecto de Barillas y del capital transnacional.
Por último, Prensa Libre ignora las razones
profundas de la oposición comunitaria a la hidroeléctrica, como las ignora
Hidro Santa Cruz. Las comunidades y personas opositoras (un buen número de la
población de Santa Cruz Barillas, según las actas comunitarias de marzo y abril
de 2012) no carecen de información ni reciben información tergiversada, como afirma
el reportaje. Por el contrario, defienden códigos culturales, simbólicos,
históricos, códigos de vida, opuestos al código beneficio y ganancia de la
empresa (por tanto, incomprensibles para ella). El área de construcción de la
hidroeléctrica es un área sagrada, de gran valor identitario y de recreación
para la población: no es un área de valor económico en sí misma, sino de
cultura y modo de vida.
La omisión de este punto, que ha sido
reiteradamente expuesto por la población y del que Hidro Santa Cruz y las
autoridades políticas guatemaltecas tienen conocimiento, revela desinterés y
desprecio hacia la cultura y modo de vida de las comunidades, una actitud de
superioridad y claramente racista, de la que se hacen eco los medios de
comunicación.
Por si no los conocen y son de su interés, puedo
aportar a Prensa Libre y a Ecoener-Hidro Santa Cruz documentos de referencia
que contextualizan lo expuesto anteriormente:
Acta de Inspección de lugar del Ministerio Público,
28 de marzo de 2012, donde Ricardo García (sindicado del asesinato del primero
de mayo) figura como Jefe de Seguridad de la hidroeléctrica.
Documentos de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, CICIG, que vinculan a Juan Roberto Garrido, del área
social de Ecoener, con estructuras criminales.
Documentos de prensa que ligan a los asesinos de
Andrés Francisco Miguel con Ecoener-Hidro Santa Cruz, incluyendo declaraciones
del Ministerio Público y el presidente de la República, Otto Pérez Molina.
Convenio de colaboración y Análisis crítico del
convenio de colaboración propuesto por la Empresa.
Actas recientes de reuniones comunitarias donde se
reitera la oposición a la presencia de Hidro Santa Cruz (marzo y abril de
2012).
El conjunto del reportaje de Prensa Libre funciona
como un espejo amplificador del discurso público de Ecoener-Hidro Santa Cruz.
Una ética periodística elemental exige revisar las fuentes, confrontar
opiniones, cuestionar verdades tan absolutas como esquemáticas, difundir
la pluralidad de las voces en el conflicto y no la unilateralidad de la versión
oficial: la que se genera desde el poder y la impunidad.
Una ética política básica, la que debería guiar la
actuación de los representantes políticos y las empresas, obliga a no falsear,
no mentir, no intimidar, no asesinar. Ecoener-Hidralia-Hidro Santa Cruz
sustituye la ética por la manipulación de la razón. La razón, por el uso de la
violencia.
[1] La
empresa se presenta de forma indistinta con los tres nombres. Es una empresa de
origen y capital español, propiedad de Luis Castro Valdivia y vinculada
reiteradamente a casos de corrupción. Propietaria del proyecto
Cambalam en Santa Cruz Barillas.
http://www.memorialguatemala.blogspot.com/
Publicado por Andrés
Cabanas
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