COMUNICADO URGENTE:
El Comité por la Vida y Contra la Minería de San Rafael Las Flores, el Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa - CODIDENA, el Parlamento Xinca, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social – CALAS, y el Colectivo Ecologista MadreSelva, ante los sucesos ocurridos los día 17 y 18 de Septiembre de 2012 en territorios de Mataquescuintla, Jalapa y San Rafael Las Flores, Santa Rosa; exponemos lo siguiente:
Los hechos:
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El lunes 17 de septiembre por la mañana, empleados de la Empresa Minera San Rafael reforzados por elementos de la empresa de seguridad privada a su servicio equipados con armamento antimotines, perros de ataque, lanza granadas lacrimógenas y fusiles dotados de balas de hule, escoltados por personal de la Policía Nacional Civil -PNC-, se hicieron presentes en la aldea Morales, Mataquescuintla, para conectar una línea de alto voltaje al servicio de las instalaciones de la Mina San Rafael.
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Ante esta pretensión de la minera se reunieron más de quinientos vecinos entre hombres, mujeres y niños, exigiendo a los trabajadores de la empresa que se retiraran del lugar con su equipo y escolta de seguridad, pues dicha conexión eléctrica había impugnada con anterioridad por los vecinos que exigen una consulta previa, libre e informada sobre el proyecto minero.
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La reacción de los vecinos obligo a suspender la instalación eléctrica. Con presencia de la PDH, COPREDEH, la Jueza de Paz, los Alcaldes Municipales de Nueva Santa Rosa y Casillas, el párroco de Mataquescuintla, CALAS y CODIDENA se levanto un acta haciendo constar la solución pacifica al diferendo. Sin embargo, al momento de la firma del acta, aprovechando la oscuridad de la tarde, provocadores al servicio de la mina comenzaron a lanzar piedras sobre los vecinos y autoridades, causando la destrucción parcial de dos vehículos de la compañía minera y la dispersión del grupo de vecinos.
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Los vecinos indignados ante un nuevo abuso de la Mina San Rafael, decidieron marchar desde la aldea Morales de Mataquescuintla hacia la entrada principal de la Mina ubicada en el territorio de San Rafael. Al llegar, los vecinos en un acto de resistencia pacífica formaron un plantón frente a la entrada a la mina, en el cruce delcamino que conduce de San Rafael Las Flores a la aldea El Fusío. El plantón nuncaocupó terrenos de propiedad de la mina San Rafael pues se situó en vía pública y enuna propiedad privada con la debida autorización del propietario. Por lo tanto lainformación publicada en los medios de comunicación nacionales señalando queinvadieron terrenos de la minera es falsa
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Según testigos presenciales de los hechos, ninguna persona de las presentes en el plantón, ingresó a los terrenos de la empresa minera. Resulta imposible que el fuego iniciado en el interior de la mina, las cual estaba fuertemente custodiada, haya podido ser encendido sin la tolerancia o el apoyo de los guardias de seguridad privada.
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Al filo de la tres de la tarde, el plantón pacífico fue atacado sin previo aviso porelementos de la seguridad privada de la mina, de la Policía Nacional Civil y del ejército, quienes usaron lanzagranadas de gases lacrimógenos, armas de fuego, y armascargadas con balas de goma. Los elementos de seguridad privada lanzaron el ataquedesde el interior de la mina con perros entrenados para el ataque, la PNC se movilizóen pinza para arrinconar a la población inerme contra los efectivos del ejército que seencontraban agazapados en los linderos opuestos al plantón. El despliegue represivotuvo todas las características de las acciones militares contrainsurgentes quecreíamos que pertenecían al pasado, con su cuota de alevosía, saña y cobardía quecaracterizaron las acciones del ejército nacional.
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Este cobarde ataque de fuerzas represivas públicas y privadas ocurrió contra una población civil pacífica que ejercía su derecho constitucional a la manifestación, entre la que estaban mujeres con niños en brazos, ancianos y ancianas, niños y niñas pequeños. La gente en el plantón había instalado utensilios de cocina y se encontraban cocinando alimentos para todos, lo que muestra su vocación pacífica.
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Los vecinos y vecinas de Santa Rosa, se han opuesto desde un principio a la instalación del proyecto minero San Rafael, el cual se pretende imponer sin informar ni consultar debidamente de los impactos sociales y ambientales que afectarían el agua y la vida de los habitantes del valle de Santa Rosa. Esta resistencia legal y pacífica se ha manifestado mediante acciones legales de oposición que se han interpuesto ante el Ministerio de Energía y Minas; con marchas pacíficas desde el pueblo hacia las instalaciones de la mina, plantones frente a la embajada de Canadá; visitas ante las oficinas del MEM y del MARN; Foros con candidatos a Alcaldes; reuniones con Alcaldes electos; todo en el marco de la llamada “Revolución de las Flores” un movimiento pacífico. Se han realizado tres consultas de vecinos en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas que han rechazado mayoritariamente la minería.
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Mientras tanto, las vecinas y vecinos de San Rafael solicitaron la realización de su consulta en base al código municipal, la cual fue boicoteada por abogados de la empresa minera y por el mismo Alcalde Municipal Leonel Morales Pozuelos y su Concejo, quienes resultan ahora, responsables directos de este conflicto y sus consecuencias debido a su actitud servil a la minera y contraria a las demandas del pueblo rafaelano.
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En el momento que estamos redactando este comunicado, nos han informado que sobre los cascos urbanos de San Rafael y Mataquescuintla, se encuentran sobrevolando dos helicópteros del ejército nacional, amedrentando a los vecinos a la vieja usanza de los años del conflicto armado. De nuevo el ejército nacional ataca militar y sicológicamente a la población civil en defensa de los intereses de empresas extranjeras.
Denunciamos:
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Las acciones de criminalización contra líderes y lideresas comunitarias que actúan en legítima defensa de sus territorios y derechos enfrentando espurios intereses de empresas extractivas, nacionales y extranjeras que valiéndose de la debilidad las leyes nacionales y la corrupción de funcionarios entreguistas, se avorazan sobre los bienes naturales de nuestro país.
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Este tipo de provocaciones está siendo utilizada sistemáticamente por empresas nacionales y extranjeras para impulsar proyectos extractivos que atentan contra nuestros bienes naturales y territorios en flagrante violación a los derechos de los pueblos, como lo demuestran los antecedentes ocurridos en Santa Cruz Barillas y San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
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Alertamos al gobierno central para que no vuelva a incurrir en la pretensión de suspender las garantías constitucionales de los habitantes de Santa Rosa, como lo hizo fallidamente en Santa Cruz Barillas.
Exigimos:
Al Presidente de la República, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General del Ministerio Publico, al Ejercito y a la Policía Nacional Civil;
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Que se investiguen a fondo los hechos denunciados.
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Que no se criminalice la justa lucha de los vecinos de Santa Rosa y Jalapa.
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Que sea castigada ejemplarmente la provocación montada por la empresa minera y sus servicios de seguridad privados.
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Que el Ministerio de Energía y Minas atienda y resuelva conforme a derecho las numerosas oposiciones presentadas por vecinos de San Rafael Las Flores dentro del expediente administrativo de solicitud de licencia de explotación por parte de Mina San Rafael.
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Que se cancele definitivamente la licencia de exploración minera y no se otorgue bajo ninguna circunstancia la licencia de explotación a la empresa Mina San Rafael.
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Que se respete la voluntad de los habitantes de los municipios del valle de Santa Rosa que mediante la Consulta de Vecinos han manifestado su rotunda oposición a las actividades mineras en su territorio.
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Que no sea utilizado el estado de sitio para criminalizar y judicializar a los líderes y lideresas de Santa Rosa que mantienen en alto la lucha por la vida, los bienes naturales y el territorio en beneficio de las futuras generaciones.
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La liberación de los más de treinta detenidos
Solicitamos:
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A la comunidad internacional, estar atentos ante estas violaciones a los derechos humanos en San Rafael las Flores y Jalapa.
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A la Procuraduría de los Derechos Humanos, mantener estricta vigilancia para proteger los derechos humanos de las comunidades, pueblos, líderes, lideresas y organizaciones sociales.
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A los movimientos sociales indígena, campesino, sindical, mujeres, ambientalistas, jóvenes, etc. a estar atentos ante el desarrollo de los acontecimientos en Santa Rosa y a manifestarse en solidaridad y apoyo a su justa y ejemplar lucha.
Guatemala 19 de septiembre de 2012
Comité por la Vida y Contra la Minería de San Rafael Las Flores,
Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa - CODIDENA,
Parlamento Xinca,
Centro de Acción Legal Ambiental y Social – CALAS,
Colectivo Ecologista MadreSelva.
El lunes 17 de septiembre por la mañana, empleados de la Empresa Minera San Rafael reforzados por elementos de la empresa de seguridad privada a su servicio equipados con armamento antimotines, perros de ataque, lanza granadas lacrimógenas y fusiles dotados de balas de hule, escoltados por personal de la Policía Nacional Civil -PNC-, se hicieron presentes en la aldea Morales, Mataquescuintla, para conectar una línea de alto voltaje al servicio de las instalaciones de la Mina San Rafael.
Ante esta pretensión de la minera se reunieron más de quinientos vecinos entre hombres, mujeres y niños, exigiendo a los trabajadores de la empresa que se retiraran del lugar con su equipo y escolta de seguridad, pues dicha conexión eléctrica había impugnada con anterioridad por los vecinos que exigen una consulta previa, libre e informada sobre el proyecto minero.
La reacción de los vecinos obligo a suspender la instalación eléctrica. Con presencia de la PDH, COPREDEH, la Jueza de Paz, los Alcaldes Municipales de Nueva Santa Rosa y Casillas, el párroco de Mataquescuintla, CALAS y CODIDENA se levanto un acta haciendo constar la solución pacifica al diferendo. Sin embargo, al momento de la firma del acta, aprovechando la oscuridad de la tarde, provocadores al servicio de la mina comenzaron a lanzar piedras sobre los vecinos y autoridades, causando la destrucción parcial de dos vehículos de la compañía minera y la dispersión del grupo de vecinos.
Los vecinos indignados ante un nuevo abuso de la Mina San Rafael, decidieron marchar desde la aldea Morales de Mataquescuintla hacia la entrada principal de la Mina ubicada en el territorio de San Rafael. Al llegar, los vecinos en un acto de resistencia pacífica formaron un plantón frente a la entrada a la mina, en el cruce delcamino que conduce de San Rafael Las Flores a la aldea El Fusío. El plantón nuncaocupó terrenos de propiedad de la mina San Rafael pues se situó en vía pública y enuna propiedad privada con la debida autorización del propietario. Por lo tanto lainformación publicada en los medios de comunicación nacionales señalando queinvadieron terrenos de la minera es falsa
Según testigos presenciales de los hechos, ninguna persona de las presentes en el plantón, ingresó a los terrenos de la empresa minera. Resulta imposible que el fuego iniciado en el interior de la mina, las cual estaba fuertemente custodiada, haya podido ser encendido sin la tolerancia o el apoyo de los guardias de seguridad privada.
Al filo de la tres de la tarde, el plantón pacífico fue atacado sin previo aviso porelementos de la seguridad privada de la mina, de la Policía Nacional Civil y del ejército, quienes usaron lanzagranadas de gases lacrimógenos, armas de fuego, y armascargadas con balas de goma. Los elementos de seguridad privada lanzaron el ataquedesde el interior de la mina con perros entrenados para el ataque, la PNC se movilizóen pinza para arrinconar a la población inerme contra los efectivos del ejército que seencontraban agazapados en los linderos opuestos al plantón. El despliegue represivotuvo todas las características de las acciones militares contrainsurgentes quecreíamos que pertenecían al pasado, con su cuota de alevosía, saña y cobardía quecaracterizaron las acciones del ejército nacional.
Este cobarde ataque de fuerzas represivas públicas y privadas ocurrió contra una población civil pacífica que ejercía su derecho constitucional a la manifestación, entre la que estaban mujeres con niños en brazos, ancianos y ancianas, niños y niñas pequeños. La gente en el plantón había instalado utensilios de cocina y se encontraban cocinando alimentos para todos, lo que muestra su vocación pacífica.
Los vecinos y vecinas de Santa Rosa, se han opuesto desde un principio a la instalación del proyecto minero San Rafael, el cual se pretende imponer sin informar ni consultar debidamente de los impactos sociales y ambientales que afectarían el agua y la vida de los habitantes del valle de Santa Rosa. Esta resistencia legal y pacífica se ha manifestado mediante acciones legales de oposición que se han interpuesto ante el Ministerio de Energía y Minas; con marchas pacíficas desde el pueblo hacia las instalaciones de la mina, plantones frente a la embajada de Canadá; visitas ante las oficinas del MEM y del MARN; Foros con candidatos a Alcaldes; reuniones con Alcaldes electos; todo en el marco de la llamada “Revolución de las Flores” un movimiento pacífico. Se han realizado tres consultas de vecinos en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas que han rechazado mayoritariamente la minería.
Mientras tanto, las vecinas y vecinos de San Rafael solicitaron la realización de su consulta en base al código municipal, la cual fue boicoteada por abogados de la empresa minera y por el mismo Alcalde Municipal Leonel Morales Pozuelos y su Concejo, quienes resultan ahora, responsables directos de este conflicto y sus consecuencias debido a su actitud servil a la minera y contraria a las demandas del pueblo rafaelano.
En el momento que estamos redactando este comunicado, nos han informado que sobre los cascos urbanos de San Rafael y Mataquescuintla, se encuentran sobrevolando dos helicópteros del ejército nacional, amedrentando a los vecinos a la vieja usanza de los años del conflicto armado. De nuevo el ejército nacional ataca militar y sicológicamente a la población civil en defensa de los intereses de empresas extranjeras.
Las acciones de criminalización contra líderes y lideresas comunitarias que actúan en legítima defensa de sus territorios y derechos enfrentando espurios intereses de empresas extractivas, nacionales y extranjeras que valiéndose de la debilidad las leyes nacionales y la corrupción de funcionarios entreguistas, se avorazan sobre los bienes naturales de nuestro país.
Este tipo de provocaciones está siendo utilizada sistemáticamente por empresas nacionales y extranjeras para impulsar proyectos extractivos que atentan contra nuestros bienes naturales y territorios en flagrante violación a los derechos de los pueblos, como lo demuestran los antecedentes ocurridos en Santa Cruz Barillas y San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Alertamos al gobierno central para que no vuelva a incurrir en la pretensión de suspender las garantías constitucionales de los habitantes de Santa Rosa, como lo hizo fallidamente en Santa Cruz Barillas.
Que se investiguen a fondo los hechos denunciados.
Que no se criminalice la justa lucha de los vecinos de Santa Rosa y Jalapa.
Que sea castigada ejemplarmente la provocación montada por la empresa minera y sus servicios de seguridad privados.
Que el Ministerio de Energía y Minas atienda y resuelva conforme a derecho las numerosas oposiciones presentadas por vecinos de San Rafael Las Flores dentro del expediente administrativo de solicitud de licencia de explotación por parte de Mina San Rafael.
Que se cancele definitivamente la licencia de exploración minera y no se otorgue bajo ninguna circunstancia la licencia de explotación a la empresa Mina San Rafael.
Que se respete la voluntad de los habitantes de los municipios del valle de Santa Rosa que mediante la Consulta de Vecinos han manifestado su rotunda oposición a las actividades mineras en su territorio.
Que no sea utilizado el estado de sitio para criminalizar y judicializar a los líderes y lideresas de Santa Rosa que mantienen en alto la lucha por la vida, los bienes naturales y el territorio en beneficio de las futuras generaciones.
La liberación de los más de treinta detenidos
A la comunidad internacional, estar atentos ante estas violaciones a los derechos humanos en San Rafael las Flores y Jalapa.
A la Procuraduría de los Derechos Humanos, mantener estricta vigilancia para proteger los derechos humanos de las comunidades, pueblos, líderes, lideresas y organizaciones sociales.
A los movimientos sociales indígena, campesino, sindical, mujeres, ambientalistas, jóvenes, etc. a estar atentos ante el desarrollo de los acontecimientos en Santa Rosa y a manifestarse en solidaridad y apoyo a su justa y ejemplar lucha.
Apoyamos la lucha pacífica de nuestros líderes, ante la inminente contaminación de los mantos acuíferos que irrigam el valle de Santa Rosa.
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