GUATEMALA.-Violencia estatal, prueba crucial para el “Estado de Derecho”

GUATEMALA.-Violencia estatal, prueba crucial para el “Estado de Derecho”

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Por Leonardo Ixim

Tras la masacre hacia comuneros pertenecientes a los 48 cantones del departamento de Totonicapán que defendían sus derechos ocupando la carretera interamericana a la altura de la cumbre Alaska, el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) iniciaron una investigación “para dar con los responsables de 6 de los asesinados y un desaparecido”, según reporta la prensa escrita.

Los sectores de extrema derecha, entre ellos la gremial empresarial Cacif (que después tuvo que suavizar su postura) han sacado comunicados de carácter racista justificando la intervención militar y la masacre de los compañeros. En el debate han salido a flote las posturas retrógradas  sobre la supuesta violación a los derechos de libre locomoción cuando se realizan bloqueos en vías públicas.

Esta apreciación es errada porque con los bloqueos no se detiene la libre movilización de personas, sino del transporte en vehículos de éstas o de mercancías. Además, como mencionó el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos para Guatemala, Alberto Brunori, la potestad del Estado de hacer valer un derecho (el de la libre locomoción) no es superior al derecho a la vida o al de hacer valer los derechos en general.

Otro elemento a considerar es el carácter de la investigación llevada a cabo por el MP con el apoyo técnico (pruebas de balística, causas de muerte y otras) del Inacif,  que responsabilizó a ocho soldados y al coronel que comendaba la operación, ligándolos a proceso judicial por el delito de ejecución extrajudicial. Sin embargo queda pendiente la responsabilidad del general Roel Clemente de León, comandante de la Guardia de Honor, unidad a la que estaba adscrita el operativo y por tanto responsable táctico de tal misión.

En ese contexto el partido Lider de manera oportunista puso una demanda ante el MP contra el presidente de la república por crímenes de lesa humanidad, situación que automáticamente implica para el MP llevar la demanda ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia para ver la posibilidad de abrir antejuicio al presidente, algo que el pleno de la Corte negó

Independientemente de la actuación política de la Corte, creemos que la decisión de Lider es oportunista porque desvía las investigaciones que lleva a cabo el MP. Creemos que de parte del MP es injusto implicar a los manifestantes en algún delito, y ello también significa desviar las investigaciones.

A partir de la masacre se han dado movilizaciones de la población que coincidieron con las marchas del día de la resistencia indígena y popular, el 12 de octubre, y del 20 de octubre que se conmemora la revolución de 1944. En esta última, a pesar de una equivocada postura de las organizaciones indígenas de no salir, la memoria de los compañeros  masacrados y la exigencia de justicia fueron levantadas por parte de trabajadores y estudiantes.

El ejecutivo fue presionado por la ONU para modificar algunas políticas de seguridad pública, como no usar el ejército para disolver manifestaciones. Sin embargo nos unimos al clamor de las organizaciones de derechos humanos en que además, el ejército no puede participar en ninguna tarea de seguridad. Por otra parte el Estado tiene que hacer valer el derecho a la protesta, deben cesar las  ejecuciones extrajudiciales, así como cualquier intimidación legal (criminalización, presos políticos) y detener los asesinatos de parte de la derecha contra luchadores sociales.

Ante la violencia estatal es necesaria la organización popular, por ende terminar con la militarización de la sociedad, es decir detener las reformas constitucionales que entre otras cosas se busca darle potestad al ejército para realizar mas funciones de seguridad. Reiteramos nuestra exigencia de que los ministros de gobernación y defensa queden fuera del gobierno, y de que las investigaciones lleguen hasta los últimos responsables de la masacre. Como declarara ante la prensa la presidenta de la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, Juana Carmen Tacán, se espera que se deduzcan responsabilidades intelectuales del crimen, es decir que se siga la cadena de mando independientemente de quienes sean los culpables. Por tal razón exigimos  que una comisión independiente conformada por integrantes de las organizaciones populares en la medida de lo posible realice su propia investigación, y además que fiscalice al MP logrando justicia por nuestros mártires.