miércoles, 31 de octubre de 2012

Honduras FOR SALE...


Un conglomerado de inversores extranjeros pretende construir urbes con sus propias leyes, sistema tributario, control inmigratorio, educación, salud y fuerzas de seguridad. Una suerte de zonas francas dentro de un país libre. Se las denomina “Ciudades Modelo”. La idea es de un gurú economista norteamericano, y ensayan instalarlas en Honduras.
Supongamos que un grupo de empresarios –influyentes, a nivel mundial- se reúne en torno a una mesa, en cierta parte del planeta. Y que un laureado economista anglosajón les aconseja montar una “pseudo ciudad nueva”, dentro de un país soberano. Así, un grupo importante de fábricas y empresas, tantas como para alzar una enorme metrópoli fabril, deciden instalarse donde sea, pero cerquita del agua, con un puerto que les permita salir prontamente al océano más cercano. Imaginemos además que los congresistas nacionales de este país en cuestión, reformasen la Constitución Nacional como para allanarle el camino a las necesidades de las multinacionales interesadas. Pero no sólo eso, sino que además, esas neo zonas comerciales, tendrían sus propias leyes, escuelas, comercios, hospitales, fuerzas de seguridad, convenios internacionales de comercio, exenciones impositivas y demás libertades. ¿Ficción?
Libre, soberana e independiente”. Este es el lema histórico de Honduras. Sin embargo, ese concepto de soberanía impoluta pareciera estar a punto de ser mancillado. Este derecho popular que tiene por finalidad elegir libremente gobernantes, promulgar leyes, y que sea respetado cierto territorio, puede convertirse en un confuso agujero negro legal cuando son los propios gobernantes y representantes del pueblo quienes –al detentar patria potestad sobre un país- determinan el futuro de un pueblo arbitrariamente.
Así es el caso particular de Honduras. Con el 60% de su población por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de homicidios más alta del mundo (91.6 por cada 100.000 habitantes en 2010, según la Oficina de la ONU sobre las Drogas y el Crimen); un país que sufrió una reciente humillación política, cuando el presidente elegido por el voto popular en 2006, Manuel Mel Zelaya, fuera expulsado de su cargo y su patria por un golpe cívico-militar, en 2009. Quien ocupó -de facto- ese cargo fue el liberal Roberto Micheletti. En medio de un escándalo internacional, Honduras volvió a celebrar elecciones (sin observadores internacionales), en las que resultó escogido “Pepe” Porfirio Lobo (desde enero de 2010), un licenciado en administración de empresas y empresario agrícola de línea conservadora.
Con el paso del tiempo parecieran revelarse con mayor claridad los motivos de aquel golpe. El 12 de enero del 2011 fue presentado, en el Congreso Nacional hondureño, el proyecto de decreto de las Ciudades Modelo (CM) o Chárter Cities. Algunos meses antes, el terreno había sido allanado con las reformas constitucionales necesarias, como para facilitar el desenvolvimiento de las empresas inversoras extranjeras.
¿Pero qué son las Ciudades Modelo?
Según el artículo 329, de la reformada Constitución hondureña, “son entes creados con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región".
Sin intervención ni regulación gubernamental, las CM o Región Especial de Desarrollo RED (como se las llama en los documentos oficiales) serían nuevos países creados artificialmente dentro de Honduras. Una vez establecido el marco legal, la Ciudad Modelo tendría libre albedrío para gobernarse, administrarse, firmar tratados, marcar su política monetaria, contar con tribunales de justicia y policía propios, hacer su presupuesto y hasta contraer sus propias deudas internas o externas. Éstas no tendrán la obligación de transferir recursos a Tegucigalpa, salvo por becas de estudio o catástrofes nacionales. Es decir, no pagarían ningún tributo sobre sus acciones.
El proyecto es tildado por una gran parte de la sociedad y los intelectuales hondureños como “excluyente y dirigido a clases privilegiadas”. Este concepto de ciudad reúne una serie de características curiosamente peligrosas para la soberanía de cualquier Estado. Las Ciudades Modelo serían autónomas -en referencia a los territorios incorporados-, y por lo tanto los municipios perderían jurisdicción sobre los mismos.
En cierta medida, una CM se asemeja a un paraíso fiscal; un territorio caracterizado por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a “ciudadanos y empresas no residentes”. Estas ventajas consisten, principalmente, en una reducción muy significativa -o exención total- en el pago de los impuestos.
Pero, ¿a quién se le ocurrió todo esto? ¿Quién lo impulsa?
Aquí es donde aparece la figura de Paul Romer. Norteamericano, neoliberal radical, licenciado en la Universidad de Chicago donde estudió matemática y física. Desde 1996, es Profesor de Economía en la Graduate School of Business de Stanford. Con el tiempo dejó la investigación académica para dedicarse a su propia empresa: promover su proyecto de Charter Cities.
Romer explica que, en las CM, la base del desarrollo no es la tecnología ni el conocimiento, sino las “buenas normas”, leyes y costumbres que permitan canalizar la energía creativa de las personas. Dice que la causa del subdesarrollo de países son las malas leyes que no incentivan la inversión de multinacionales, y sostiene que la solución sería cambiar las normas y las reglas del juego.
Esas “malas normas” de las que habla Romer, son sencillamente las leyes del estado hondureño, promulgadas por su sistema legislativo, para protección de los derechos laborales de los trabajadores, las empresas estatales y las facultades de los consumidores, que –según Romer- son los enemigos de la inversión privada.
Pero paradójicamente, este ideólogo de las CM, a quien el Congreso Nacional y el gobierno hondureño encomendaron que crease este tipo de estructuras -para las cuales hizo modificar varios artículos de la Constitución y llevar a cabo sus planes de inversión- renunció repentinamente en los primeros días de septiembre. ¿Por qué? Adujo discrepancias con las modificaciones realizadas a su propuesta y poca transparencia por parte del gobierno.
Lo peligroso de ese futuro promisorio que enarbolan las CM es que, para que existan y prosperen, se debe -indefectiblemente- suspender el sistema democrático. En teoría, el ente denominado Comité de Transparencia, formado por notables entre los que se encontraba Romer, regiría estos enclaves hasta que la población estuviese preparada para la nueva democracia, y así evitar procesos de corrupción. Un escenario de ribetes ciertamente utópicos y -a la postre- poco concebibles en la práctica.
La polémica se instaló también sobre la integridad de los notables “transparentes” que conformarían este Comité de Transparencia, el cual sería designado por el mismo gobierno de Porfirio Lobo. Pero la salida de Romer, que indicaría en la lógica la caída general del proyecto, abrió la puerta para el ingreso de un nuevo, inesperado y misterioso actor al set de esta inverosímil historia.
Sin Romer, ¿quiénes serían los inversionistas? No se sabe. O sí. Existe un enorme manto de misterio, tanto que los mismos congresistas, que hace un año aprobaron esta iniciativa casi por unanimidad, ahora recularían ante la poca claridad que conlleva el proyecto.
De un momento a otro apareció un grupo inversor denominado MGK que finalmente firmó el tan mentado convenio para construir las CM. Cuando Romer se enteró de este convenio firmado a sus espaldas, decidió renunciar. Repentinamente, y ante la poca claridad del contrato, MGK lanzó su flamante sitio web en septiembre de este año, ante lo cual, la prensa hondureña calificó a este sospechoso accionar como el de una “empresa fantasma”.
Los detalles del contrato son un misterio. Suscrito entre los privados y el Gobierno -a través de la recientemente creada “Comisión para la Promoción de Alianzas Publico-Privadas” (Coalianza)- son de acceso exclusivo para los funcionarios. Estos alegan una cláusula de confidencialidad, ante lo cual ni el periodismo ni ningún ciudadano puede acceder a la información.
Michael Strong, director ejecutivo y cara visible de MGK, oficializó la vigencia del mencionado convenio, que tuvo como testigo al mismísimo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. “Grupo MGK y el Gobierno de Honduras han unido fuerzas para proveer a los hondureños con más trabajos y mejores condiciones de vida. Esperamos poder ayudar a que Honduras se convierta en uno de los países más prósperos del hemisferio occidental”, encabeza el sitio www.grupomgk.com de reciente aparición.
MGK le asegura a los hondureños que “las familias no vivirán con miedo”, que los “hijos podrán andar en bicicleta por el barrio” y que no tendrán que “arriesgar la vida para emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, comprometiendo la unidad de la familia para encontrar mejores posibilidades”, entre otros beneficios.
La empresa certifica además que acaba de suspender un proyecto similar en Europa para dedicarse “exclusivamente a la futura intervención en Honduras”. “A medida que el proyecto avance haremos muchos anuncios emocionantes en nuestra labor para la creación de más puestos de trabajo y una vida mejor para los hondureños”, agregó la empresa en el mencionado sitio de internet.

LAS ZONAS QUE SERÍAN CIUDADES MODELO
Coalianza identificó tres zonas, como posibles espacios para la instalación de Ciudades Modelo. Una de ellas está ubicada en el noreste, llamada Punta Castilla y Valle de Sico y Paulaya, sector que –entre varias ciudades- comprende a la Biósfera del Río Plátano. Esta reserva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, está comprendida por una selva tropical con flora y fauna diversa, en la que miles de indígenas siguen viviendo en forma tradicional.
Una segunda franja corresponde al noroeste, y el tercer sector está en el extremo suroeste. La particularidad es que estas tres zonas se encuentran sobre el mar y ya están desarrolladas. Además se encuentran bajo jurisdicción de diversos gobiernos locales, que perderían control sobre esos vastos territorios. Existen municipalidades como las de Puerto Cortés y San Lorenzo, que podrían perder sus puertos, pues pasarían directamente a manos de las RED.


LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Las comunidades indígenas presentaron al menos 30 recursos de inconstitucionalidad contra las Ciudades Modelo, de los más de 50 que fueron presentados, y que lograron detener momentáneamente este proceso. Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la etnia Garífuna (con 600 mil residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, y Estados Unidos), descendientes de esclavos africanos e indios caribes, el proyecto enmascara la intención de entregar "100 kilómetros cuadrados del territorio nacional al capital financiero internacional", para permitir todo tipo de ilegalidades, como el lavado de dinero.
A pesar de las supuestas buenas intenciones de los diputados y otros equinos que manejan el destino del país, la ley aprobada subasta la soberanía nacional al mejor postor, despreciando al pueblo hondureño, al no informar apropiadamente los objetivos precisos de las compañías inversionistas y las reglas del juego”, sentenció la organización en un comunicado publicado en septiembre.
Cítrica conversó con la periodista hondureña Eleana Borjas Coello, de Conexihon, quien sostuvo que “si bien la última de las noticias es que la Corte Suprema de Justicia ha declarado como inconstitucionales a las Ciudades Modelo (con cuatro votos a favor y uno en contra) no es garantía de nada aún”. “Como no hubo unanimidad, la decisión pasará al Pleno de Magistrados de la Corte”. El único juez que votó en contra se lo vincula con tener intereses personales y una amistad cercana con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, principal impulsor del proyecto.
Borjas Coello confirmó que Berta Cáceres, coordinadora del COPINH, consideró que “la creación de las Ciudades Modelos es la mayor entrega del territorio, de los bienes comunes y de la naturaleza donde viven poblaciones. Es el mayor enclave, la mayor entrega del país en estos 500 años. Nuestra posición es firme. Vamos a seguir luchando en todos los espacios y formas posibles”.
Agregó que el COPINH y OFRANEH alzaron “la denuncia en la Relatoría Espacial de Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque quieren saquear y privatizar nuestros ríos en el caso de la hidroeléctricas , mineras y eólicas”.

La coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda,  manifestó que desde el momento en que se aprobó la creación de las Ciudades Modelos “fuimos categóricos como organización en oponernos una vez más a la entrega del territorio. Se están entregando los territorios y los recursos del pueblo hondureño”.
En tanto, el partido Libertad y Refundación (Libre) que coordina Manuel Zelaya, derrocado de la Presidencia hondureña en junio de 2009, rechazó “categóricamente” la puesta en marcha de la ley de las denominadas “ciudades modelo” porque “es una abominación contra la soberanía nacional”.
Además, existe una campaña de profesionales hondureños en la que -todos los miércoles- se manifiestan en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para rechazar el proyecto. Entre ellos se encuentran la reconocida periodista Sandra Marybel Sánchez (a quien hace unos días un policía le pidió disculpas por haberla agredido en una manifestación) y Jari Dixon Herrera, abogado y ex fiscal del Ministerio Público.
El debate está instalado en la sociedad hondureña y las posturas son claras y férreas. Por un lado, los que apoyan al proyecto hablan sobre la posibilidad de que este tipo de emprendimientos en zonas supuestamente áridas y sin actividad económica ayuden al país a desarrollarse, a crear fuentes de trabajo, dignidad y progreso en una nación con altísimos niveles de pobreza y analfabetismo.
Por el contrario, los detractores hablan sobre una deshonra de la soberanía tanto en tierra como marítima, una suerte de golpe de estado a la voluntad popular para habilitar actividades espurias de capitales extranjeros que sólo se enriquecerán, y con el tiempo se irán, dejando al país aún más pobre. Además de los trastornos ecológicos que podría causar el hecho de instalar ciudades -exigen un desmedido consumo energético y el agotamiento de energías baratas- en zonas donde priman vergeles y ecosistemas sensibles.
Por ahora, el Gobierno hondureño ha expresado que el futuro de las CM se verá suspendido hasta que pasen las elecciones primarias de noviembre próximo y que, a posteriori del acto eleccionario, se avanzará con el debate legislativo en ese sentido. Las cartas están sobre la mesa, pero las reglas del juego siguen siendo confusas.
Más información, fotos y audios en www.revistacitrica.com.ar

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