La Corte de la Impunidad

Opinión: elPeriódico, 20 de noviembre de 2012

La Corte de la Impunidad

Esperamos que los  jueces y magistrados dignos se nieguen a respaldar con su firma semejante aberración jurídica..

Miguel Ángel Albizures

En medio de la tragedia reciente y en las proximidades de la Navidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que, de acuerdo con la determinación final que tomen en estos días, podría llegar a llamarse la Corte de la Impunidad, se preparan para retorcer y aplicar la Ley de Reconciliación Nacional en los casos de militares y civiles que están siendo juzgados por crímenes del pasado. El país necesita de magistrados probos, que resistan las presiones, que no obedezcan órdenes y mantengan incólume la independencia de poderes.

Cuadrarse frente a los militares como Ríos Montt, López Fuentes y otros agazapados en asociaciones de militares retirados y en activo, o dejarse convencer y aceptar las presiones de los abogados defensores, que siempre han recurrido a sendos amparos para paralizar los procesos judiciales, es realmente no tener ni una pizca de dignidad y prestarse para prostituir todo el sistema de justicia.

Esperamos que los jueces y magistrados dignos, aquellos que piensan en el país y que han contribuido a que el país avance hacia un auténtico Estado de Derecho, se nieguen a respaldar con su firma semejante aberración jurídica y denuncien las componendas de aquellos que han puesto oídos y han doblado el brazo frente a quienes son los responsables de que el país se encuentre en reconstrucción permanente del sistema de justicia y que han contribuido a su hundimiento.

Es el momento preciso que el movimiento social y los ciudadanos que aspiramos a otro tipo de país exijamos de los magistrados el rechazo total a las presiones y el mantenimiento de la independencia del sistema de justicia. Hay que pasar de las posiciones declarativas a la acción contundente frente a las Cortes, para recordarle a los magistrados su función y la grave responsabilidad histórica que conllevaría la aplicación tergiversada de la Ley o la aplicación de cualquier amnistía. La lucha contra una determinación de esa naturaleza, que ya la tienen preparada algunos magistrados, debe darse por el país, por respeto a las víctimas y a sus familiares. 

Los magistrados, si tienen dignidad, no pueden pasar sobre el Artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, que es explícita: “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los Tratados Internacionales ratificados por Guatemala”.