El 30 de noviembre celebramos el Día del Periodista en Guatemala, y el festejo sirve siempre de marco para recordar cuán importante es la tarea de periodistas que día a día revelan los abusos de poder, a menudo, bajo condiciones riesgosas.
Claudia Méndez Arriaza cmendeza@elperiodico.com.gt • Twitter: @cmendeza
Es una historia real. Y, sin embargo, es una historia incompleta. Me quiero referir en esta ocasión, en este año de celebración del Día del Periodista, a una deuda importante que el periodismo sostiene con el público guatemalteco. Aún no alcanzamos una prensa capaz de fiscalizarse a sí misma: descubrir sus errores y ventilarlos abiertamente desde sus páginas en un ejercicio de libertad de expresión, pero sobre todo, de transparencia.
El periodismo es ejercido por hombres y por mujeres. Y, por ende, es falible. Los errores, no obstante, aunque son naturales, son aterradores. Uno de mis profesores de ética periodística solía repetirnos una frase común: “Los médicos entierran sus errores. Los abogados los encierran. Los periodistas, en cambio, los publicamos”. Y a esa premisa se añade otra aún más contundente: el capital de un medio de comunicación es su credibilidad. Y cuando la pierde, equivale a estar en bancarrota.
Entonces, ¿qué haremos?, ¿esconder las equivocaciones?, ¿vamos a enterrarlas hasta que estén putrefactas y su olor se levante de la tierra? ¡Todo lo contrario! Si el fin de la profesión es buscar la verdad para revelarla al público, es inconsistente esconder las realidad sobre el ejercicio de esa búsqueda.
Es un proceso doloroso que un diario salga a contarse a sí mismo las costillas con la misma rutina y precisión que lo hace con el poder. No conocemos casos de esta envergadura en el periodismo guatemalteco. No quiere decir que no existan o que no sean necesarios. Mientras escribo esta columna reviso una interesantísima tesis de grado publicada en 2005 en la Universidad Rafael Landívar por Silvia Duarte Amado, exeditora de este diario y actual directora de la revista Sampsonia Way en Pittsburgh, Filadelfia. Un análisis frío a una rutina sencilla en los diarios guatemaltecos: ¿hay consecuencia con la Ley de Emisión del Pensamiento y el derecho de respuesta que los diarios aplican a quienes resultan afectados en sus publicaciones?
La respuesta fue categórica: no la hay. Y cuando se puede creer que quienes más protestan ante noticias infundadas pueden ser funcionarios de Gobierno, vaya esos señorones que están sentados en el poder oficial, estos apenas representaron un 27 por ciento de los casos que evaluó la investigación. La mayoría eran civiles.
El descubrimiento de la tesis es aún más revelador: los diarios guatemaltecos esconden esas aclaraciones en las páginas interiores, con mucho temor de que sean ventilados con el mismo despliegue y pompa que la noticia original. No es esta la condición que dicta la ley. Es una incongruencia con los titulares que despliegan en sus páginas cuando señalan que los funcionarios incumplieron las normas.
La investigadora descubrió que los juicios de prensa en este país se basan en una legislación obsoleta que deja indefensos a quienes resulten afectados a raíz de publicaciones que afecten su dignidad y honor.
O respóndame, ¿cuándo fue la última vez que escuchó o vio publicados los resultados de un juicio de prensa? ¿hemos leído, acaso, sobre demandas que reclamen la indemnización a los daños que un periódico puede provocar a raíz de malas prácticas o negligencias de sus periodistas?
No las ve porque no existen. O su existencia es mínima. Solo el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, anuncia con alegría en sus redes oficiales cuando un fallo legal obliga a un diario a retractarse y corregir sus equivocaciones.
El riesgo, no obstante, es que puede personalizar demasiado las circunstancias, y entonces el lente con el cual se evalúan es distinto: menos racional y más emocional.
El periodismo guatemalteco ha avanzado positivamente en la última década. Y sus retos son enormes de cara hacia el futuro, pero la tarea que ha dejado pendiente es urgente. Y está allí en la mesa con reclamos de ser atendida.
El público no puede creer en periodistas que reclaman transparencia e integridad del poder cuando descubre que ellos mismos burlan la ley que regula su ejercicio. También resulta ingenuo creer que con emprender esos pasos los medios de comunicación perderán. El proceso puede ser doloroso, pero, ¿desde cuándo las transformaciones y evoluciones no lo son?
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