Frente Nacional de Lucha
Por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales
Análisis del Primer Año del Gobierno
Guatemala, 8 de enero del 2013
1.- En lo económico:
Las autoridades de Gobierno dan muestras de estar plenamente dispuestas a continuar con las políticas de sus predecesores. Pero esto no es cosa nueva, de hecho, no es ni más ni menos que lo que cabía esperarse. Que un Gobierno de derechas siga los pasos de quienes lo anteceden, (también de derechas), no resulta en absoluto una novedad. Exactamente igual habría ocurrido si, en vez de Otto Pérez, hubiera ganado Baldizón o cualquier otro. Pero ello no ocurrió, por lo que estos apuntes hacen referencia al actual Gobierno del Partido Patriota. Veámoslo, por ejemplo, en el campo de la política fiscal:
Este Gobierno buscó congraciarse con los sectores que detentan el poder real dentro de este país, mediante la aprobación de un paquetazo fiscal que beneficiaba a los de siempre, pero perjudicó a la clase media, (y, por efecto de cascada, a los más pobres), condenándolas al borde mismo de la extinción. Medidas como, por ejemplo, el aumento al cobro del impuesto de circulación de vehículos o el cambio en las políticas de crédito fiscal, afectando las políticas fiscales en perjuicio de los pequeños y medianos contribuyentes, sirven para evidenciar una voluntad de favorecer exclusivamente a los grandes. Este paquete tributario fue aprobado en tiempo récord y muy a la medida del CACIF.
Otro tanto hizo en lo referido al campo internacional. Está claro que las poderosas transnacionales, ávidas de dinero y dueñas de un inmenso poder, han tenido que vérselas con los matices de un disfraz de cambios mínimos. Por ejemplo, se elevó el monto de las regalías que deben pagar las empresas mineras extranjeras, pero sin que ello llegue a causarles perjuicio alguno. Es más, quizá quedó peor la situación, pues ahora es voluntaria la tasa, con lo que se le dice a estas empresas que, de hecho, el país y sus recursos están a su disposición. En términos reales, la forma en que este (y otros gobiernos anteriores) se pliegan ante el menor vaivén de las transnacionales, es sencillamente vergonzosa. Aquí, es suficiente que uno de los “Jefes” manifieste un deseo, para que corra un tren de serviles en su apoyo. Aquí, basta con que el Pretor exprese su voluntad, para que ello se convierta en ley.
Otro aspecto en que hay total pliegue a la voluntad de estas empresas es la forma en que las fuerzas de seguridad del Estado están a su servicio, no solamente protegiéndoles contra cualquier denuncia o protesta de la población, sino amparándoles en la impunidad cada vez que sus personeros, empleados o guardias, cometen cualquier abuso, crimen o violación. La forma en que el Estado brinda la mal llamada seguridad para la inversión de las transnacionales es vergonzosa: No es protegiéndoles contra la delincuencia, pues sabido es que ellas, de todas formas, cuentan con ejércitos privados para su seguridad. Más bien es aplastando cualquier asomo de denuncia contra sus malas prácticas en lo laboral, en lo ambiental y en la soberanía nacional.
Ha sido demostrado ampliamente, por diversos informes y estudios de entidades serias, que los efectos de la minería en el medio ambiente son desastrosos. Sin embargo, el Gobierno sigue protegiendo a capa y espada a las empresas depredadoras y sus prácticas nefastas. El incremento de monocultivos, implica la destrucción de amplias áreas anteriormente boscosas, así como la pérdida de amplias zonas agrícolas cultivables que pudieran estar destinadas para la producción de alimentos. En síntesis, ocurre cuanto tiene que ocurrir cuando un territorio se destina a la producción de dólares en vez de alimentos. Bien sabido es que, cuando se dedica la tierra a producir nada más que monedas, debemos resignarnos al hecho lamentable de que la cosecha no es nuestra.
Por otro lado, un Estado que tiene dos salarios mínimos establecidos, uno para toda actividad laboral y otro sólo para las industrias maquileras y exportadoras, es el colmo de la inequidad, en detrimento de la propia población a la que debiera servir.
Por si lo anterior fuera poco, todavía las industrias extractivas, no conformes con todas las ventajas que tienen, se auto-ubican, con todo el permiso del Estado, en el renglón de las maquilas para estar así exentas de muchas obligaciones fiscales y pagar salarios de hambre.
Lo mismo ocurre con los llamados Call Centers o Centros de Llamadas, que también operan bajo la sombrilla de las maquilas. Son miles de jóvenes los que se ven forzados a trabajar en condiciones de trabajadores de maquilas, aunque su trabajo sea otro. Guatemala es, en lo económico laboral, un paraíso para las empresas y un infierno para los trabajadores y para las comunidades.
Si bien es cierto, algunas de estas condiciones ya se habían implantado en Gobiernos anteriores, lo mencionamos por el simple hecho de que este Gobierno no sólo no ha dado un paso para cambiar esa situación, sino que, en su lugar, amplía privilegios al sector empresarial nacional y extranjero.
Aunque sin duda el bolsillo del Estado se ha visto afectado por la crisis internacional que nos golpea, lo cierto es que en términos de presupuesto, el monto general se ha visto incrementado sustantivamente. Hemos pasado de 59.500 millones de quetzales el año anterior a 67.000 millones el actual, es decir, un jugoso aumento del 12.5%. Hay que decir que el presupuesto de la nación se ha orientado, bajo el pretexto de la seguridad, a dar más fondos al Ejército. En cambio, para salud y educación los presupuestos han sido magros. Y para el desarrollo rural, nada, ni un centavo. Es decir, nada que no favorezca a los oligarcas de siempre.
En cuanto a lo estructural y productivo, su política de desarrollo rural es ni más ni menos que el desarrollo rural de las empresas agroexportadoras. Nunca será del desarrollo del pequeño o mediano productor y mucho menos una política acabar con el hambre y la desnutrición mediante la priorización de la producción de alimentos.
Esto ha quedado demostrado fehacientemente por la no aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Bastó que los personeros del CACIF somataran la mesa en el Congreso para que esta aprobación se detuviera. Vergonzosamente para nosotros como país ante el mundo, el personero de esta entidad, se dejó decir de manera pública que una de las razones para adversar la ley es que ella, prioriza la producción de alimentos. Dicho esto en un país en donde la mitad de la niñez se muere de hambre no es más que vergüenza y asco.
La continuidad de los programas sociales para paliar la crítica situación de hambre y desnutrición que padece la población, (a pesar de haberles duramente criticado durante el gobierno anterior), demuestra su falta de visión de largo y mediano plazo en lo económico en función de las mayorías. Para ellos resulta más cómodo arrojar migajas, mientras se compromete la voluntad de población, que en verdad tener el valor de abordar los problemas de fondo. El muy cacareado programa Hambre Cero, ha avanzado poco. Es decir, una de las características de las políticas de este Gobierno es el procurar un impacto mediático rimbombante con el anuncio de proyectos, programas y políticas, pero con una implementación, gris, nula o inexistente. A la hora de revisar resultados, sale reprobado. Lo que sí abundan son las excusas, pretextos y supuestas razones para los magros resultados. Mucho ruido y pocas nueces en otras palabras.
Este Gobierno, que prometió crear 65 mil nuevos puestos de trabajo, no sólo no ha disminuido las elevadas tasas de desempleo prevalecientes, sino que, peor aún, las ha aumentado, al proceder a despedir a miles y miles de empleados públicos sin causa aparente. El índice nacional de trabajo informal ha crecido en los 12 meses que lleva este Gobierno, desde un 71% hasta un 75%, según datos que esgrime el INE. La cifra ascendente es alarmante.
2.- En lo político:
Las autoridades de Gobierno apuntan hacia un cambio de personalidades, pero nunca hacia una rotación de ideas. Las ideas son las mismas de sus queridos antecesores. Entonces, ciertamente cambian los rostros de quienes nos gobiernan, pero no se mueven, ni para atrás ni para adelante, los añejos principios que determinan su práctica.
Aunque en el gabinete hay algunos funcionarios con una trayectoria más o menos progresista, como es el caso de Lucy Lainfiesta a la cabeza del Ministerio de Desarrollo, o que incluso provienen de organizaciones sociales, las ideas y las prácticas de derecha no cambian y van en consonancia, muy a su pesar, con el plan de políticas neoliberales. Al fin y al cabo, ese es el plan de los sectores de derecha. Si para algo habría servido la colocación de estos personajes, es para entretener el diálogo mientras se aplica la mano dura contra los sectores sociales. Más que evidente es el fracaso continuo en el abordaje y resolución de la conflictividad social.
En cuanto a lo legislativo, fracasó su paquete de reformas a la Constitución, pero no sólo por presión social, sino también porque no era totalmente a la medida del CACIF y porque en el legislativo hay otros intereses de partidos de derecha también, pero diferentes a las intenciones de Pérez Molina. Este estrepitoso fracaso ha permitido apreciar cómo los gobernantes de turno, ceden su paso ante el freno que emana desde las derechas más poderosas del país.
El haber hecho la pantomima de querer aprobar la Ley de Desarrollo Rural, pero en la práctica demostrar su total pliegue a los dictados del CACIF, es una muestra más de que no se puede esperar que pretenda abordar de manera seria, uno de los principales e históricos problemas de fondo que aquejan al país.
La corrupción sigue marcando el ritmo. Porque, además de los corruptos de ayer, se tienen corruptos nuevos. La falta de transparencia les resulta como anillo al dedo a estos corruptos nuevos. Fraccionamiento de gastos, licitaciones dudosas (que han tenido que suspenderse por eso mismo), y otorgamiento de contratos a familiares, amistades y allegados al partido oficial son hechos constantemente señalados por los medios, pero rara vez seguidos por las entidades responsables de este tipo de control.
Existe un marco de total ingobernabilidad en el Congreso de la República. La bancada del Partido Patriota está desarmada, al igual que otras bancadas. El transfuguismo se ha instalado ya como una práctica mediante la cual los diputados se saltan de un partido al otro, sin importarles en lo más mínimo el respeto por sus electores. Nombraron a un Procurador de los Derechos Humanos que es bueno, muy bueno, sólo para no hacer nada. Su paso por la PDH, este año, ha sido como si un fantasma habitara esa posición. Fue además un nombramiento bajo la directriz del partido oficial, bajo mil argucias, quizá legalistas, pero para nada éticas o legítimas.
En otros asuntos de tipo político, de hecho ya el Partido Patriota mostró, desde antes de asumir el poder, cuál sería su tónica: al estilo de “Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata”, usurpó una diputación en Huehuetenango a un partido de izquierda, manipulando datos con el aval del TSE, para otorgar la curul a uno de sus candidatos. Hasta la fecha, aunque la Corte Suprema de Justicia ha dado la razón al otro partido ganador, el TSE no ha hecho efectivo el cambio. Es deseable que proceda, tan pronto como sea posible.
3.- En lo social:
En este Gobierno no hay diálogo, hay confrontación e imposición. Hay un discurso mediático que quiere aparentar diálogo, pero hay una práctica dictatorial.
Ven a los movimientos sociales como si fueran sus adversarios. Esto viene a determinar su futuro: a ellos, por cuanto son claros opositores de su gestión, les deja caer el bastón de su experiencia militar, con todo el leño que ello implica.
No ha sido capaz de manejar ni resolver la conflictividad social de forma inteligente. La política de criminalización de las organizaciones populares, consistente en hacer caer sobre ellas todo el peso de la crítica destructiva y calumniosa pero ausente de razón, ha cobrado nuevos bríos. A juicio de algunos funcionarios de Gobierno, (avalados por el silencio cómplice de todos), quienes adversan al Gobierno adversan, asimismo, la democracia. Miran a las organizaciones populares como si fueran la mismísima encarnación del demonio. Y actúan, entonces, dejándose llevar por ese espejismo. Esparcen en el imaginario social, igual que gobiernos anteriores, una asociación malévola entre defensor de derechos y terrorista. Riegan la idea de que todo aquel que lucha por un derecho individual o colectivo es comparable con o equivalente a delincuente, criminal, terrorista. Establece por lo tanto, las premisas para justificar la represión, la persecución y hasta la ejecución.
El estado de sitio decretado en Santa Elena Barillas fue una muestra de la forma en que se atiende el conflicto social. La masacre de Alaska, cometida por el Gobierno, y los consecuentes exabruptos de su canciller, fueron facturas políticas que tuvieron un costo muy alto para este Gobierno. El férrea defensa armada de los intereses empresariales por encima del derecho a la vida y a un ambiente sano y saludable en todo el país y, recientemente, en San José del Golfo, demuestran para qué han servido los votos y los impuestos. Nuestros impuestos compran las balas que nos asesinan y los votos de los ilusos colocan en su puesto a quienes emiten la orden de fuego.
En lugar de escuchar y atender las demandas de los sectores sociales, impone su voluntad, la mayoría de las veces, muy por encima de toda lógica, razón o análisis serio. Tal es el caso del problema en relación con los abusos de las empresas de distribución de energía eléctrica. Problema que, aunque heredado de gobiernos anteriores, no ha querido abordar con ánimos de resolver.
Otro ejemplo es la imposición, a sangre y fuego, de las reformas a la carrera del magisterio. Es una reforma que carece de sustento técnico (dicho por boca de autoridades reconocidas en materia de educación), ausente de fundamento legal y que padece de serios vacíos en cuanto a financiación para su implementación. Se llevó a cabo una simulación de diálogo en el tema y se hizo caso omiso de las sugerencias de la comunidad educativa que participó en la sesiones. Dicho sea de paso, ese diálogo tuvo que abrirse, ante las medidas de hecho asumidas por estudiantes, maestros y padres de familia ante la total sordera de la Ministra de Educación. El resultado, es un fracaso para la educación en el país.
Hoy, a muy poco tiempo de iniciarse el ciclo escolar del 2013, no hay certidumbre, de ningún tipo, (ni legal, ni técnico, ni presupuestario, ni institucional) en cuanto al futuro de la carrera magisterial. Lo que pudo haber sido el inicio de una reforma, por supuesto, necesaria, pero consensuada y construida colectivamente por quienes son actores y sí saben de educación, resultó en un imponer, una vez más, con bota militar, la voluntad de quienes en lugar de servidores públicos se creen monarcas.
Aunque la Ley de Desarrollo Rural se ubica en el factor económico por su vocación de abordar lo estructural, también se le puede analizar desde lo social en tanto pone en evidencia la política social de las autoridades de turno: esta política en síntesis, está totalmente en contra de los sectores mayoritarios y a favor de la minoría poderosa. Las derechas, una vez más, han vencido al pueblo en su voluntad de hacer algo renovador. Otro triunfo de las derechas, a pesar de que, en este caso, la Ley de Desarrollo Rural marcaba a favor de la atención a problemas sentidos para la población. Aunque dista mucho de ser una reforma agraria, fue etiquetada como tal por los retrógrados de siempre para justificar su oposición. De hecho, omiten, estos sectores, que en efecto ha habido reforma, pero a favor de los grandes agroexportadores y empresas, a costa de desalojos, asesinatos, represión y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Esa reforma, que es un hecho, ni la mencionan.
En este Gobierno, es más evidente el carácter militarista en todos los ámbitos de la vida social del país. La presencia de fuerzas castrenses en el desarrollo de tareas civiles ha sido llevada hasta los extremos. Hasta en las ceremonias organizadas por movimientos Mayas que no se apegaron a su programa oficial del 13 Baktún, el Gobierno envió soldados que cumplían con la misión de intimidar a la gente.
El General si tiene, por ahora, quien le escriba. Aunque sea mal, pero con destinatario.
En relación con salud y educación hay una desatención alarmante. Las políticas de cobertura y calidad en la prestación de servicios están ausentes. No hay políticas eficientes de prevención lo cual quedó al descubierto con el terremoto de este año. El énfasis de la atención a lo social está en los programas que mitigan la aguda situación, pero no en la implementación de programas o políticas de mediano y largo plazo que busquen abordar la raíz de la situación que aqueja a la población.
En educación, hubo más preocupación por imponer una reforma a la carrera del magisterio, que de atender cobertura y calidad de la educación.
En salud, hubo más preocupación por pagar facturas políticas, dando mano libre a diputados y alcaldes (que nada, absolutamente nada, debieran de tener que ver con nombramientos) para que impulsen el despido de trabajadores y nombren a sus allegados, que por el abastecimiento y mejoramiento de la calidad de la atención. Los diputados se han convertido de manera pública pero vergonzosa, en agencias de empleos políticos.
El avance hacia la privatización de servicios públicos avanza otro renglón con este gobierno también (al igual que con sus predecesores), al continuar con las políticas de sub-contratación, tercerización y contratación de ONGs para-estatales (muchas de las cuales son ONGs de familiares y allegados de funcionarios).
Aquí lo importante a destacar en todo caso, es efectivamente la continuidad y ampliación de las mismas políticas de los gobiernos anteriores, con lo cual queda demostrado que no es una agenda de gobierno o de Estado soberano, la que rige al país, sino que es la agenda Neo-liberal de la oligarquía y las transnacionales y que sólo cambia de administradores cada cuatro años.
En lo que corresponde a la seguridad, lo único diferente a gobiernos anteriores, reside en que es más evidente la naturaleza militar que impone a su gestión. Nos topamos con soldaditos hasta en la sopa. Y lo peor es que desfilan como apertrechados para la guerra. Esto se evidencia en el carácter militar de las acciones de represión contra la población que demanda atención a los problemas que afectan al país.
Este Gobierno aprieta más la tuerca en términos de la continuidad de la remilitarización del país. No le tiembla el pulso para escalar con desalojos y acciones de represión cada vez más violentas. Una muestra de ello es la masacre en la Cumbre de Alaska, hecho ocurrido en Octubre del 2012.
Pese al rimbombante despliegue publicitario dado a las operaciones contra el crimen organizado, en realidad, las cifras de muertes violentas y crímenes no han bajado. La violencia sigue golpeando a la población con un ritmo trepidante que, en la medida en que se vea enfrentado a políticas que no lo hacen variar, simplemente sigue su curso.
Aunque iniciado desde gobiernos anteriores, ahora también escala la injerencia de tropas y fuerzas de seguridad norteamericanas y sus operaciones en el país. Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, hoy es cada vez más frecuente saber de investigaciones lideradas por el FBI, de operativos por comandos de tropas norteamericanas o de la DEA.
4.- En lo internacional:
Tanto el Gobierno como su sui géneris Canciller, se han dedicado al impulso de iniciativas totalmente nacidas para fracasar. La propuesta para la legalización de la droga, en primer lugar, surgió rodeada de mil y más errores y, por lo tanto, nació para llevar al país hasta un estrepitoso fracaso haciendo el ridículo ante los demás países. En ese marco, se convocó a una reunión centroamericana de Presidentes, que no fue posible realizar debido a la notoria ausencia de los mandatarios convocados.
Es que, a nivel de Centroamérica, Guatemala dista mucho de ser quien lleva la guía. Pese a que Otto Pérez ha querido dar esa imagen, Guatemala, como país, sigue atrasada en muchísimos aspectos en los que otros países de la región ya han ido por lo menos avanzando en abordar. La herencia nefasta, de creerse aún la Capitanía del Reino, provoca ceguera política.
Por ejemplo, en cuanto a expresiones políticas y diversidad de fuerzas, casi sólo en Guatemala, reina y domina el escenario una derecha militarista y recalcitrante que piensa que aún vive en el siglo dieciocho. Basta con ver quién es quién en Centroamérica, para darnos cuenta de que, aquí, estas derechas que nos gobiernan son minoría.
El FSLN en Nicaragua, el FMLL en El Salvador, son fuerzas en el ejercicio del poder. En Honduras, Costa Rica y Panamá las izquierdas, aunque no son Gobierno, suman votos por cantidades significativas. La derecha ganó, en Costa Rica, por cuatro mil votos. Cuatro mil más que los que tuvo una izquierda beligerante, que no se reduce a un 2%. Suma la mitad de todos los electores.
Otra muestra del fracaso lo es el tema del status de protección temporal, TPS (por sus siglas en inglés). Se requirió un terremoto para que el Gobierno tomara el pedido como cosa suya, y ni así se logró. No fue suficiente para que los Estados Unidos nos otorgara el TPS. Mientras muchos de los migrantes en Estados Unidos, más bien abogan por una reforma migratoria en ese país, nuestro Gobierno se queda peleando un TPS poco probable.
De cualquier manera, es evidente que el papel del Canciller ha sido no solamente nulo en relación a su papel, sino perjudicial en tanto que ha tenido que disculparse públicamente más de una vez por su falta de diplomacia. Cabe hacer notar que la mayoría de iniciativas (fracasadas o no) han sido impulsadas por el mismo Presidente y no tanto por el Canciller.
Un Ministro de Relaciones Exteriores que no tiene iniciativa y que las pocas veces que actúa, carece de capacidades diplomáticas, es la evidencia más clara de lo caro que resulta, pare el Gobierno y para el pueblo que pagamos con nuestros impuestos, el pagar facturas y convenios electoreros con puestos públicos.
Tenemos, pues, un Gobierno que es mera copia de los anteriores, cosa que fue dicha por el FNL, puesto que es, de nuevo, la derecha la que ha ganado. Es justo, aquí, reflexionar qué hemos hecho con nuestros votos.
Quienes votaron por las derechas no tienen, aquí, nada de que quejarse. Es decir, el 98% de los electores carece de moral para abrir la boca.
Las principales conclusiones giran en torno a que es un Gobierno de continuidad de la agenda neo-liberal, con algunos matices mayores o menores de corte militarista.
Las expectativas de la población que quizá votó por este Gobierno, se han venido abajo de manera estrepitosa, desde muy temprano en su primer año de ejercicio en el poder.
No ha dado muestras de capacidad o voluntad de afrontar los problemas o asuntos de la Nación con la suficiente seriedad como para que sus políticas o prácticas muestren resultados tan siquiera aceptables. Ni siquiera en lo relativo a su bandera publicitaria pre-electoral, que era la seguridad ciudadana y el empleo, ha habido resultados.
Más de lo mismo, y quizá peor son las ideas dominantes de la opinión pública en relación con el Gobierno. Espectáculo, balas y migajas de pan, una gran inversión en publicidad y la ampliación de prerrogativas a las grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas al monopolio de la televisión y medios de comunicación, son las características principales que describen a este Gobierno.
La Lucha Sigue
¡Tras cuernos, palos!
Está justo por cumplirse el primer año de ejercicio del poder de un nuevo Gobierno. Es momento, por lo tanto, de hacer un alto en el camino y dedicarnos al análisis de su quehacer. Esto nos obliga a romper el silencio y dar por concluido el período de tregua en el que nos hemos visto sumergidos. Van ya 12 meses y, a lo largo de ellos, hemos padecido los mismos males que sufrimos durante los largos años, décadas ya, que antecedieron a quienes hoy nos gobiernan. Las derechas del país siguen marcando el rumbo. Hoy, seguimos reproduciendo, masivamente, la misma miseria que a lo largo de cerca de sesenta años. Pero basta de preámbulos. Veámoslo bien y, si coincidimos, analicemos, entonces, cómo hemos contribuido a ello.1.- En lo económico:
Las autoridades de Gobierno dan muestras de estar plenamente dispuestas a continuar con las políticas de sus predecesores. Pero esto no es cosa nueva, de hecho, no es ni más ni menos que lo que cabía esperarse. Que un Gobierno de derechas siga los pasos de quienes lo anteceden, (también de derechas), no resulta en absoluto una novedad. Exactamente igual habría ocurrido si, en vez de Otto Pérez, hubiera ganado Baldizón o cualquier otro. Pero ello no ocurrió, por lo que estos apuntes hacen referencia al actual Gobierno del Partido Patriota. Veámoslo, por ejemplo, en el campo de la política fiscal:
Este Gobierno buscó congraciarse con los sectores que detentan el poder real dentro de este país, mediante la aprobación de un paquetazo fiscal que beneficiaba a los de siempre, pero perjudicó a la clase media, (y, por efecto de cascada, a los más pobres), condenándolas al borde mismo de la extinción. Medidas como, por ejemplo, el aumento al cobro del impuesto de circulación de vehículos o el cambio en las políticas de crédito fiscal, afectando las políticas fiscales en perjuicio de los pequeños y medianos contribuyentes, sirven para evidenciar una voluntad de favorecer exclusivamente a los grandes. Este paquete tributario fue aprobado en tiempo récord y muy a la medida del CACIF.
Otro tanto hizo en lo referido al campo internacional. Está claro que las poderosas transnacionales, ávidas de dinero y dueñas de un inmenso poder, han tenido que vérselas con los matices de un disfraz de cambios mínimos. Por ejemplo, se elevó el monto de las regalías que deben pagar las empresas mineras extranjeras, pero sin que ello llegue a causarles perjuicio alguno. Es más, quizá quedó peor la situación, pues ahora es voluntaria la tasa, con lo que se le dice a estas empresas que, de hecho, el país y sus recursos están a su disposición. En términos reales, la forma en que este (y otros gobiernos anteriores) se pliegan ante el menor vaivén de las transnacionales, es sencillamente vergonzosa. Aquí, es suficiente que uno de los “Jefes” manifieste un deseo, para que corra un tren de serviles en su apoyo. Aquí, basta con que el Pretor exprese su voluntad, para que ello se convierta en ley.
Otro aspecto en que hay total pliegue a la voluntad de estas empresas es la forma en que las fuerzas de seguridad del Estado están a su servicio, no solamente protegiéndoles contra cualquier denuncia o protesta de la población, sino amparándoles en la impunidad cada vez que sus personeros, empleados o guardias, cometen cualquier abuso, crimen o violación. La forma en que el Estado brinda la mal llamada seguridad para la inversión de las transnacionales es vergonzosa: No es protegiéndoles contra la delincuencia, pues sabido es que ellas, de todas formas, cuentan con ejércitos privados para su seguridad. Más bien es aplastando cualquier asomo de denuncia contra sus malas prácticas en lo laboral, en lo ambiental y en la soberanía nacional.
Ha sido demostrado ampliamente, por diversos informes y estudios de entidades serias, que los efectos de la minería en el medio ambiente son desastrosos. Sin embargo, el Gobierno sigue protegiendo a capa y espada a las empresas depredadoras y sus prácticas nefastas. El incremento de monocultivos, implica la destrucción de amplias áreas anteriormente boscosas, así como la pérdida de amplias zonas agrícolas cultivables que pudieran estar destinadas para la producción de alimentos. En síntesis, ocurre cuanto tiene que ocurrir cuando un territorio se destina a la producción de dólares en vez de alimentos. Bien sabido es que, cuando se dedica la tierra a producir nada más que monedas, debemos resignarnos al hecho lamentable de que la cosecha no es nuestra.
Por otro lado, un Estado que tiene dos salarios mínimos establecidos, uno para toda actividad laboral y otro sólo para las industrias maquileras y exportadoras, es el colmo de la inequidad, en detrimento de la propia población a la que debiera servir.
Por si lo anterior fuera poco, todavía las industrias extractivas, no conformes con todas las ventajas que tienen, se auto-ubican, con todo el permiso del Estado, en el renglón de las maquilas para estar así exentas de muchas obligaciones fiscales y pagar salarios de hambre.
Lo mismo ocurre con los llamados Call Centers o Centros de Llamadas, que también operan bajo la sombrilla de las maquilas. Son miles de jóvenes los que se ven forzados a trabajar en condiciones de trabajadores de maquilas, aunque su trabajo sea otro. Guatemala es, en lo económico laboral, un paraíso para las empresas y un infierno para los trabajadores y para las comunidades.
Si bien es cierto, algunas de estas condiciones ya se habían implantado en Gobiernos anteriores, lo mencionamos por el simple hecho de que este Gobierno no sólo no ha dado un paso para cambiar esa situación, sino que, en su lugar, amplía privilegios al sector empresarial nacional y extranjero.
Aunque sin duda el bolsillo del Estado se ha visto afectado por la crisis internacional que nos golpea, lo cierto es que en términos de presupuesto, el monto general se ha visto incrementado sustantivamente. Hemos pasado de 59.500 millones de quetzales el año anterior a 67.000 millones el actual, es decir, un jugoso aumento del 12.5%. Hay que decir que el presupuesto de la nación se ha orientado, bajo el pretexto de la seguridad, a dar más fondos al Ejército. En cambio, para salud y educación los presupuestos han sido magros. Y para el desarrollo rural, nada, ni un centavo. Es decir, nada que no favorezca a los oligarcas de siempre.
En cuanto a lo estructural y productivo, su política de desarrollo rural es ni más ni menos que el desarrollo rural de las empresas agroexportadoras. Nunca será del desarrollo del pequeño o mediano productor y mucho menos una política acabar con el hambre y la desnutrición mediante la priorización de la producción de alimentos.
Esto ha quedado demostrado fehacientemente por la no aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Bastó que los personeros del CACIF somataran la mesa en el Congreso para que esta aprobación se detuviera. Vergonzosamente para nosotros como país ante el mundo, el personero de esta entidad, se dejó decir de manera pública que una de las razones para adversar la ley es que ella, prioriza la producción de alimentos. Dicho esto en un país en donde la mitad de la niñez se muere de hambre no es más que vergüenza y asco.
La continuidad de los programas sociales para paliar la crítica situación de hambre y desnutrición que padece la población, (a pesar de haberles duramente criticado durante el gobierno anterior), demuestra su falta de visión de largo y mediano plazo en lo económico en función de las mayorías. Para ellos resulta más cómodo arrojar migajas, mientras se compromete la voluntad de población, que en verdad tener el valor de abordar los problemas de fondo. El muy cacareado programa Hambre Cero, ha avanzado poco. Es decir, una de las características de las políticas de este Gobierno es el procurar un impacto mediático rimbombante con el anuncio de proyectos, programas y políticas, pero con una implementación, gris, nula o inexistente. A la hora de revisar resultados, sale reprobado. Lo que sí abundan son las excusas, pretextos y supuestas razones para los magros resultados. Mucho ruido y pocas nueces en otras palabras.
Este Gobierno, que prometió crear 65 mil nuevos puestos de trabajo, no sólo no ha disminuido las elevadas tasas de desempleo prevalecientes, sino que, peor aún, las ha aumentado, al proceder a despedir a miles y miles de empleados públicos sin causa aparente. El índice nacional de trabajo informal ha crecido en los 12 meses que lleva este Gobierno, desde un 71% hasta un 75%, según datos que esgrime el INE. La cifra ascendente es alarmante.
2.- En lo político:
Las autoridades de Gobierno apuntan hacia un cambio de personalidades, pero nunca hacia una rotación de ideas. Las ideas son las mismas de sus queridos antecesores. Entonces, ciertamente cambian los rostros de quienes nos gobiernan, pero no se mueven, ni para atrás ni para adelante, los añejos principios que determinan su práctica.
Aunque en el gabinete hay algunos funcionarios con una trayectoria más o menos progresista, como es el caso de Lucy Lainfiesta a la cabeza del Ministerio de Desarrollo, o que incluso provienen de organizaciones sociales, las ideas y las prácticas de derecha no cambian y van en consonancia, muy a su pesar, con el plan de políticas neoliberales. Al fin y al cabo, ese es el plan de los sectores de derecha. Si para algo habría servido la colocación de estos personajes, es para entretener el diálogo mientras se aplica la mano dura contra los sectores sociales. Más que evidente es el fracaso continuo en el abordaje y resolución de la conflictividad social.
En cuanto a lo legislativo, fracasó su paquete de reformas a la Constitución, pero no sólo por presión social, sino también porque no era totalmente a la medida del CACIF y porque en el legislativo hay otros intereses de partidos de derecha también, pero diferentes a las intenciones de Pérez Molina. Este estrepitoso fracaso ha permitido apreciar cómo los gobernantes de turno, ceden su paso ante el freno que emana desde las derechas más poderosas del país.
El haber hecho la pantomima de querer aprobar la Ley de Desarrollo Rural, pero en la práctica demostrar su total pliegue a los dictados del CACIF, es una muestra más de que no se puede esperar que pretenda abordar de manera seria, uno de los principales e históricos problemas de fondo que aquejan al país.
La corrupción sigue marcando el ritmo. Porque, además de los corruptos de ayer, se tienen corruptos nuevos. La falta de transparencia les resulta como anillo al dedo a estos corruptos nuevos. Fraccionamiento de gastos, licitaciones dudosas (que han tenido que suspenderse por eso mismo), y otorgamiento de contratos a familiares, amistades y allegados al partido oficial son hechos constantemente señalados por los medios, pero rara vez seguidos por las entidades responsables de este tipo de control.
Existe un marco de total ingobernabilidad en el Congreso de la República. La bancada del Partido Patriota está desarmada, al igual que otras bancadas. El transfuguismo se ha instalado ya como una práctica mediante la cual los diputados se saltan de un partido al otro, sin importarles en lo más mínimo el respeto por sus electores. Nombraron a un Procurador de los Derechos Humanos que es bueno, muy bueno, sólo para no hacer nada. Su paso por la PDH, este año, ha sido como si un fantasma habitara esa posición. Fue además un nombramiento bajo la directriz del partido oficial, bajo mil argucias, quizá legalistas, pero para nada éticas o legítimas.
En otros asuntos de tipo político, de hecho ya el Partido Patriota mostró, desde antes de asumir el poder, cuál sería su tónica: al estilo de “Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata”, usurpó una diputación en Huehuetenango a un partido de izquierda, manipulando datos con el aval del TSE, para otorgar la curul a uno de sus candidatos. Hasta la fecha, aunque la Corte Suprema de Justicia ha dado la razón al otro partido ganador, el TSE no ha hecho efectivo el cambio. Es deseable que proceda, tan pronto como sea posible.
3.- En lo social:
En este Gobierno no hay diálogo, hay confrontación e imposición. Hay un discurso mediático que quiere aparentar diálogo, pero hay una práctica dictatorial.
Ven a los movimientos sociales como si fueran sus adversarios. Esto viene a determinar su futuro: a ellos, por cuanto son claros opositores de su gestión, les deja caer el bastón de su experiencia militar, con todo el leño que ello implica.
No ha sido capaz de manejar ni resolver la conflictividad social de forma inteligente. La política de criminalización de las organizaciones populares, consistente en hacer caer sobre ellas todo el peso de la crítica destructiva y calumniosa pero ausente de razón, ha cobrado nuevos bríos. A juicio de algunos funcionarios de Gobierno, (avalados por el silencio cómplice de todos), quienes adversan al Gobierno adversan, asimismo, la democracia. Miran a las organizaciones populares como si fueran la mismísima encarnación del demonio. Y actúan, entonces, dejándose llevar por ese espejismo. Esparcen en el imaginario social, igual que gobiernos anteriores, una asociación malévola entre defensor de derechos y terrorista. Riegan la idea de que todo aquel que lucha por un derecho individual o colectivo es comparable con o equivalente a delincuente, criminal, terrorista. Establece por lo tanto, las premisas para justificar la represión, la persecución y hasta la ejecución.
El estado de sitio decretado en Santa Elena Barillas fue una muestra de la forma en que se atiende el conflicto social. La masacre de Alaska, cometida por el Gobierno, y los consecuentes exabruptos de su canciller, fueron facturas políticas que tuvieron un costo muy alto para este Gobierno. El férrea defensa armada de los intereses empresariales por encima del derecho a la vida y a un ambiente sano y saludable en todo el país y, recientemente, en San José del Golfo, demuestran para qué han servido los votos y los impuestos. Nuestros impuestos compran las balas que nos asesinan y los votos de los ilusos colocan en su puesto a quienes emiten la orden de fuego.
En lugar de escuchar y atender las demandas de los sectores sociales, impone su voluntad, la mayoría de las veces, muy por encima de toda lógica, razón o análisis serio. Tal es el caso del problema en relación con los abusos de las empresas de distribución de energía eléctrica. Problema que, aunque heredado de gobiernos anteriores, no ha querido abordar con ánimos de resolver.
Otro ejemplo es la imposición, a sangre y fuego, de las reformas a la carrera del magisterio. Es una reforma que carece de sustento técnico (dicho por boca de autoridades reconocidas en materia de educación), ausente de fundamento legal y que padece de serios vacíos en cuanto a financiación para su implementación. Se llevó a cabo una simulación de diálogo en el tema y se hizo caso omiso de las sugerencias de la comunidad educativa que participó en la sesiones. Dicho sea de paso, ese diálogo tuvo que abrirse, ante las medidas de hecho asumidas por estudiantes, maestros y padres de familia ante la total sordera de la Ministra de Educación. El resultado, es un fracaso para la educación en el país.
Hoy, a muy poco tiempo de iniciarse el ciclo escolar del 2013, no hay certidumbre, de ningún tipo, (ni legal, ni técnico, ni presupuestario, ni institucional) en cuanto al futuro de la carrera magisterial. Lo que pudo haber sido el inicio de una reforma, por supuesto, necesaria, pero consensuada y construida colectivamente por quienes son actores y sí saben de educación, resultó en un imponer, una vez más, con bota militar, la voluntad de quienes en lugar de servidores públicos se creen monarcas.
Aunque la Ley de Desarrollo Rural se ubica en el factor económico por su vocación de abordar lo estructural, también se le puede analizar desde lo social en tanto pone en evidencia la política social de las autoridades de turno: esta política en síntesis, está totalmente en contra de los sectores mayoritarios y a favor de la minoría poderosa. Las derechas, una vez más, han vencido al pueblo en su voluntad de hacer algo renovador. Otro triunfo de las derechas, a pesar de que, en este caso, la Ley de Desarrollo Rural marcaba a favor de la atención a problemas sentidos para la población. Aunque dista mucho de ser una reforma agraria, fue etiquetada como tal por los retrógrados de siempre para justificar su oposición. De hecho, omiten, estos sectores, que en efecto ha habido reforma, pero a favor de los grandes agroexportadores y empresas, a costa de desalojos, asesinatos, represión y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Esa reforma, que es un hecho, ni la mencionan.
En este Gobierno, es más evidente el carácter militarista en todos los ámbitos de la vida social del país. La presencia de fuerzas castrenses en el desarrollo de tareas civiles ha sido llevada hasta los extremos. Hasta en las ceremonias organizadas por movimientos Mayas que no se apegaron a su programa oficial del 13 Baktún, el Gobierno envió soldados que cumplían con la misión de intimidar a la gente.
El General si tiene, por ahora, quien le escriba. Aunque sea mal, pero con destinatario.
En relación con salud y educación hay una desatención alarmante. Las políticas de cobertura y calidad en la prestación de servicios están ausentes. No hay políticas eficientes de prevención lo cual quedó al descubierto con el terremoto de este año. El énfasis de la atención a lo social está en los programas que mitigan la aguda situación, pero no en la implementación de programas o políticas de mediano y largo plazo que busquen abordar la raíz de la situación que aqueja a la población.
En educación, hubo más preocupación por imponer una reforma a la carrera del magisterio, que de atender cobertura y calidad de la educación.
En salud, hubo más preocupación por pagar facturas políticas, dando mano libre a diputados y alcaldes (que nada, absolutamente nada, debieran de tener que ver con nombramientos) para que impulsen el despido de trabajadores y nombren a sus allegados, que por el abastecimiento y mejoramiento de la calidad de la atención. Los diputados se han convertido de manera pública pero vergonzosa, en agencias de empleos políticos.
El avance hacia la privatización de servicios públicos avanza otro renglón con este gobierno también (al igual que con sus predecesores), al continuar con las políticas de sub-contratación, tercerización y contratación de ONGs para-estatales (muchas de las cuales son ONGs de familiares y allegados de funcionarios).
Aquí lo importante a destacar en todo caso, es efectivamente la continuidad y ampliación de las mismas políticas de los gobiernos anteriores, con lo cual queda demostrado que no es una agenda de gobierno o de Estado soberano, la que rige al país, sino que es la agenda Neo-liberal de la oligarquía y las transnacionales y que sólo cambia de administradores cada cuatro años.
En lo que corresponde a la seguridad, lo único diferente a gobiernos anteriores, reside en que es más evidente la naturaleza militar que impone a su gestión. Nos topamos con soldaditos hasta en la sopa. Y lo peor es que desfilan como apertrechados para la guerra. Esto se evidencia en el carácter militar de las acciones de represión contra la población que demanda atención a los problemas que afectan al país.
Este Gobierno aprieta más la tuerca en términos de la continuidad de la remilitarización del país. No le tiembla el pulso para escalar con desalojos y acciones de represión cada vez más violentas. Una muestra de ello es la masacre en la Cumbre de Alaska, hecho ocurrido en Octubre del 2012.
Pese al rimbombante despliegue publicitario dado a las operaciones contra el crimen organizado, en realidad, las cifras de muertes violentas y crímenes no han bajado. La violencia sigue golpeando a la población con un ritmo trepidante que, en la medida en que se vea enfrentado a políticas que no lo hacen variar, simplemente sigue su curso.
Aunque iniciado desde gobiernos anteriores, ahora también escala la injerencia de tropas y fuerzas de seguridad norteamericanas y sus operaciones en el país. Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, hoy es cada vez más frecuente saber de investigaciones lideradas por el FBI, de operativos por comandos de tropas norteamericanas o de la DEA.
4.- En lo internacional:
Tanto el Gobierno como su sui géneris Canciller, se han dedicado al impulso de iniciativas totalmente nacidas para fracasar. La propuesta para la legalización de la droga, en primer lugar, surgió rodeada de mil y más errores y, por lo tanto, nació para llevar al país hasta un estrepitoso fracaso haciendo el ridículo ante los demás países. En ese marco, se convocó a una reunión centroamericana de Presidentes, que no fue posible realizar debido a la notoria ausencia de los mandatarios convocados.
Es que, a nivel de Centroamérica, Guatemala dista mucho de ser quien lleva la guía. Pese a que Otto Pérez ha querido dar esa imagen, Guatemala, como país, sigue atrasada en muchísimos aspectos en los que otros países de la región ya han ido por lo menos avanzando en abordar. La herencia nefasta, de creerse aún la Capitanía del Reino, provoca ceguera política.
Por ejemplo, en cuanto a expresiones políticas y diversidad de fuerzas, casi sólo en Guatemala, reina y domina el escenario una derecha militarista y recalcitrante que piensa que aún vive en el siglo dieciocho. Basta con ver quién es quién en Centroamérica, para darnos cuenta de que, aquí, estas derechas que nos gobiernan son minoría.
El FSLN en Nicaragua, el FMLL en El Salvador, son fuerzas en el ejercicio del poder. En Honduras, Costa Rica y Panamá las izquierdas, aunque no son Gobierno, suman votos por cantidades significativas. La derecha ganó, en Costa Rica, por cuatro mil votos. Cuatro mil más que los que tuvo una izquierda beligerante, que no se reduce a un 2%. Suma la mitad de todos los electores.
Otra muestra del fracaso lo es el tema del status de protección temporal, TPS (por sus siglas en inglés). Se requirió un terremoto para que el Gobierno tomara el pedido como cosa suya, y ni así se logró. No fue suficiente para que los Estados Unidos nos otorgara el TPS. Mientras muchos de los migrantes en Estados Unidos, más bien abogan por una reforma migratoria en ese país, nuestro Gobierno se queda peleando un TPS poco probable.
De cualquier manera, es evidente que el papel del Canciller ha sido no solamente nulo en relación a su papel, sino perjudicial en tanto que ha tenido que disculparse públicamente más de una vez por su falta de diplomacia. Cabe hacer notar que la mayoría de iniciativas (fracasadas o no) han sido impulsadas por el mismo Presidente y no tanto por el Canciller.
Un Ministro de Relaciones Exteriores que no tiene iniciativa y que las pocas veces que actúa, carece de capacidades diplomáticas, es la evidencia más clara de lo caro que resulta, pare el Gobierno y para el pueblo que pagamos con nuestros impuestos, el pagar facturas y convenios electoreros con puestos públicos.
Tenemos, pues, un Gobierno que es mera copia de los anteriores, cosa que fue dicha por el FNL, puesto que es, de nuevo, la derecha la que ha ganado. Es justo, aquí, reflexionar qué hemos hecho con nuestros votos.
Quienes votaron por las derechas no tienen, aquí, nada de que quejarse. Es decir, el 98% de los electores carece de moral para abrir la boca.
Las principales conclusiones giran en torno a que es un Gobierno de continuidad de la agenda neo-liberal, con algunos matices mayores o menores de corte militarista.
Las expectativas de la población que quizá votó por este Gobierno, se han venido abajo de manera estrepitosa, desde muy temprano en su primer año de ejercicio en el poder.
No ha dado muestras de capacidad o voluntad de afrontar los problemas o asuntos de la Nación con la suficiente seriedad como para que sus políticas o prácticas muestren resultados tan siquiera aceptables. Ni siquiera en lo relativo a su bandera publicitaria pre-electoral, que era la seguridad ciudadana y el empleo, ha habido resultados.
Más de lo mismo, y quizá peor son las ideas dominantes de la opinión pública en relación con el Gobierno. Espectáculo, balas y migajas de pan, una gran inversión en publicidad y la ampliación de prerrogativas a las grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas al monopolio de la televisión y medios de comunicación, son las características principales que describen a este Gobierno.
La Lucha Sigue
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