Gobierno camina a la impunidad
El gobierno inicia 2013 con paso firme para ratificar la impunidad..
El 28 de diciembre, “Día de los Santos Inocentes”, el gobierno aprobó el Acuerdo Gubernativo 370-2012, con el cual le metió un gol a la población guatemalteca y un golpe severo a los familiares de las víctimas del Conflicto Armado, al dejarlas sin posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la reparación y el resarcimiento correspondiente por todos los daños ocasionados por el Estado. A partir de mañana entra en vigor ese acuerdo gubernativo que implica que la Corte no pueda –según el gobierno– conocer los casos que ya tiene en sus manos y los que en el futuro se le presenten.
Casual o intencionalmente, este paso lo da el gobierno un día después que un abogado guatemalteco, en representación de juristas españoles, presentó ante la Corte de Constitucionalidad, un Amicus Curiae (Amigos de la Corte), con el fin de “Puntualizar algunos aspectos desde el derecho internacional que pudieran servir de elementos de discusión en las deliberaciones de la honorable corte”, porque según ellos “El Estado de Guatemala no puede interponer ningún obstácu-lo para el enjuiciamiento y en su caso, castigo de Efraín Ríos Montt, pues está obligado frente a todos los Estados a su persecución, de manera que toda ley nacional –así como decisión judicial– que postergue la investigación de los crímenes, los considere prescritos u otorgue amnistía es contraria a las obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala debe cumplir”.
Ahora se entiende el porqué, oficiosamente, el Presidente de la República ha mantenido la posición de negar que hubo genocidio, y porqué Antonio Arenales Forno ha escrito al respecto para reafirmar la posición presidencial, así como lo ha hecho contra el juzgamiento de desapariciones forzadas, ya que según él no tienen un carácter continuado y por supuesto prescriben, al contrario de la postura que mantiene la Comisión Interamericana y la Corte de Derechos Humanos.
En un comunicado reciente, la Corte Interamericana anunció “Que cualquier amnistía dictada a favor de violadores a derechos humanos sería inadmisible. Los Estados miembros del Sistema Interamericano, tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil”. Más claro no canta un gallo, el gobierno inicia el 2013 con paso firme a ratificar la impunidad reinante en el país.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130103/opinion/222808/
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