Opinión: elPeriódico, 8 de enero de 2013
Enfrentemos el pasado
Con Arenales Forno, el Presidente no necesita enemigos.
Miguel Ángel Albizures
Nos debemos preparar para enfrentarnos al pasado y afrontar el presente, pues ambos tienen que ver con el futuro del país en materia de derechos humanos y justicia. La vigencia de derechos inherentes al ser humano tiene íntima relación con el funcionamiento del sistema de justicia, cuya independencia hay que mantener a toda costa, por encima de los acuerdos gubernativos, las decisiones parcializadas de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o los decretos que tiendan a beneficiar genocidas.
Con amigos y funcionarios como el licenciado Antonio Arenales Forno, el Presidente no debe ver enemigos en las calles, pues entiendo que él, el Presidente, quiera beneficiar a sus compañeros de armas y beneficiarse de borrar los hechos del pasado, pero si sigue aceptando sus consejos y los acuerdos que le ponga en las manos, el aislamiento internacional de su gobierno puede ser grave. Uno entiende que el Ministro de Relaciones Exteriores meta las patas, pero que lo haga el jurista, versado en los organismos internacionales, parece mala intención.
Lo mejor de ese mal paso de Arenales es que ha despertado y puesto en alerta a las organizaciones de derechos humanos que veían venir la tormenta, pero no hacían nada, pues hemos escuchado al Presidente y a varios funcionarios negar el genocidio y minimizar los hechos del pasado. Arenales Forno se pronunció sobre ello, y no sería raro que entre la manga tenga también un decreto de amnistía, pues según ellos, en Guatemala no se dieron crímenes de lesa humanidad ni las desapariciones tienen vigencia en el tiempo.
Por suerte, Arenales no deja que las organizaciones se “duerman en sus laureles” y que a partir de ello estén “ojo al cristo” de las maniobras que se puedan seguir dando para desconocer la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana y para evitar la contribución de ambas a los esfuerzos de la sociedad para lograr la reconciliación en el país, por medio de una verdadera reparación y resarcimiento que lleva implícita la aplicación justicia.
Si algo hemos aprendido del pasado es la importancia de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, por eso no debemos permitir ninguna medida que los vulnere y restrinja, porque la única forma de avanzar hacia un Estado incluyente y en paz es garantizando su plena vigencia.
Opinión: elPeriódico, 8 de enero de 2013
El Acuerdo 370-2012
La competencia ya ha sido resuelta.
Marta Altolaguirre
El sábado 4 en el artículo publicado en este matutino elaboré algunos puntos simples pero esenciales para comprender el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. Hoy comparto argumentos sobre su improcedencia, en su pretensión de aclarar la dimensión de la reserva que formuló Guatemala al reconocer competencia de la CorteIDH.
La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que, “…el principio de irretroactividad y la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia contenciosa no implican que un hecho ocurrido antes de la misma deba ser excluido de toda consideración cuando pueda ser relevante para la determinación de los hechos y las violaciones de derechos humanos que están dentro de su competencia temporal…”
De la misma manera ha establecido que cuando el Estado en la contestación de la demanda ha reconocido responsabilidad internacional, parcial o total, por las violaciones denunciadas, ese reconocimiento conlleva la inclusión dentro del proceso de los hechos reconocidos y como consecuencia se pronuncie al respecto.
Y es que efectivamente las reglas de interpretación, implican consideraciones especiales en relación con los tratados y convenciones de derechos humanos, las que no pueden desvincularse del objeto y propósito de esos tratados o convenciones mediante reservas formuladas por los Estados.
Además, cabe insistir que Guatemala es Estado Parte de la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978, lo que implica, conforme con el contenido de ese instrumento, que las obligaciones asumidas por el Estado le obligan a adoptar las medidas requeridas para hacer efectivos los derechos y libertades de la CADH. Por su parte la Comisión (CIDH), desde esa fecha debe proceder conforme a sus facultades e investigar los hechos denunciados pronunciándose al respecto y formulando las recomendaciones pertinentes aunque la fase contenciosa se active hasta el momento de aceptación de la competencia de la CorteIDH.
La propia Constitución Política de Guatemala establece en su Artículo 46 el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.
Desde el punto de vista político, esta nueva acción dirigida a revertir la política asumida por el Estado en las últimas décadas ante los órganos internacionales, implicaría un costo alto para el país y para los ciudadanos que se benefician con la verificación de respeto a los derechos fundamentales protegidos por los instrumentos y órganos competentes, siendo fundamental el impulso a un trabajo conjunto con los Estados en el combate a la impunidad.
Los argumentos vertidos en torno al controversial Acuerdo parecieran reducirse exclusivamente al orden económico (indemnizaciones), mientras que la realidad es otra ya que la justicia como elemento de reparación se destaca en toda la doctrina y jurisprudencia del Sistema.
Recordemos que dentro del catálogo de derechos protegidos por la CADH está el Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido… ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente Convención…”
Si el problema es cumplir con las indemnizaciones, el Estado debiera buscar la exposición de argumentos sensatos y civilizados, ante los propios órganos sobre la capacidad de pago y los costos al bienestar general y no cuestionar asuntos de competencia que ya han sido resueltos, como es el caso.
Opinión: elPeriódico, 8 de enero de 2013
La caricatura lúgubre
Arenales podría usar para otros temas su influencia.
Martín Rodríguez Pellecer
Lo bueno de que militares de inteligencia dirijan un Estado democrático es constatar que pueden construir caricaturas de sí mismos tanto como los civiles. Lo malo es que son caricaturas más bien lúgubres cuando el presidente Otto Pérez Molina y el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, publican que Guatemala no reconocerá sentencias por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 1987.
Una cosa es que el Presidente, en público, diga que no hubo genocidio. (En privado, en 2007, reconoció a EE. UU. que los militares habían cometido el error de matar a indígenas que no bajaban de las montañas ixiles porque creían que todos los indígenas eran guerrilleros –ergo, genocidio.) Pues una cosa es que diga algo en público y otra es que procure la impunidad para todos los militares acusados de violaciones contra los derechos humanos de guatemaltecos no sean juzgados, o que se niegue a cumplir sentencias de casos paradigmáticos de denegación de justicia. Si un familiar o amigo sigue desaparecido, no es un caso del pasado. Y si pido justicia por un crimen de hoy o hace 30 años y no me la dan, no es un caso del pasado.
Además, hace una caricatura de sí mismo. El Presidente exmilitar de Guatemala que en su primer año de gobierno si bien ratificó la adhesión a la Corte Penal, se apropió del discurso de convertir en terroristas a quienes protestan, su Ministerio de la Defensa masacró a ocho ciudadanos que estaban protestando, y ahora no quiere cumplir con las sentencias por denegar el derecho a la justicia o por los desaparecidos. Qué pena.
Ojalá que dé marcha atrás y deje de escuchar al secretario Arenales para asuntos sobre derechos humanos. Qué triste que el diplomático Arenales, tan brillante como opaco, utilice su energía y espacio de influencia en las decisiones presidenciales para salvar a sus amigos, en vez de usarlo para ayudar a quienes no son sus amigos y son más débiles, con cuestiones clave para el país como los derechos de los pueblos indígenas, una distribución legal más justa de la propiedad o una revitalización de la institucionalidad del Estado.
Y ojalá que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se den cuenta que su decisión sobre la amnistía puede terminar de poner al país rumbo a la civilización y la justicia, acorde a nuestros tiempos, o regresarnos a la edad de la caverna, a la ley de la selva, en la que la vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas valía menos que una bala.
Acuerdo 370-2012 ha generado una ola de críticas que estoy seguro lo esperaban tanto su autor, Antonio Arenales Forno, como el mismo Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien avaló en última instancia una iniciativa que no es absolutamente ingenua y que persigue objetivos claros tendientes, desde muchas perspectivas, a dejar impunes los actos criminales de uno de los principales protagonistas del enfrentamiento armado interno.
EduardoBlandón http://www.lahora.com.gt
La iniciativa no debe verse de forma aislada, sino como parte de un proyecto más amplio en el que quienes participaron en distintos abusos desde espacios de poder, no quieren que se deduzcan responsabilidades y se les condene, siendo ellos, desde su imaginario, más bien los héroes de una guerra en la que si bien hubo mucha sangre, se justificaba por la defensa del país.
Desde esta perspectiva, es tonto creer el principal argumento, el monetario, con el que el Gobierno rechaza la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos ocurridos antes de 1987. Lo que sucede, dicen, es que el resarcimiento de las víctimas es demasiado oneroso, es mucho dinero para el Estado. Ayer nos recordaba la prensa, que el Estado ha erogado unos 20 millones de dólares (0.04 por ciento de la producción de nuestra riqueza anual) para resarcir a familiares de víctimas, a partir de 1987.
No, no es el dinero, lo que defiende el Gobierno (ojalá así fuera). Y eso no necesita mayor prueba. Casi a diario la Prensa denuncia casos de abuso en la que los operadores políticos de todos los niveles se embolsan grandes cantidades de dinero. Y una de las que más sospecha despierta es la misma vicepresidenta, quien para algunos, causa sorpresa el que se haya convertido de la noche a la mañana en “archimillonaria”.
¿Preocupados por el buen uso de nuestros impuestos? No parece cierto. De hecho, el Presidente de la República, en los hechos denunciados o bien guarda silencio o defiende a los saqueadores. No, no son guardianes fiables de las arcas públicas. El argumento de Arenales Forno es insostenible y solo demuestra que sus intenciones claramente son otras. El fondo es político.
El Secretario de la Paz tiene una agenda que no se ha preocupado en disimular. Es un operador inteligente y poco tímido del aparato creado para salvaguardar la impunidad. Cualquier oportunidad que tenga desde esa entidad del Estado para proteger a quienes cometieron atrocidades en los años del enfrentamiento armado interno (hablo del Ejército), no dudará en aprovecharla.
En esta ocasión, como el argumento es burdo, no creo que el Gobierno consiga su propósito, pero hay que estar atentos porque nuestras autoridades persiguen el claro objetivo de la impunidad. La tarea consiste en estructurar un sistema que los proteja y ponga a salvo del lujo de violencia cometido en el pasado. Ahora es cuando, piensan en sus adentros, mañana será demasiado tarde.
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