Ref.: Acción de Inconstitucionalidad General Total contra el Decreto
48-97 que contiene la Ley de Minería- expediente No. 1008-2012.
Magistrados de la corte de constitucionalidad:
Los Pueblos Maya, Xinca, Garifunas y Mestizo que convivimos en Iximulew, estamos conscientes de la exclusión en el diseño e implementación de políticas públicas en materia económica, política y cultural en nuestra historia reciente; no obstante nuestros planteamientos y propuestas fundamentadas en nuestras cosmovisiones, para el bien de toda la sociedad guatemalteca.
Los derechos fundamentales en un Estado Constitucional de derecho, constituyen no sólo límites al ejercicio arbitrario del poder público; sino, ese conjunto de derechos que protegen la dignidad del ser humano concreto a través de la apelación generalizada a las bases socio éticas de la comunidad humana; para superar las inequidades dentro de una sociedad. El Estado Constitucional de Derecho exige que los poderes públicos se subordinen a la Constitución Política, dejando a la Corte de Constitucionalidad como función esencial la defensa del orden constitucional.
El derecho fundamental de consulta ha sido violentado sistemáticamente por el Congreso de la República, primero por no consultar a los pueblos en el proceso legislativo de aprobación de la actual ley de minería y segundo por no garantizar el derecho de consulta en dicha ley, que tiene como objeto la explotación de los bienes naturales en nuestros territorios. Asimismo, el Organismo Ejecutivo lo ha violado permanentemente al adoptar políticas públicas en materia económica y cultural, y, durante el procedimiento administrativo de otorgamiento de centenares de licencias de explotación minera e instalación de centrales generadoras de energía eléctrica en nuestros territorios. Dicha violación genera conflicto social.
Como autoridades y representantes de los pueblos, presentamos acción de inconstitucionalidad general total de la Ley de Minería el 12 de marzo de 2012, solicitando a los Magistrados de la Corte que declaren inconstitucional dicha ley.
A casi un año de haberse presentado la acción de inconstitucionalidad, exigimos a los Magistrado de la Corte de Constitucionalidad sentencia favorable, declarando inconstitucional total la actual ley de minería y con lugar los amparos planteados en contra del Ministro de Energía y Minas por autorización de licencias para la instalación de centrales generadoras de energía eléctrica en nuestros territorios.
Occidente de Guatemala, 04 de Febrero de 2013
consejo.cpo@gmail.com
www.consejodepueblosdeocci
Magistrados de la corte de constitucionalidad:
Los Pueblos Maya, Xinca, Garifunas y Mestizo que convivimos en Iximulew, estamos conscientes de la exclusión en el diseño e implementación de políticas públicas en materia económica, política y cultural en nuestra historia reciente; no obstante nuestros planteamientos y propuestas fundamentadas en nuestras cosmovisiones, para el bien de toda la sociedad guatemalteca.
Los derechos fundamentales en un Estado Constitucional de derecho, constituyen no sólo límites al ejercicio arbitrario del poder público; sino, ese conjunto de derechos que protegen la dignidad del ser humano concreto a través de la apelación generalizada a las bases socio éticas de la comunidad humana; para superar las inequidades dentro de una sociedad. El Estado Constitucional de Derecho exige que los poderes públicos se subordinen a la Constitución Política, dejando a la Corte de Constitucionalidad como función esencial la defensa del orden constitucional.
El derecho fundamental de consulta ha sido violentado sistemáticamente por el Congreso de la República, primero por no consultar a los pueblos en el proceso legislativo de aprobación de la actual ley de minería y segundo por no garantizar el derecho de consulta en dicha ley, que tiene como objeto la explotación de los bienes naturales en nuestros territorios. Asimismo, el Organismo Ejecutivo lo ha violado permanentemente al adoptar políticas públicas en materia económica y cultural, y, durante el procedimiento administrativo de otorgamiento de centenares de licencias de explotación minera e instalación de centrales generadoras de energía eléctrica en nuestros territorios. Dicha violación genera conflicto social.
Como autoridades y representantes de los pueblos, presentamos acción de inconstitucionalidad general total de la Ley de Minería el 12 de marzo de 2012, solicitando a los Magistrados de la Corte que declaren inconstitucional dicha ley.
A casi un año de haberse presentado la acción de inconstitucionalidad, exigimos a los Magistrado de la Corte de Constitucionalidad sentencia favorable, declarando inconstitucional total la actual ley de minería y con lugar los amparos planteados en contra del Ministro de Energía y Minas por autorización de licencias para la instalación de centrales generadoras de energía eléctrica en nuestros territorios.
Occidente de Guatemala, 04 de Febrero de 2013
consejo.cpo@gmail.com
www.consejodepueblosdeocci
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