Democracia, diálogo y desarrollo, según Hidro Santa Cruz
Capítulo 2. Diálogo y democracia bajo el fuego
Autor: Andrés
Cabanas
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El informe “El desarrollo que no queremos. El conflicto
en torno al proyecto de Ecoener-Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz en Guatemala”
publicado por Intermon Oxfam, define cinco aspectos imprescindibles para el
ejercicio de procesos de consulta:
Previa: debe realizarse antes de adoptar la medida o
llevar a cabo el proyecto.
Con representantes legítimos: se debe involucrar a las
comunidades afectadas, las personas que las representen legítimamente y las
personas u organizaciones que ellas mismas designen para tal efecto. No se
pueden suplantar a las autoridades legítimas por autoridades impuestas por el
Estado.
Informada: el Estado debe garantizar que las
comunidades consultadas tengan pleno conocimiento sobre los posibles riesgos,
la naturaleza y los alcances de la medida o inversión.
Culturalmente adecuada: debe respetar las costumbres y
tradiciones en los procedimientos de comunicación e información, los tiempos y
la lengua materna de las poblaciones afectadas, por medio de sus propios
líderes y representantes que ellos mismos nombren para su representación, a
través de sus propios mecanismos de consulta o métodos tradicionales de toma de
decisiones.
Activa: el Estado tiene el deber de brindar
información, lo que implica una comunicación constante entre las partes a
través de procedimientos culturalmente adecuados.
Ninguna de estas
condiciones se cumple en el proceso de reuniones desarrollado por Hidro Santa
Cruz, porque éste:
1
Se efectúa con
posterioridad, una vez que la empresa ya está instalada. Es un diálogo limitado por
la presencia de la empresa y su agenda inamovible: ya estoy en tu país y tu
territorio, dialoguemos para que me aceptes, parece decir Luis Castro Valdivia.
2
Convoca a representantes
e invitados favorables a Hidro Santa Cruz y el Estado, con ausencia de
dirigentes opositores (excluidos y /o perseguidos). Es el caso de la Mesa
de Diálogo o Trabajo integrada de forma unilateral por actores pro-Hidro Santa Cruz: Gobernador (con delegación directa del Gobierno
Central), Asociaciones Microrregionales (reactivadas y financiadas por la
empresa), Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Comisión contra la Discriminación
y el Racismo, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de
Energía y Minas, y otros.
3
Consiste
en actos informativos sobre los aspectos positivos de la
hidroeléctrica, sin opiniones contrarias a la misma, o con argumentos
abiertamente tendenciosos, que ocultan información sensible para las
comunidades: la propiedad de la empresa, la existencia de permisos,
los proyectos anexos conectados a Hidro Santa Cruz, las fuentes de
financiación, los aportes recibidos en el marco de los Mecanismos de
Desarrollo
Limpio, y otros.
4
No toma
en cuenta la representación tradicional de las comunidades o genera una nueva
representación funcional a los intereses de la empresa. Las
Asociaciones Microrregionales, entidades preexistentes pero inactivas en 2012, y
la Camba (Consejo de Asociaciones Microrregionales Barillense) son apoyadas
como referente e interlocutor máximo.
Paralelamente, Hidro Santa Cruz ataca,
debilita y deslegitima a organizaciones sociales. El Comité de Defensa de los
Recursos Naturales (constituido
en Asamblea y legalizado y autorizado por la Municipalidad) queda
desarticulado tras el Estado de Sitio. La persecución legal contra opositores
se masifica: más de 30 órdenes de captura están vigentes en determinados
momentos. Las Asambleas Comunitarias y el Sistema
de Consejos de Desarrollo son válidos únicamente cuando aceptan la presencia de
la empresa.
5
Se materializa con la empresa como promotora y protagonista. El Estado, ausente,
declina su autoridad en favor de Hidro Santa Cruz.
Violencia como mecanismo de consulta
Por añadidura, el
diálogo promovido por la empresa se desarrolla en condiciones de violencia: Estado de Sitio, órdenes de
captura, líderes exiliados, población
amedrentada, intimidaciones y amenazas hacia la población. Ejemplo significativo de estas amenazas es la coacción a familiares (sobre todo esposas) de los presos políticos
detenidos ilegalmente durante ocho meses: si no aceptan a la empresa, les
comunica de forma reiterada Juan Garrido, responsable del área social de Hidro Santa Cruz, se van a pudrir en la cárcel.
Un
memorial elaborado por miles de pobladores y entregado a la
Municipalidad (7 de enero) y Congreso de la República (18 de enero)
recopila algunos de los hechos de violencia de la empresa hacia la
población de Barillas:
“Una presencia ilegal en nuestro
territorio promoviendo persecuciones y órdenes ilegales de captura contra nuestros líderes.
Imposición del estado de sitio
que desalojó a familias de su hogar.
División entre nuestro pueblo.
Compra de la tierra con engaños,
amenazas e intimidaciones a nuestro pueblo.
La amenaza públicamente de muerte
a líderes por Juan Garrido (encargado del área social de la Empresa), quien
contrató a los dos responsables del atentado en el que asesinaron a nuestro
hermano Andrés Francisco Miguel, dejando en saldo dos heridos de los cuales no
se sabe nada.
La restricción a los resultados
de nuestra Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada el 23 de junio de 2007,
donde 46,481 dijimos no a la construcción de represas y otros megaproyectos en
nuestro territorio.
El encarcelamiento a nuestros
líderes, acusándolos de los delitos de allanamiento, coacción, amenazas,
incendio, actividad contra la seguridad de la nación, secuestro, detención
ilegal, terrorismo.
Un total irrespeto a los
compromisos del Estado de Guatemala como Estado miembro de la OIT en cuanto al
respeto al derecho previo, libre e informado.
La falta de respeto a nuestra
autodeterminación como pueblo indígena.
No se ha reparado los daños
material, psicológico, cultural, político y económico causados.
El incumplimiento a la
notificación dirigida a la Empresa por la Municipalidad en cuanto a la
suspensión del trabajo de la misma debido a la inconformidad de los vecinos.
El Ejército interrumpió las
medidas de seguridad que el pueblo ha decidido.
No hay respeto a la recomendación
del Relator de la ONU referente al respeto a los resultados de las consultas
comunitarias.
Compraron la voluntad de los
COCODES”.
Esta
violencia no es casual, coyuntural ni ajena a la empresa, sino parte
fundamental de su estrategia. El designado por
Hidro Santa Cruz para conducir las relaciones con la comunidad es el mencionado Juan Garrido. Diferentes
medios de prensa refieren la siguiente hoja de vida de este trabajador de la
empresa:
Ex militar.
Señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala, CICIG, como responsable de la muerte del hijo de Amílcar Méndez
(dirigente social), cuando ambos trabajaban en el Aeropuerto, y de nexos con el
narcotráfico.
Jefe de seguridad del Ministerio Público y de Conrado Reyes, en el breve
momento en que este ejerce el cargo, antes de ser destituido (acusado por la
CICIG de ser operador de grupos criminales).
La población de Barillas lo señala de amenazar a los familiares de los
presos.
Intimida y ofrece dinero a autoridades, dirigentes, ciudadanos, medios
de comunicación, para crear una imagen favorable a la empresa.
Militar de carrera, su trabajo vincula acciones cívicas con acciones de
inteligencia e intimidación.
http://es.scribd.com/doc/
http://es.scribd.com/doc/
Así, la realización de más de 500 reuniones, con
participación de 40,000 personas, señalada por Luis Castro Valdivia como
argumento que justifica la permanencia de la Hidroeléctrica, (18 de diciembre. http://www.lahora.com.gt/
Diálogo y democracia a la medida de la empresa
La Consulta Comunitaria de Buena Fe de 23 de junio de
2007 (con carácter general sobre minería y bienes comunitarios) y cientos de
consultas posteriores (documentadas en actas firmadas por sus participantes) rechazan
la presencia de Hidro Santa Cruz en Santa Cruz Barillas.
El 7 de enero, el
Memorial citado solicita el respeto a las decisiones de la población:
“A esta consulta
comunitaria, a las autoridades municipal y comunitaria, porque son nuestras autoridades e
instancias representativas, legales y legítimas de conformidad con lo
establecido en el marco del Convenio 169 de la OIT.B (…) que se tome en cuenta
lo anunciado por el Relator de las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento y
respeto de las consultas comunitarias como medios de consenso para salvaguardar
los derechos fundamentales”.
Las y los firmantes basan su petición en los
artículos 63, 65 y 66 del Código Municipal, los artículos 1, 33, 35 y 66 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 6, 7 y 15 del
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículos 4, 12 y 17 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículos 3, 4, 5 y 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.
Estas
expresiones democráticas y comunitarias no son tomadas en cuenta por la empresa.
Al desconocer las
consultas y la expresión de la voluntad comunitaria, al imponer su proceso de
consultas como el único válido, Hidro Santa Cruz cuestiona el
poder político y la autoridad de las comunidades, y genera un supra poder que
prevalece sobre el poder municipal y comunitario, con su propia
institucionalidad (Mesa de diálogo), formas de decisión (las reuniones
promovidas por la empresa son las únicas representativas para ellos) y
autoridades: convierten a su encargado de área social en el poder real en
Barillas.
El diálogo y la
democracia funcionan para Hidro Santa Cruz, sí y solo sí garantizan la
permanencia de la empresa, contra la opinión de la población. Lo explica Luis
Castro Valdivia, el 18 de noviembre de 2012:
“El diálogo es
ceder las dos partes, no imponer una a la otra su criterio. Queremos estar en
Barillas y queremos estar en paz…
…La construcción va
a seguir adelante pase lo que pase”.
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