En 1982 se desarrollaba parte
de la historia más cruenta del Conflicto Armado Interno y con ello una de las
campañas de terror de las fuerzas arma-das del Estado guatemalteco más crueles,
inhumanas y a todas luces más feroces en contra de población en dife-rentes
regiones del país. En San Juan Cotzal, municipio que junto a Santa María Nebaj
y San Gaspar Chajul compone el Área Ixil, fue escenario de dicha campaña.
Sobrevivientes de una de las
tantas masacres ocurridas en dicho año relató, al Centro Internacional para
Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-, que en la Aldea Chinimaquin, de
San Juan Cotzal posterior a los hechos en donde elementos del ejército junto a
patrulleros de autodefensa civil masacraron principalmente a jóvenes,
mujeres y hombres adultos, agarraron a niñas y niños sobrevivientes y los
trasladaron al municipio de Cunén, siempre del departamento de Quiché, para
ser “entregados” a familias con pocos hijos; incluso algunos patrulleros se
quedaron con niños y niñas que sobrevivieron a la masacre en Chinimaquin.
El hecho descrito
anterior-mente, evidencia en buena medida los elementos de prueba presentados
por el Ministerio Público y los que-rellantes en el proceso judicial
emprendido hace más de 13 años por los delitos de Genocidio y Deberes Contra la
Humanidad y por los cua-les, los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio
Rodríguez Sánchez, enfrentarán Juicio Oral y Debate Público.
Ejecuciones extrajudiciales,
detención ilegal, desaparición forzada, desplazamiento forzoso de población,
violencia sexual contra mujeres, robo y quema de viviendas formaron parte del
denominador común de las masacres cometidas por el ejército de Guatemala contra
población civil.
Sin lugar a
dudas, el debate incrementó frente a la resolución emitida por el Juez
Pri-mero B de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien en base a lo escuchado y
aportado por las partes proce-sales, decidió que los Genera-les Ríos Montt y
Rodríguez Sánchez enfrenten Juicio Oral por los Delitos de Genocidio y Deberes
Contra la Humani-dad. Voces minoritarias se elevan exigiendo aquel viejo
privilegio llamado Impunidad; otras
vociferan que los terribles actos de violencia, inhumanidad e ignominia están
basados en personalida-des individuales y que como tal deben de ser abordadas.
Las mayoritarias voces, afincadas en el Pueblo y particularmente en las y los
sobrevivientes del Conflicto Armado Interno reclaman, con la boca inundada de
verdad, JUSTICIA, ni más ni menos que eso: JUSTICIA.
Puntos de interés especial:
·En 1982 se des-arrollaba para de la
historia más cruenta del Conflicto Armado Interno
· A lo largo de
los 36 años de Conflicto Armado Interno, se desarrollaron acciones
encaminadas a eliminar lo que el Ejército y la oligarquía, consideraron como
“enemigo interno”.
· La resolución
emitida por el Juez Gálvez sienta un precedente importante en materia de
derechos humanos.
Eliminación del Enemigo Interno
Más que la
personalidad individual de una persona, el General Efraín Ríos Montt se
configuró en un escenario más amplio, es decir a lo largo de los 36 años de
Conflicto Armado Interno, se desarrollaron acciones encaminadas a eliminar
lo que el Ejército y la oligarquía, consideraron como “enemigo interno”.
Este elemento de diver-sas fuentes -ideológica, económica, política y social-,
propició momentos de represión selectiva y otras de represión masiva; por lo
que se interpreta que la política profundizada en el gobierno de facto del
General Efraín Ríos Montt, fue la de represión masiva, con fines de
aterrorizar y eliminar a la población civil, la cual era considerada por esta
visión del “enemigo interno” como la base social y apoyo de los movimientos
revolucionarios en el país.
Por lo tanto,
más que considerar características de la personalidad individual, el General
Efraín Ríos Montt formó parte de la cúpula militar que bajo el amparo de la
oligarquía guatemalteca, profundizó e ideó un plan deliberado, sistemático y
organizado que dio
vida a la orgia de sangre impulsada por el ejército y que tuvo como resultado
más de 400 de las 626 masacres que realizaron a lo largo de los 36 años de
Conflicto Armado Interno, se abrieran los procesos de fuero especial y se
ejecutará a personas sin las garantías judiciales que tanto instrumentos
internacionales, como el marco jurídico guatemalteco planteaban para la época.
La Anhelada
Justicia Transicional
Cabe destacar
que el sólo hecho de que el Juez Miguel Ángel Gálvez, resolviera que un ex jefe
de Estado de Facto y el Director de Inteligencia Militar atravesaran por la
fase de Juicio Oral y Debate Público, sienta un precedente histórico e importante
en cuanto al acceso a la justicia que miles de víctimas del Conflicto Armado
Interno han esperado durante años.
Por otro lado,
la resolución emitida por el Juez Gálvez sienta un precedente importante en
materia de derechos humanos, en tanto que la mis-ma se fundamenta, tanto en lo
que concierne a la legislación guatemalteca, así como en los instrumentos
internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Es-tado
guatemalteco, en parti-cular lo relacionado al delito de Genocidio y Deberes
con-tra la Humanidad.
Adicionado a
lo anterior, el juzgar a los
Generales Efraín Ríos Montt y Rodríguez Sánchez representa un paso más en los
avances que el país debe de dar para garantizar la justicia transicional, en
tanto que el Derecho al Acceso a la Justicia, pudiera estar cada vez más cerca
para la víctimas del Pueblo Ixil que sufrieron Genocidio, tal como lo
representaría para aquellos niños y niñas sobrevivientes de Chinimaquin.
Consolida el Estado de Derecho en tanto que ambos están atravesando por un
proceso en el cual tie-nen todas las garantías judiciales establecidas en Ley,
circunstancia que jamás les fuera concedido a las víctimas del Conflicto
Armado Interno.
Durante años
los sobrevivien-tes y familiares de las víctimas del CAI, junto a
organi-zaciones de derechos humanos han realizado esfuerzos significativos
para recopilar y
sistematizar
los elementos que constituyen la prueba contundente de los delitos que se le
imputan a ambas personas y a otros cobardes jefes militares y ex ministros de
gobernación que aún se encuentran prófugos de la justicia.
Sin lugar a
dudas, este es tan sólo un paso más, al cual habrá que ir adicionando otros
para alcanzar la tan anhelada Justicia Transicional.
Una Política Pública
de Reparación Integral a las Víctimas, reconstrucción y recuperación de la
Memoria Histórica de los Pueblos, que habitan estos territorios; acceso a la
Justicia configurarán el camino que garantizará que tan oprobiosos actos no
puedan ser repetidos jamás.
El juzgar a los
generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez representa un paso más en los avances
que el país debe dar para garantizar la justicia transicional.
Nuestro
reconocimiento y admiración profunda a las y los sobrevivientes del Conflicto
Armado Interno, a las organizaciones de derechos humanos que les acompañan;
hombres y mujeres que desde su lucha y trabajo cotidiano construyen otra
Guatemala posible.
El Centro
Internacional para
Investigaciones
en Derechos Humanos CIIDH es una institución con diferentes áreas de trabajo
con se complementan con equidad y eficacia para la defensa y promoción de los
Derechos Humanos
Correo:
ciidh.prensa@gmail.com
WWW.Ciidh.org
Twitter: @ciidh
Facebook: facebook.com/CIIDH
Gracias por este artículo, solo les pediría que no digan "deberes contra la humanidad", ese delito no existe. El nombre correcto es "delitos contra los deberes de humanidad".
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