Guatemala
(PL) Miguel Sisay fue uno de los sobrevivientes del conflicto armado
interno (1960-1996), y su padre y un hermano forman parte de los 250 mil
asesinados o desaparecidos en aquel cruento período por fuerzas de
seguridad, según estimados de grupos humanitarios.
Sisay es oriundo del municipio de Santiago Atitlán, del departamento de
Sololá, y quiso compartir con Prensa Latina algunas de las vivencias de
aquella contienda, en la cual Efraín Ríos Montt y José Rodríguez fueron
los autores intelectuales de la matanza de mil 771 indígenas, acorde
con las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
En
Santiago Atitlán, evoca, la mayor parte de las familias estuvieron
involucradas, con uno o más miembros en aquella conflagración.
"Muchos de los planteamientos de la guerrilla del Movimiento
Revolucionario los hizo suyo el pueblo de Santiago Atitlán porque
luchaban por resolver problemas como la tierra, la miseria, la
educación, la discriminación, la explotación y la injusticia vivida en
este país durante cientos de años".
Afirmó que como pueblo han
sentido desde las botas de los conquistadores españoles hasta las de los
militares en el último tiempo, que "nos han oprimido y obligado a hacer
carreteras y a trabajar por una migaja".
En su opinión, la
terrible situación enfrentada por los ciudadanos hizo que se
identificaran con los objetivos del Movimiento Revolucionario, y precisó
que muchos de los que constituían el movimiento guerrillero eran
estudiantes, campesinos y obreros.
"No fue una guerra a locas,
ni fuimos carne de cañón, como dicen algunos. Fuimos plenamente
conscientes de que podíamos pelear por un mundo mejor", aclaró, quien en
campaña ejerció como sanitario y también entonó melodías.
Recuerda que entró en la vida combativa como músico de la revolución y
en un grupo produjeron mucho material musical que relataba, denunciaba
la represión, las masacres cometidas por el Ejército durante el
enfrentamiento.
Al preguntarle si podía vocalizar algún
fragmento de una de esas canciones de denuncia, tarareó: "Ejército
asesino fuera del poder", y al respecto sostuvo que primero cantaban:
"Ejército asesino fuera del Quiché" debido a que fue ese uno de los
departamentos más afectados por las matanzas.
"Fueron muchos los
exterminios a aldeas, pueblos completos y nosotros denunciábamos todo
esto e instábamos a los militares a salir de las comunidades", rememora
lo ocurrido durante la década de los años 80, mientras estuvo en la
guerrilla.
¿También tuvo que tomar las armas?
"Claro que
sí, estuve en el Ejército Guerrillero de los Pobres, en el frente
Ernesto Che Guevara, más o menos siete años desde fines de los 70.
¿Y sus padres qué decían sobre su decisión de pelear?
"No
tuve comunicación con mis padres durante mi tiempo en la guerrilla. A
mi padre Salvador Sisay me lo asesinaron paramilitares en Santiago
Atitlán por el hecho de que dos de mis hermanos estábamos en la
guerrilla. Uno de ellos, Cruz Regino, lo mataron en combate.
A
Miguel se le hace un nudo en la garganta y los ojos se le nublan, sin
embargo, encuentra fuerzas para remarcar esto: "sabíamos que no era
fácil, claro que nos duelen tantas muertes de personas tan cercanas".
Reacciones similares son las que pudieran experimentar tantos
familiares que lamentan la liquidación de seres queridos en la guerra
civil de 36 años, mientras todavía hoy miles de los cuales ni siquiera
se sabe donde están sus cuerpos.
Organizaciones pro derechos
humanos de Guatemala pidieron la renuncia o destitución del secretario
de la Paz y presidente de la Comisión Presidencial para los Derechos
Humanos de Guatemala, Antonio Arenales.
Los manifestantes
también demandaron la elaboración y ejecución de una política de
derechos humanos coherente con las obligaciones Internacionales del
Estado, expresa un comunicado al cual accedió Prensa Latina.
El
documento lo rubricaron agrupaciones como la Congregación del Inmaculado
Corazón de María, la Fundación Memoria Viva Héctor Interiano, la
Fundación Myrna Mack y Serge Berten comité, días después de enviar una
carta al presidente Otto Pérez Molina, a quien le exigieron el
cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos.
Arenales es señalado de ser el artífice de
acciones como el cierre de los Archivos de la Paz y se le acusa de
entrometerse en el accionar del poder judicial al negar que durante la
guerra civil guatemalteca se perpetraron desapariciones forzadas y
genocidio, un crimen por el cual se procesa al exdictador Ríos Montt y a
Rodríguez, su jefe de la inteligencia militar.
Familiares de
las víctimas de esa contienda colocaron el 25 de febrero, frente a la
sede del Congreso, la réplica de un osario y fotografías de sus seres
allegados, entretanto el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada
en Guatemala protagonizó una manifestación en ese mismo lugar.
El director del Centro Internacional para las Investigaciones en
Derechos Humanos, Jorge Santos, solicitó al presidente del órgano
legislativo, Pedro Muadi, que la Junta Directiva ponga en agenda la
iniciativa de Ley que prevé crear la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personadas Víctimas de Desaparición Forzada.
La Coordinación
Genocidio Nunca Más expresó en un comunicado su satisfacción por el
avance del caso por genocidio contra los exmilitares Ríos Montt y
Rodríguez.
Sin embargo, los firmantes de esa agrupación social
consideraron que los avances en materia de justicia en Guatemala son
pocos en comparación con la barbarie cometida por agentes del Estado
durante el conflicto armado.
De acuerdo con la nota, "el
gobierno presidido por un militar (Otto Pérez Molina) ha militarizado
las instituciones del Estado, ha detenido aquellas acciones que
conllevan la recuperación de la memoria, el esclarecimiento de la verdad
y la promoción de la justicia".
Los inconformes instaron a los
ministerios Público y de Gobernación (Interior) a retomar la búsqueda
del general Luis Enrique Mendoza, prófugo de la justicia desde octubre
de 2011, también sindicado de genocidio.
Asimismo, exhortaron a
los jueces del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo a no dejarse
amedrentar por presiones de sectores que desean que prevalezca la
impunidad en esta nación y exigieron a las autoridades brindar
seguridad a los magistrados, fiscales, peritos, testigos y querellantes
involucrados en el caso contra Ríos Montt y Rodríguez.
El Día
Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la guerra civil se celebra en
Guatemala desde el 25 de febrero de 1999, cuando la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico de la ONU divulgó el informe referido a las
violaciones de los derechos humanos cometidas durante 36 años en este
país centroamericano.
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.
arb/rsm |
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