El ex militar reconoce su responsabilidad en crímenes de guerra, mas no su culpa
Por Gloria Morán
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SAN SALVADOR – El pasado 25 de febrero el ex general salvadoreño José Guillermo García, ex ministro de la Defensa, aceptó, ante tribunales estadounidenses, que el Estado había cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, mas alegó que él los desconocía, pese a ostentar el mayor cargo militar entre 1979 y 1983.
No obstante, este miércoles, sorpresivamente dijo aceptar su responsabilidad en torturas y ejecuciones extrajudiciales (crímenes de guerra y de lesa humanidad), porque fue un alto mando, pero no la culpa, porque no fue ejecutor directo, según se puede interpretar.
La abogada española, Almudena Bernabéu, informó a ContraPunto que “el juez este miércoles inesperadamente le ha vuelto a llamar al estrado, le ha hecho varias preguntas y en ese contexto García ha admitido que si es responsable de la tortura y la ejecución extrajudicial de civiles, pero que no es culpable”.
Señaló que aparentemente, el juez al escuchar que García dijo no ser culpable, le increpó acerca de que “la culpabilidad sólo le corresponde determinarla a él como juez y no al propio García”.
Bernabéu, quien es directora del programa de Justicia Transicional del Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés), señaló que García ha reconocido mucho más en comparación al también ex ministro de Defensa salvadoreño, Eugenio Vides Casanova, quien fue condenado a la deportación pero apeló la sentencia y espera el fallo final, la cual podría darse el próximo 1 de marzo.
el ex oficial entró al país norteamericano en 1989, luego de pedir asilo político. Sin embargo, 20 años después el Departamento de Justicia de EEUU lo cercó ante los tribunales por fraude migratorio; por usar un supuesto pasaporte falso y mentir a las autoridades migratorias, fue en los últimos meses que también se le ha acusado de que "ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales", entre los años 1979 y 1983.
Reacciones ante la posible deportación
Ante la posible deportación de García las organizaciones sociales ven una “luz” para que se haga justicia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos acontecidos durante la guerra civil en El Salvador.
María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que “si ese proceso (el juicio en contra de García) prospera en Estados Unidos, se podría abrir la puerta para que en El Salvador se empezara a considerar, de parte de los funcionarios, el hecho de que se empiece a conocer y a investigar de los crímenes durante la guerra, pese a la Ley de Amnistía”.
La Ley de Amnistía fue normativa creada después de la Firma de los Acuerdos de Paz que puso candado al juzgamiento de crímenes de guerra.
Señaló que de suceder la deportación, eso podría fortalecer al Fiscal de la República para poder tramitar ese tipo de casos en el país, “el problema que se ve es que aquí en El Salvador está la impresión, por lo que ha ocurrido históricamente, que aquí los militares de ahora y los de la Tandona siguen teniendo un poder factico sobre los poderes del Estado que no permite que se pueda iniciar un proceso”.
Ovidio González, director de Tutela Legal de Arzobispado, señaló que esa es una situación que debe analizarse en este país y llevar a que se declare la invalidez de la Ley de Amnistía para procesar a todos aquellos violadores de derechos humanos, que posiblemente ostenten cargos de funcionarios.
Por su parte, Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), calificó el hecho con una “alineación de los astros” y comentó que ese proceso en contra de García se une a hechos como la sentencia emitida en contra del Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por del caso de El Mozote.
La resolución del caso fue el 25 de octubre del 2012, y esa sentencia en particular es del Capítulo IX, letra C, número 4, que se refiere a las Garantías de no repetición y que obliga al Estado salvadoreño a la capacitación de la Fuerza Armada de la República de El Salvador (FAES) en la implementación de programas o cursos permanentes y obligatorios sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, dirigidos a todos los niveles jerárquicos de la FAES.
En esa fecha “La Corte concluyó que el Estado de El Salvador es responsable por las ejecuciones perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío el Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, en violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”,
Cuellar dijo que además eso se una a la campaña electoral que por primera vez empieza a hablar del tema de la derogación de la Ley de Amnistía. Fue el candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén quien prometió, el pasado 16 de enero, que en caso de ganar la presidencia, buscará los entendimientos para promover la derogación de la Ley de Amnistía.
“No es de ver el hecho aislado, porque que lo deporten no será de mucha ayuda si acá no hay un ambiente en el cual la sociedad entienda que la violencia actual tiene sus bases en la violencia pasada y la impunidad que perdona a sus responsable”, señaló Cuellar.
González dijo, respecto a la posibilidad de la deportación que cuando García venga “Tal vez es ahí donde está la disyuntiva sobre qué tanto podría actuar la Fiscalía en estos casos. De ahí que hoy tenga su arraigo en Estados Unidos y al ser deportado se encuentre en esa situación (que no se vaya más allá del hecho de la deportación), es un problema”
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