sábado, 16 de marzo de 2013

Llamamiento a la unidad de los Pueblos frente al modelo económico neoliberal

Por Redacción Prensa Comunitaria
http://comunitariapress.blogspot.com/2013/03/llamamiento-la-unidad-de-los-pueblos.html 

Autoridades ancestrales del pueblo maya Ixil, Kiché y Mam,  junto a representantes de comunidades y organizaciones de los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Meztizo y representantes de las Iglesias  realizaron un llamado a la unidad de todos los pueblos pobres y pueblos originarios del territorio de Iximulew (Guatemala) para enfrentar al modelo neoliberal y a la clase política que en este país  saquea y despoja los bienes naturales de todos y todas.
En un comunicado  conjunto denunciaron al Estado de Guatemala por la discriminación y racismo que ejerce históricamente sobre los pueblos originarios de esta país, el uso del sistema de justicia para garantizar los intereses económicos de los grandes  capitales nacionales y transnacionales.
Durante una  conferencia de prensa realizada en la ciudad de Guatemala, el día viernes 15 de marzo 2013, autoridades y representantes de los pueblos originarios denunciaron públicamente como la Corte de Constitucionalidad –CC- en distintas resoluciones resolvió en contra de los pueblos originarios. Fundamentalmente resoluciones vinculadas a aquellos recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del DECRETO NÚMERO 48-97, Ley de Minería vigente en este país.
Es la misma Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes resolviendo en contra del mismo sistema de justicia, leyes nacionales y tratados internacionales benefician la impunidad y garantizan la continuidad de los megaproyectos y proyectos de extracción minera, hidroeléctricas, represas, petroleras, que atentan contra la vida de los pueblos y los bienes naturales.
Frente a las acciones inconstitucionales del Estado de Guatemala y frente a las violaciones de la justicia que realiza la Corte de Constitucionalidad, autoridades y representantes de los pueblos ven agotada la lucha legal frente al Estado para impedir que empresas nacionales y transnacionales saqueen el territorio, aumenten la conflictividad y continúen violando los derechos humanos y colectivos de los pueblos.
“La Corte de Constitucionalidad en respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería negó nuestro derecho de consulta  regulado  en  el Convenio 169 de la OIT, antes de la aprobación de la ley de minería. En Lanquin Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica, burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q’eq’chi.” Denunciaron en un comunicado de prensa.
“Hemos utilizado todas las herramientas legales para la defensa de nuestros derechos como una muestra de confianza hacia el Estado de Derecho que nos han impuesto. Nos están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones.”, [1] finaliza el comunicado. 

La denuncia de los pueblos frente a las agresiones y violencia de Estado en la aplicación de la justicia, como en la criminalización de la protesta, militarización de comunidades y territorio, asi como  la aplicación de políticas neoliberales podría dar inicia a una lucha en tribunales internacionales, en orgnismos e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo OIT entre otras.
Casos de resoluciones contrarias a la Justicia:
·      La Corte de Constitucionalidad en respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería negó nuestro derecho de consulta  regulado  en  el Convenio 169 de la OIT, antes de la aprobación de la ley de minería.
·      En Lanquín Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica, burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q’eq’chi. 
·      En Totonicapán, el gobierno y los tribunales al no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012, sigue promoviendo la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.
·      En el territorio Maya Ixil, los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido a favor de empresas multinacionales. El Pueblo Ixil probó el dialogo con la empresa ENEL de Italia sin embargo, ésta empresa en complicidad con el Gobierno actual abandonaron el dialogo, se aprovechan de la pobreza de la población y han firmado un convenio de negocio que viola la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas.
·      Con la reforma a la carrera magisterial que está imponiendo el actual gobierno se está negando y destruyendo los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.


[1] CPO. Racismo y discriminación contra pueblos indígenas en el sistema de justicia guatemalteco. Comunicado. 15 de marzo 2013. 
Foto reporteje de la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Guatemala el viernes 15 de marzo 2013: 








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