martes, 16 de abril de 2013

Antropólogos realizan exhumación en cuartel militar


Un grupo de antropólogos recuperaron restos de al menos ocho personas en exhumaciones que realizan en un cuartel militar en Nebaj, donde al parecer hubo ejecuciones durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-2983), enjuiciado por genocidio.

AFP
"En las excavaciones se ha observado que las evidencias óseas fueron sustraídas y se trató de ocultar que en el destacamento hubo personas enterradas, lo localizado confirma que dentro del mismo hubo muertes arbitrarias", informó en un comunicado la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Hasta el momento se han localizado restos de ocho personas en dos fosas, indicó el boletín, en el que se detallaron algunas de las partes recuperadas.

"En este momento está en proceso la parte arqueológica y la toma de entrevistas de datos antemortem a familiares y sobrevivientes", agregó.

El campamento militar está ubicado en la aldea Visan del municipio de Nebaj, uno de los tres poblados inmersos en la denuncia contra Ríos Mott, cuyo juicio se inició el pasado 19 de marzo.

Ríos Montt y el ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez son juzgados por la masacre de 1.771 indígenas mayas ixiles, ocurrida entre 1982 y 1983, en lo más cruento de la guerra que vivió Guatemala durante 36 años y dejó 200.000 muertos o desparecidos, según informes de la ONU.

El nombre de ese cuartel salió a luz el pasado 4 de abril, cuando un ex miembro del cuerpo de ingenieros del ejército afirmó que en ese lugar se asesinaron indígenas e identificó al actual presidente, general retirado Otto Pérez, como uno de los oficiales en ordenar las ejecuciones.

El destacamento comenzó a funcionar en 1983 y sigue activo, pero estuvo inactivo en 1988, 1999 y 2000.

Este martes varios políticos, entre esos ex ministros y dos ex vicepresidentes de las administraciones 1996-2000 y 2004-2008, criticaron el juicio por genocidio en un campo pagado titulado "traicionar la paz y dividir a Guatemala".

En la publicación aducen que una condena en el caso contra Ríos Montt "implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada".

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