Impunity Watch rechaza el despliegue de estrategias de impunidad en Guatemala

Impunity Watch (IW) expresa su preocupación por los efectos jurídicos, políticos y sociales derivados de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, sobre el caso por Genocidio contra el pueblo Ixil en Guatemala. Rechaza la inseguridad jurídica, manifestada en el despliegue de estrategias de obstaculización y confusión jurídica que fortalecen la impunidad en el país, especialmente en materia de violaciones a los Derechos Humanos. IW considera que esta decisión significa: 1.       Una manifestación más del carácter excluyente que el Estado y sus dependencias que han mantenido respecto de los pueblos indígenas y grupos vulnerables en Guatemala. Por este motivo, los reclamos de los grupos indígenas y campesinos (agrarios, conflicto armado, territorio, explotación minera, etc.) son percibidos como un foco de conflictividad social, pues no a todos los grupos sociales se les permite reclamar sus derechos ante el Estado y/o la sociedad. IW reitera su solidaridad y compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y con su búsqueda por acceder a la justicia. 2.       El ambiente politizado que sirve de marco a la decisión de la Corte de Constitucionalidad sólo refuerza la percepción social vigente en el país, según la cual la justicia en Guatemala no es independiente ni imparcial, que favorece a aquellos con poder político y económico para posicionarse por encima del sistema jurídico. Esto es, que el sistema jurídico está diseñado para permitir la impunidad estructural en el país. IW insta a la sociedad guatemalteca a tomar conciencia de los grandes desafíos que aún persisten en la lucha contra la impunidad y la violencia, y exigir a las autoridades estatales garantías para el acceso a la justicia de todas y todos los guatemaltecos. 3.       Los obstáculos al avance del proceso judicial por genocidio no son diferentes a los evidenciados en otros procesos que afectan a la sociedad guatemalteca en su conjunto. Dichos obstáculos terminan por reforzar la cultura de la impunidad y la violencia generalizada en el país. 4.       El poder desplegado por sectores estatales y no estatales en contra del proceso por genocidio y contra la sentencia finalmente alcanzada (tras muchos obstáculos), evidencia que hay temas políticos vedados. En particular, que la violencia desplegada contra la población civil durante y después del conflicto alcanza redes cívico-militares que aún están ocultas, pero que mantienen un gran poder de represión y control del Estado. IW exhorta a las autoridades estatales y a los grupos sociales a garantizar una verdadera independencia e imparcialidad judicial; igualmente, IW insta a la Corte de Constitucionalidad a asumir su responsabilidad histórica con la solvencia jurídica y ética que debe esperarse de un tribunal de su naturaleza. 5.       Los ataques contra el rol jugado por la cooperación internacional en el país son un esfuerzo por frenar futuros avances y la consolidación de los progresos observados. Es decir, esfuerzos para mantener un status quo e impedir la consolidación de una verdadera democracia y estado de derecho en Guatemala. Este es un momento histórico, en el cual Guatemala requiere más que antes una fuerte presencia de la cooperación internacional en contra de la impunidad estructural en el país. IW insta a la Comunidad Internacional en Guatemala a continuar acompañando este proceso histórico y a no ceder ante presiones injustificadas sobre su rol en el país. A los Estados que han decidido cerrar delegaciones en Guatemala a reconsiderar su decisión, en vista de la fragilidad de los avances logrados con su apoyo, en materia de lucha contra la impunidad. Guatemala, 22 de mayo de 2013