Luz Méndez
La sentencia condenatoria de 80
años de prisión contra el ex jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt
por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto
armado, emitida por un
tribunal del sistema de justicia guatemalteco el 10 de mayo de 2013, fue anulada por la Corte de
Constitucionalidad diez días después.
La decisión de la corte constitucional
constituye una atrocidad jurídica, ya que no sólo se excedió en sus funciones,
sino que violó abiertamente preceptos legales y avaló los sucios mecanismos
sobre los cuales se ha construido la impunidad en Guatemala. Además evidencia
la falta de independencia de este órgano respecto a los grupos económica y
políticamente más poderosos.
Siendo Guatemala uno de los países con las más
profundas desigualdades sociales, en donde la elite económica dominante, así
como el poder político y militar, han gozado de certeza de impunidad, el juicio
por genocidio contra un ex jefe de Estado puso fin a esa certeza. Hoy saben que
en algún momento la justicia los puede alcanzar. Por ello se empeñaron en
abortar el juicio y, una vez emitida la sentencia, unieron fuerzas para
anularlo.
Además, a los integrantes de los grupos
dominantes, portadores de un profundo racismo, acostumbrados a discriminar y
despreciar a los pueblos indígenas, les es inconcebible que sean indígenas
quienes hayan llevado al banquillo de los acusados a un general, que ejerció el
poder en forma brutal, precisamente defendiendo los privilegios económicos de
tales grupos.
Sin embargo, el juicio por genocidio abrió una
ventana a la justicia y la verdad, bases indispensables para la construcción de
la paz. En las audiencias públicas emergió con toda su crudeza la verdad que
gobernantes y militares habían querido enterrar a toda costa. Esto ha
significado una oportunidad para que las jóvenes generaciones conozcan un
capítulo esencial de la historia de Guatemala, requisito indispensable para
delinear un futuro diferente.
El Tribunal destacó que la
violencia sexual contra las mujeres ixiles fue un elemento constitutivo del
genocidio. Los testimonios y peritajes presentados en el juicio probaron que
las violaciones sexuales no sólo estuvieron dirigidas a dañar a las mujeres,
sino también a la destrucción del tejido social en las comunidades, teniendo
como objetivo la eliminación del pueblo ixil. Este juicio fortalece las luchas
por la justicia de género por crímenes del pasado y del presente, lo cual tiene
un significado trascendente ante la impunidad rampante que rodea la violencia
contra las mujeres en la Guatemala de hoy, particularmente el feminicidio.
Otra de las experiencias valiosas que dejó el
juicio fue la construcción de amplias alianzas en respaldo a las víctimas, que
incluyeron a organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de pueblos
indígenas, de campesinos, así como intelectuales y personas progresistas.
Además, se generó una fuerte solidaridad internacional. Todo ello dejó como
aprendizaje que la unidad de expresiones sociales muy diversas alrededor de un
objetivo común sí es posible y es indispensable para hacer avanzar las causas
justas.
Este emblemático juicio no ha concluido. La
lucha por la justicia continúa. Lo avanzado es resultado de los esfuerzos
inclaudicables de mujeres y hombres del pueblo maya-ixil, que no cesarán hasta
alcanzar justicia. En ese largo camino han tenido el apoyo de organizaciones de
derechos humanos y profesionales del derecho, quienes también son dignas de
encomio.
Reconocimiento especial merecen la jueza Yasmín
Barrios, Presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo que dictó la sentencia, junto
con los otros dos integrantes de este órgano jurisdiccional, así como la Fiscal
General, Claudia Paz y Paz, y el equipo responsable del caso en el Ministerio
Público.
Ante la campaña de amenazas e intimidaciones
desatadas por los grupos más retrógrados del país, es indispensable y urgente
garantizar la seguridad y la integridad de víctimas, querellantes, jueces y
fiscales, así como defensores y defensoras de los derechos humanos que han
acompañado la lucha por la justicia.
http://www.cipamericas.org/es/
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