Miguel Ángel Albizures
Una vez más, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) tiene que manifestar su indignación por el asesinato de un periodista, esta vez por Luis de Jesús Lima que realizaba sus labores en la Radio Sultana, La Tremenda, en Zacapa, frente a la cual fue acribillado a tiros. Cualquiera que sea la versión de los hechos, la libertad de opinión y de expresión sigue siendo un riesgo latente, que en muchos casos se paga con la vida, pues este mismo año fueron asesinados a balazos los periodistas de Jutiapa, Jaime Napoleón Jarquín y Luis Alberto Lemus Ruano, quien era vicepresidente de la Asociación de Periodistas de ese departamento, antes director de Radio Stereo Café, propietario de un canal por cable y conductor del programa La Mochila.
No hace mucho se denunció el ataque a balazos del periodista Julio César del Valle, hecho aún no aclarado, como tampoco se han investigado las amenazas de muerte a Carlos Alberto Salgado, director del semanario El Defensor, de Retalhuleu, ni de Danilo López, por parte del Alcalde de San Lorenzo, Suchitepéquez. Por el contrario, siguen las amenazas o los intentos de callar a los periodistas, como el caso de Sofía Menchú, amenazada descaradamente por sus investigaciones y reportajes en relación con Byron Lima. Y se ha llegado al colmo de entablar juicio contra Rolando Miranda, de Retalhuleu, por denunciar la contaminación que un ingenio azucarero realiza en esa región.
Ya la emprendieron contra el relator de la ONU para Libre Opinión y Expresión, y lo han hecho contra la doctora y columnista Irmalicia Velásquez, pero también han querido silenciar a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, como el caso del director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, Yuri Melini; el asesinato de Carlos Antonio Hernández Mendoza, miembro de la Asociación Campesina Camoteca, de Camotán, Chiquimula.
El pasado 28 de julio fue asesinado Alfonso Morales Jacinto, en San Ildelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, del Comité de Desarrollo Campesino y vicepresidente del Cocode local. La lista de amenazas, agresiones y asesinatos de líderes comunitarios y sindicales aumenta diariamente, frente al silencio cómplice de la misma ciudadanía. Demás está decir el hostigamiento e intentos de ahogar aelPeriódico o Vea Canal, porque sus mensajes, investigaciones o programas no son del agrado de altas autoridades. Estos, y muchos hechos más, ameritan una acción concertada de los periodistas y de las organizaciones de la sociedad civil que están siendo víctimas de la intolerancia de quienes se sienten afectados por las publicaciones o por la defensa del territorio y del medio ambiente.
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