Siguen intactos el racismo, la discriminación y la exclusión.
Hace poco visitó nuestro país un personaje que no es del agrado de los criollos, ni de aquellos que sudan calenturas ajenas y que, además de su comportamiento de ultraderecha, vierten por los poros su racismo y desprecio a los pueblos mayas, xincas y garífunas. Se trata de la doctora Dinah Shelton, relatora especial de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien recibió las denuncias de criminalización de los conflictos y el despojo de sus tierras ancestrales.
Recientemente las organizaciones mayas y xincas, por la actitud de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que les negó el amparo y dejó vigente la Ley de Minería, han tenido que demandar al Estado ante la CIDH, porque consideran que los espacios de expresión de sus pueblos se cierran y no se toman en cuenta sus derechos políticos de participación y consulta, en todas aquellas políticas públicas que les afectan, como las concesiones mineras y de instalación de hidroeléctricas, pues el Gobierno sigue haciendo caso omiso de la Sección Tercera de la Constitución, relativa a las comunidades indígenas, que expresa con claridad, los compromisos del Estado para con los pueblos mayas y xincas, en relación al respeto a sus formas de organización, pero además señala concretamente en el Artículo 67 que: “Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida”.
Y no de digamos de los derechos que concede el Convenio 169 de la OIT, que recomienda al Estado establecer los mecanismos necesarios para realizar consultas comunitarias y tener en cuenta la opinión de los pueblos indígenas cuando su territorio y sus formas de vida tradicionales se vean afectadas por las decisiones tomadas por el Estado que, por el contrario, sigue protegiendo los intereses de compañías transnacionales, especialmente españolas, que han sentado sus bases en territorios indígenas sin ningún tipo de respeto a sus formas de organización y participación.
Se trata de una nueva invasión, esta vez del capital transnacional, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, pues las bases con las que se construyó el Estado a partir de la llamada independencia siguen intactas: racismo, discriminación y exclusión.
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