La organización Amnistía Internacional (AI) cuestionó
fuertemente este jueves la decisión de la justicia de Guatemala de acortar en siete meses el mandato a la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, pese a la ardua lucha contra la impunidad que ha librado.
"Amnistía Internacional contempla con enorme preocupación" la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de reducir la gestión de la Fiscal de diciembre a mayo de este año, indicó la entidad en un comunicado.
AI afirmó que bajo la gestión de Paz y Paz el Ministerio Público (Fiscalía) logró "salir de un largo letargo en lo que se refiere a investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas tanto durante conflicto armado interno guatemalteco como en la actualidad".
Con Paz y Paz la Fiscalía comenzó a perseguir a personas vinculadas al "crimen organizado que actualmente opera en Guatemala", destacó AI.
Emprendió, además, la tarea de investigar casos por masacres, desapariciones forzadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra que vivió el país entre 1960 y 1996 para castigar a los responsables, después de varias "décadas sin avances" de inacción, agregó el organismo.
"Lo importante aquí es recordar que existieron 200.000 víctimas del conflicto incluyendo unas 45.000 víctimas de desaparición forzada. Guatemala tiene una deuda pendiente en materia de justicia", señaló AI.
La organización de defensa de derechos humanos consideró que si bien "el desempeño del Ministerio Publico está lejos de ser perfecto (..) investigar y presentar casos es un primer e imprescindible paso para obtener justicia" en Guatemala.
Según datos de la Fiscalía, durante la gestión de Paz y paz, Guatemala logró reducir la impunidad de un 95% a un 70%.
La Corte Constitucional (CC) resolvió la semana pasada recortar el período a la fiscal Paz y Paz a petición de un abogado, alegando que el cargo de cuatro años se rige de mayo a mayo, a pesar de que la fiscal asumió el 9 de diciembre de 2010.
AI espera que la cuestionada decisión de la Corte "no marque un retroceso" en el respeto de los derechos humanos en Guatemala.
La organización recordó que no es la primera vez que la justicia guatemalteca toma "decisiones controvertidas".
Y mencionó como ejemplo la resolución judicial, de mayo del 2013, que anuló la condena de 80 años de prisión dictado contra Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio. / AFP
http://elperiodico.com.gt/es/20140213/pais/242645/
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