El 3 de marzo, en horas de la mañana, fueron detenidos José María Güitz Sacrab (trabajador de salud comunitaria y hermano mayor de Ismael Guitz Sacrab, herido con arma blanca en diciembre de 2013, por empleados de la Hidro Santa Rita) y Angel Tot, miembro del COCODE de Nuevo Amanecer.
Ambos detenidos son parte de la resistencia hacia la Hidroeléctrica Santa Rita, la cual tiene como epicentro la comunidad Monte Olivo, municipio de Cobán, Alta Verapaz.
Fueron detenidos por elementos de la policía nacional, acusados falsamente de ser responsables de la quema de maquinaria de la empresa. La captura se origina de la denuncia de Celso Caal Ayu y Victoriano Sacrab, ambos al servicio de la empresa Hidro Santa Rita.
Durante su captura, no obstante el móvil policial, los medios de comunicación divulgaron que se trataba de la captura de dos narcotraficantes, hecho que tiende a criminalizar aun más a los dos compañeros detenidos.
Este hecho viene a sumarse a múltiples atentados a la vida sufridos por varios comunitarios en varios hechos durante el 2013, así como al asesinado de dos niños en agosto de 2013 por un sicario contratado por la empresa Hidro Santa Rita.
Estas agresiones, capturas y daños a la paz de las comunidades proceden de la empresa Hidro Santa Rita y del finquero David Leonel Ponce Ramírez, quienes están imponiendo el proyecto a sangre y fuego. Asimismo, con la complicidad de las instituciones del Estado: gobernador, alcalde municipal, PNC, organismo judicial y gobierno nacional.
Adjuntamos el siguiente enlace, en donde un miembro de Monte Olivo narra hechos ocurridos en la comunidad a manos del finquero y donde se amplía el contexto de estas capturas.http://radiomundoreal.fm/7447-maquinas-de-muerte
Como Frente Popular condenamos este hecho y exigimos que se respete la decisión de las comunidades en contra del proyecto hidroeléctrico, se respeten los Derechos Humanos, en constante amenaza para las comunidades en resistencia. Al mismo tiempo hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a investigar y dar protección a estas comunidades que sieguen siendo objeto de criminalización, amenazas y violencia con distinto tipo de armas.
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