Susana de León sdeleon@elperiodico.com.gt
El sol de mediodía la sorprendió con medio cuerpo sumergido en el agua del río. Carmen Sánchez peinaba su oscura y larga cabellera mientras controlaba la figura infantil, vestida de camisa celeste y pantalón morado, que corría de un lado a otro en la comunidad Los Encuentros, en Rabinal, Baja Verapaz, bautizada en honor a dos afluentes que allí confluyen: los ríos Salamá y Chixoy. Las casas, construcciones de bajareque y palma, distaban a escasos metros de la orilla. No superaban la docena.
Diez minutos atrás había decidido dejar a su pequeño hijo Manuel, de tres años, al cuidado del padre. “No se preocupe”, le dijo una vecina, doña Margarita, “yo aquí le veo al patojito”. Y ella con el calor que producen 973 metros sobre el nivel del mar y siete meses de gestación preparó sus cosas y caminó hacia el río. Había más mujeres en el agua, lavaban ropa o se bañaban, “¿qué puede pasar?”, pensaba Carmen, la joven de 19 años en 1982.
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Pacux no existe. “O es como mencionar otro país”, refieren los pobladores de la cabecera municipal de Rabinal. A cinco minutos desde el centro del pueblo se encuentra el asentamiento humano donde viven más de 200 familias, sobrevivientes de las cinco masacres de Río Negro perpetradas por el Estado entre 1980 y 1982. Grupos de seis hasta 15 personas que habitan terrenos de 15 por 30 metros, reducidas viviendas e improvisadas cocinas fabricadas por organizaciones no gubernamentales.
Viven lejos de Río Negro, donde hoy funciona la hidroeléctrica Chixoy, a cuatro horas en lancha. Su situación durante tres décadas ha sido la misma: agua durante 30 minutos una vez al día, drenajes a punto de colapsar, calles sin asfaltar y terrenos áridos para sembrar. Solo las cuentas llegan puntuales a la comunidad, entre Q80 y Q150 las facturas del servicio de energía eléctrica.
Sin alimentos, las madres duermen a sus hijos. “¿Qué podemos comprar si ganamos Q50 semanales? A veces nos pagan Q10 por limpiar casas o lavar ropa”, se quejan. La mitad de los pobladores sabe leer y escribir, estima Carlos Chen, representante de Pacux ante la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy de Guatemala (Cocahich). Los chicos en edad escolar asisten a la escuela, pero continuar la secundaria es un lujo de pocos: 27 se inscribieron este año, tres están becados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y 15 por Cocahich.
La Bolsa Segura no llega al municipio 151 de la lista de los 166 priorizados. Por ahora recibieron el primer pago del Bono Seguro que llegó a 110 beneficiadas este año. En 2013 lo recibieron en cinco ocasiones. En la oficina de Planificación de la Municipalidad lo admiten: no hay proyectos para Pacux. Conseguir trabajo en el pueblo es difícil, “allí no nos quieren, todavía nos tildan de guerrilleros”, el estigma que les sobrevive. La situación es similar en las cinco fincas otorgadas por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a los trasladados por la construcción de la represa en la década del ochenta: El Naranjo y Pacuxtín, en Cubulco, Baja Verapaz; Rosario Italia y San Antonio Panec, en Santa Cruz, Alta Verapaz.
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| Esta ropa vestía Manuel, de tres años: camisa celeste y pantalón morado al momento de ser conducido a la zona militar 21, en Cobán, Alta Verapaz. |
Es el inventario de la pobreza de 33 comunidades afectadas, de 11 mil personas cansadas de cabildear con los gobiernos de turno en busca de mejoras. Eso los decidió a tocar las puertas de un Congreso mayor, el de Estados Unidos.
Huir, morir o negociar
“¿Qué puede pasar?”, pensaba Carmen, la joven de 19 años aquel 14 de mayo de 1982. Se creía a salvo del Ejército y de los Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC). A tres meses de haber dejado Río Negro, parecía que esta vez por fin tendrían paz.
Desde 1976, los 3 mil 345 habitantes de las 13 comunidades alrededor de la cuenca se preguntaban a dónde marcharse cuando empleados del INDE, acompañados por soldados del destacamento de Rabinal, les anunciaban: “bueno, se van a tener que ir, aquí se construirá una hidroeléctrica”. Los padres de Carlos Chen, por entonces de 21 años, murmuraban: “Dicen que van a inundarlo todo”. Mientras, en la capital, los diarios anunciaban la construcción de “la obra más grande en Centroamérica” como respuesta a sus problemas de electricidad.
En 1977 el INDE presentó un plan de reasentamiento y en 1978 inició la construcción del proyecto. En papel prometían incrementar la producción agrícola, la exportación de productos artesanales, empleo, mejorar la nutrición, el nivel educativo y la salud, la conservación del suelo y el bosque… una maravilla aquello.
La familia promedio de Río Negro era de ocho miembros, cultivaban maíz, maní y frijol. Las mujeres tejían petates de palma que sus esposos vendían en los mercados cercanos. A fin de año migraban a las fincas de ganado, café y caña de azúcar de la costa sur, regresaban con Q30 en la bolsa. El ingreso anual ascendía a Q557.30, a finales de los años setenta. Ni médicos o medicinas, solo curanderos y plantas contra la tuberculosis, desnutrición, parasitismo, dermatitis y sarcopiosis –principales causas de muerte– de las 443 familias. Un informe de 1979 elaborado por el sociólogo y asesor técnico del INDE, Gustavo Adolfo Gaitán Sánchez, indicaba que la edad promedio de la población era de 34 años, 86 de cada 100 pobladores. Solo 75 personas en toda la cuenca sabían leer y escribir.
Otros extranjeros visitaban Chixoy, investigadores de la Misión Científica Francesa. Contrataron a algunos locales, Carlos, entre ellos, ganaban entre Q50 a Q100, un sueldo respetable en la zona para finales de los años setenta. Descubrieron centros ceremoniales como Kawinal, Chicruz y el Tapial, contaba Gaitán Sánchez en la capital. Pero la guerra recrudeció.
En 1980, los pobladores se negaban a dejar sus hogares. Al año siguiente, 1981, sucedieron las primeras desapariciones de líderes comunitarios. Se alejaron de la orilla del río para mudarse a la parte alta para permitir la construcción del embalse de la hidroeléctrica. Sin embargo el plan era retirarlos definitivamente. La estrategia del Ejército, entonces, fue enemistar a las comunidades entre sí.
Carmen, su esposo y el pequeño Manuel se mudaron el 15 de febrero de 1982 a Los Encuentros, cuando el clima de tensión fue cortado por el filo del anuncio de una vecina que alteró a los habitantes de Río Negro, unos 800 según el Tomo VI del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). “¡Váyanse, los soldados y los patrulleros mataron a los hombres y vienen para acá!”, les advirtió la única sobreviviente de la masacre en la aldea Xococ, a cuatro horas de camino a pie. El Ejército corrió la voz entre los pobladores de Xococ que los responsables de quemar su mercado eran los vecinos de Río Negro. “Pero ¿por qué lo haríamos si también nos beneficiaba?”, se defendían de la acusación. Carmen recordaba aquel episodio cuando un vecino le contó que el Ejército y 15 PAC asesinaron a 177 personas de su comunidad en marzo. A tres meses de aquello se creía a salvo en Los Encuentros.
En tanto la energía eléctrica subía de precio en el país a inicios de los setenta. La primera crisis del petróleo afectaba en la generación de electricidad. El INDE buscaba los afluentes para generarla más barata. Los encontró. El Plan Maestro de Electrificación Nacional, elaborado en 1975, por la consultora LAMI (conformada por las empresas Lahmeyer de Alemania, Motor Columbus de Suiza e International Engineering Co. de Estados Unidos), identificó los ríos Ixcán, Cahabón, Polochic y Chixoy para la construcción del proyecto. Las primeras gestiones iniciaron con US$7 millones que el Banco Mundial desembolsó bajo el Convenio #545 GU-IBD. La firma recomendó la construcción en la aldea Pueblo Viejo, en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, a hora y media de Río Negro que también se vería afectado.
“No llegarán hasta acá los soldados y los patrulleros”, pensaba Carmen mientras de lejos observaba a Manuel, y se bañaba en el río aquel 14 de mayo de 1982.
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Al principio de esta historia se hablaba de 13 comunidades, al final fueron 33 las afectadas. Los pobladores se cansaron de tocar las puertas gubernamentales en Guatemala e iniciaron un cabildeo en el Congreso de Estados Unidos.
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La tercera generación de Pacux no tiene acceso a educación secundaria, significa desembolsar Q150 mensuales, más de la mitad del ingreso familiar.
“Como siempre, los gobiernos nos tratan de engañar, nos envían a técnicos que no tienen ese poder político para resolver los problemas”, dice Juan de Dios García, al frente de Cocahich. En 2010 se terminó el Plan de Reparación –se otorgarían Q1.2 millardos para proyectos de desarrollo– pero el presidente Álvaro Colom no lo trabajó como Acuerdo Gubernativo porque “determinamos que el resarcimiento es deuda a diez años, por tanto, el Congreso debe aprobarlo. Sin embargo los diputados no dejaron que llegara al Legislativo”, declaró el exmandatario según una nota publicada en este medio, el 7 de febrero de 2014.
Solicitaron reuniones con Otto Pérez Molina desde el tercer mes de gestión del nuevo gobierno, sin obtener respuesta. “¿Qué hacer?”. Cabildearon en el Congreso de Estados Unidos, pensaron en el Parlamento Europeo, pero el tratado de libre comercio no estaba firmado todavía. Viajaron a principios de 2013 a presentar el caso con 20 senadores. Los políticos con mayor trayectoria. Tres equipos los asesoraron, dos de Estados Unidos y uno de Guatemala, se abstienen de proporcionar sus nombres.
En enero de este año se conoció la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, aprobada por Estados Unidos. Un artículo condiciona la ayuda al país si se confirmaba que el Gobierno realizaba procesos creíbles para el cumplimiento del Plan de Reparación de Daños sufridos por los afectados de las comunidades. Estipulaba que los fondos de
EE. UU. se pondrían a disposición del Ejército guatemalteco si se confirmaba que el Gobierno cumplía con el plan de reparación de daños sufridos por los afectados. El proyecto hidroeléctrico, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, también condiciona a ambas entidades a informar a la Secretaría del Tesoro del Gobierno estadounidense sobre su avance.
“Nunca fue intención del Gobierno cambiar el plan”, asegura Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Diálogo Nacional. Ante la incertidumbre de los representantes comunitarios del porqué el presidente no se ha reunido con ellos, el funcionario indica que cada proceso de conflictividad tiene su momento: “mientras tanto, el proyecto tiene observaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y está con la ministra de Finanzas dadas las implicaciones monetarias”. Tan pronto esté el documento será trasladado a un equipo jurídico para presentarlo a los afectados posteriormente.
Juan de Dios García, Carlos Chen, Carmen y 11 mil afectados esperan que esta vez el Gobierno de turno no los trate de engañar.
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1982
“No llegarán hasta acá”, pensaba Carmen mientras el sol del mediodía la sorprendía con medio cuerpo sumergido en el agua. Ese 14 de mayo de 1982 cuando controlaba a Manuel que jugaba en la comunidad.
La tranquilidad en Los Encuentros fue interrumpida por la explosión de granadas, el grito de las mujeres y la huida de varios de sus habitantes hacia las montañas, su esposo incluido. Carmen se refugió en la orilla contraria, debajo de un espino. Observó con terror cómo los invasores ultrajaban a las mujeres. Una de ellas era Margarita. Su hijo lloraba entre los muertos y el caos. Margarita se levantó y tomó en brazos al niño, después se enfiló con otras 94 personas de la comunidad y los trasladaron en helicóptero a la zona Militar 21, de Cobán. Carmen escuchó el sonido del helicóptero y se desmayó.
En enero de 1983, el embalse del río Chixoy empezó a inundar las comunidades. Meses después el INDE concedió a los sobrevivientes de las masacres una finca llamada Pacux, en Rabinal, Baja Verapaz. Carmen llegó a un lugar árido “poco adecuado para la agricultura de subsistencia”, lo describió la CEH y detrás del destacamento militar de Rabinal. Buscó entre los grupos que regresaban, pero Manuel no estaba allí, solo encontró a su esposo y a Carlos Chen, su vecino.
Cada grupo de retornados a Pacux, significaba para Carmen la esperanza de encontrar a Manuel. Ignoraba que estaba a veintinueve años y seis horas en automóvil de encontrarlo.
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Dieciséis familias regresaron a Río Negro en 1993. Actualmente no cuentan con energía eléctrica
Algún día llegará la paz
“¿Aló? Venite corriendo”, dijo la voz del otro lado del teléfono. La mujer bajita de cabello largo y oscuro regresó a casa, en el asentamiento Pacux, en Rabinal. Carmen no entró a la vivienda, dos personas un hombre y una mujer, investigadores de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) la esperaban en la entrada. Los mismos que dos meses antes avisaron a un vecino, Mario Chen, que la osamenta de su madre, Martina Rojas, fue identificada en el destacamento militar de Cobán. El solitario poste de luz apenas iluminaba la escena, “lo encontramos, Manuel estaba en la fosa 15”. La prueba de ADN fue contundente. Las lágrimas brotaron de sus ojos arrugados, se deslizaron por sus pómulos angulosos y cayeron hasta la tierra árida.
Un año antes, en mayo de 2012, Carmen observaba con horror los huesos, lo que quedaba de sus vecinos 31 años después. Reconoció la ropa de Margarita, la vecina a cargo de Manuel cuando llegó el Ejército, y de otras mujeres de Los Encuentros en la fosa cavada por antropólogos de la FAFG en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, actual sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Camisas de niños, pantaloncitos, cortes desteñidos por el paso del tiempo y tejidos de blusas desintegrándose como la esperanza de encontrar a su pequeño vivo. La camisita celeste y el pantalón morado, la mudada de Manuel aquel 14 de mayo de 1982, se encontraban allí.
“Quién sabe, quizá sobrevivió y regrese hecho un hombre, ¿cómo sabré que es él?”, se preguntó muchas veces Carmen. Pero no. Un elemento para reconocer que las víctimas no pertenecían a Cobán, fueron las cintas de colores para atar en el cabello de las mujeres, collares, pulseras con monedas “para alejar el mal de ojo”, ironizó en esa ocasión. Entre aquel grupo los restos de su hijo.
A 32 años de aquella masacre, las condiciones de vida de los sobrevivientes son comparables a las del Río Negro de finales de los setenta. A 32 años de aquella masacre no han sido resarcidos. Y a 32 años de aquella masacre Manuel habría cumplido 35 años el 29 de septiembre.
2 mil
hectáreas de tierras agrícolas inundadas.
hectáreas de tierras agrícolas inundadas.
18.28 %
de la energía consumida en el país se produce en Chixoy.
de la energía consumida en el país se produce en Chixoy.
471
viviendas, diez improvisadas escuelas y centros de salud, y 45 sitios arqueológicos inundados.
viviendas, diez improvisadas escuelas y centros de salud, y 45 sitios arqueológicos inundados.
33
aldeas afectadas.
aldeas afectadas.
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