Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador viven
situaciones similares en cuento a la lucha por la democratización de las
comunicaciones y la defensa de los derechos humanos, especialmente de
periodistas comunitarios, y ¿cuáles son las mayores dificultades para superar
estos boquetes en la “democracia”? Los marcos jurídicos construidos a la base
de intereses políticos y económicos que pasa por encima del interés y
desarrollo social.
Jessica Guzmán
“La historia de Centroamérica se ha caracterizado por la
apropiación de la palabra y el manejo de la información en muy pocas manos. La
comunicación en la región nos demuestra la existencia de fuertes oligopolios en
los medios de comunicación comerciales escritos, radiofónicos y televisivos; y
su alineamiento casi total con los intereses de los grupos poseedores de
significativas cuotas del poder económico y político”, así inicia Andrea
Cristancho, directora de la Maestría en Comunicación de la UCA, su
planteamiento como coordinadora la investigación que busca denunciar las
violaciones a los derechos humanos de periodistas y medios comunitarios a nivel
regional.
El seguimiento de la democratización de las comunicaciones y
la puesta en la escena política y social del mismo tema, no es pura necedad, es
conciencia social y búsqueda de una democracia de calidad y por ello se han
unido bajo la coordinación de la Fundación Comunicándonos, de El Salvador, y el
apoyo del Fondo Holandés de Derechos Humanos e ICCO Cooperación, periodistas y
defensoras/es de derechos humanos de Nicaragua, Honduras y Guatemala.
¿Y cuáles violaciones?
De Periodistas y defensoras/es de derechos humanos
asesinadas/os, amenazadas/os; radios allanadas, destruidas, bloqueadas. Pero y
¿por qué los “callan” Porque denuncian injusticias, y el problema es que los
marcos jurídicos de nuestros pueblos no ayudan.
“Existe la necesidad urgente de generar en cada país y en la
región centroamericana un movimiento amplio, que desde la sociedad civil
profundice la lucha por la democratización de las comunicaciones y reivindique
el derecho a la comunicación” enfatiza Ricardo Iglesias, consultor en Derechos
Humanos y coordinador de la investigación sobre el estado de situación regional
de los Marcos Jurídicos y Políticas Públicas que regulan la Radiodifusión y el
derecho a la comunicación en estos cuatro países centroamericanos.
Para Manuel Chaparro, Director de la Asociación de
Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía Radio y Televisión (EMARTV),
Málaga, España, se debe buscar que “los grupos oligárquicos no sean dominantes
del sistema de medios y abrir los medios a la sociedad civil, pero hacer una
ley a veces no es suficiente, lo interesante de una ley es comprender que esta
normativa debe llevar una dotación económica, porque sino la aplicación de la
ley es nula, es imposible… la otra parte fundamental, luego que se ha hecho una
distribución equitativa, es la creación de organismos autónomos que velen por
el cumplimiento de la ley, al margen del poder político, económico y del mismo
poder mediático”, especificó por medio de una videoconferencia durante la
primera reunión del grupo investigador en El Salvador.
Juan Carlos Gómez Giraldo, Director del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad de la Sabana, Bogotá,
Colombia, quien también expuso en la segunda videoconferencia y agregó que “no
es un fenómeno extraño para nadie que los medios están concentrados en pocas
manos, grandes empresarios que solo buscan el poder económico y político y cada
vez contratan bajo condiciones perversas para los mismos comunicadores los
servicios de los profesionales del periodismo…”.
¿De qué calidad de democracia hablamos?
Dina Meza, periodista hondureña y luchadora por la defensa de
los derechos humanos ha denunciado firmemente las violaciones, la corrupción,
la concentración mediática desde la seguridad de las y los periodistas lo que
le ha valido que ella misma sea amenazada de muerte. Por ello los puntos
sensibles para la periodista y una de las investigadoras en este proyecto son
claros, la denuncia, el fortalecimiento de los marcos jurídicos, la seguridad
de periodistas y la desconcenctración mediatica.
Otro de los investigadores es Hector Longorio, director
ejecutivo de Comité por La Libre Expresión (C-Libre), periodista hondureño y
defensor de derechos humanos “somos defensores de la libertad de expresión,
porque lo que buscamos es hacer una propuesta de reformas, planteamientos
claros, pero la cuestión no es solo que queden ahí plasmados en un buen libro
con buenas investigadoras e investigadores, sino qué sigue después de esto”,
expresó.
Patricia Orozco, periodista y líder del Movimiento Autónomo
de Mujeres en Nicaragua “mi preocupación se centra en ¿de qué democracia
hablamos? Porque de qué organismos autónomos cuando va a ser la ley que regula
quien está en el poder, quien va a definir quiénes participan, hablar de
democracia, al menos en el caso de Nicaragua no se puede, porque es dictadura
que usa la ley para hacer lo que quiere”, señala.
En el equipo también está Amalia Jiménez Comunicadora Social
y Diplomada en Derechos de los Pueblos Indígenas, de Guatemala.
Juan Carlos Duarte Sequeira, director de Radio Camoapa,
Nicaragua y líder del movimiento de radios comunitarias en su país, es otro de
los investigadores junto al abogado Geancarlo Rivera Zeledón.
Las dos investigaciones, que se realizan gracias al apoyo del
Fondo Holandés de Derechos Humanos, que administra e ICCO Cooperación, con el
apoyo del Reino de los Países Bajos, buscan no solo hacer una denuncia de la
debilidad jurídica y de las violaciones que sufren periodistas comunitarios,
sino elaborar herramientas que nos sirvan para fortalecer la lucha por la
democratización de las comunicaciones en la región. Esta apuesta de estos dos
equipos de investigadores será presentada públicamente dentro de cinco meses
como dos de las herramientas más visibles en beneficio de la reivindicación del
derecho a la comunicación a nivel regional.
http://www.comunicandonos.org.sv/
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