valvarez@siglo21.com.gt
Hace ya treinta años, el 29 de marzo de 1984, en las instalaciones del destacamento militar de Comalapa, luego de sufrir crueles torturas y vejámenes, al menos cinco ciudadanos guatemaltecos a quienes se les negaron todos sus derechos y se les vejó impunemente, fueron asesinados y lanzados a fosas comunes dentro de esa instalación militar. Habían sido capturados en distintos lugares, y sin que se siguiera ningún procedimiento legal, fueron conducidos a centros clandestinos de tortura y, en algun momento, llevados a ese centro militar para continuar siendo torturados y asesinados.
De dos de ellos –Sergio Saúl Linares y Amancio Villatoro– fueron ya científicamente identificados sus restos, lo que permite establecer la veracidad de la información que casualmente llegó a manos de investigadores norteamericanos y que se conoce como el Diario Militar. Con el hallazgo de restos óseos de 220 personas en ese destacamento, quedó más que evidenciado que oficiales del Ejército estuvieron involucrados en esos crímenes y que fueron perpetrados en instalaciones militares.
En ese escueto, pero detallado y espeluznante listado, aparecen relatados 173 casos, de los que se detalla el lugar, hora y forma del secuestro (captura le llamaban ellos) así como adónde fueron traslados y cuándo fueron asesinados, acompañando cada caso con la fotografía de los documentos de identificación que las víctimas portaban cuando su secuestro.
El informe se inicia el 28 de agosto de 1983 y concluye el 16 de enero de 1985, período en el que usufructó el poder el grupo de oficiales dirigido por Óscar Humberto Mejía Víctores, quien durante el régimen de Ríos Montt había fungido como Ministro de la Defensa y al que siguiendo su tradición autoritaria dio golpe de Estado.
Treinta años despues de esas desapariciones forzadas, que constituyen apenas un reducido ejemplo de todo lo que con el argumento de la defensa de los intereses del Estado hicieron algunos militares, la verdad sobre los hechos se ha negado a la sociedad en su conjunto y a los familiares de las víctimas en particular, impidiéndose, además, que se avance en el juicio y condena de los perpetradores de tales crímenes.
Una sociedad sana, libre, justa no se construye sobre los cadáveres de víctimas del abuso y criminalidad de los que estuvieron llamados a defender a todos los ciudadanos y hacer cumplir efectivamente la Ley. Los perpetradores de esas desapariciones, de esas torturas, de esos asesinatos no fueron todos los oficiales del Ejército, por lo que el esclarecimiento de tanto crimen no solo es una necesidad social, sino una exigencia que al interior de la institución armada debe hacerse. Los jóvenes oficiales no tienen por qué ser convertidos en cobardes cómplices de crímenes que no cometieron.
Justificar esos actos en una supuesta defensa del país simplemente impide ver nuestro futuro con ojos de futuro, pues si todas esas víctimas habían cometido algún acto contrario a la ley, entonces como ahora, existían mecanismos legales para enjuiciarles. Ninguna norma legal en aquel entonces justificaba la tortura, mucho menos la desaparición forzada y el asesinato, por lo que las acciones cometidas contra esos ciudadanos deben ser investigadas y, encontradas pruebas como el aparecimiento de los despojos de las víctimas, ofrecerse todas las aclaraciones necesarias.
¿Qué valores morales puede enseñar a sus hijos un oficial que tuvo el cinismo de golpear a un ciudadano indefenso u ordenar que se le torture? ¿Habrían sido esas las normas y procedimientos de acción que se le enseñaron en la escuela militar? Evidentemente no, por lo que el esclarecimiento de todos esos crímenes es una necesidad para la propia institución armada.
Los restos de Sergio y Amancio fueron entregados a sus familiares en 2011, pero hasta ahora ninguna autoridad del Estado, mucho menos del Ejército, ha presentado disculpas a sus deudos, como tampoco se han ofrecido informaciones que permitan dilucidar responsabilidades a quienes en aquella época dirigían ese y todos los destacamentos militares donde se han encontrado restos de las víctimas. Sus padres murieron sin saber su paradero, sus hijos, esposas y demás familiares saben ahora que hubo asesinos cobardes por detras de su desaparición y su muerte, pero no pueden siquiera perdonales porque el perdón no se da en el aire y sin que exista el perdonado.
http://www.s21.com.gt/pupitre-roto/2014/04/02/no-mas-asesinos-ni-cobardes
Cinco ciudadanos guatemaltecos a quienes se les negaron todos sus derechos y se les vejó impunemente, fueron asesinados y lanzados a fosas comunes dentro de esa instalación militar.
http://noticiascomunicarte.blogspot.com/2012/03/descubren-tres-victimas-mas-del-diario.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario