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Por lo que hoy estamos denunciando las
políticas represivas del actual gobierno cómplice de la oligarquía
guatemalteca y las empresas transnacionales. Por lo que los hacemos
responsables de hecho de violación a los derechos de las mujeres, hombres,
niñas, niños al Presidente de la
República, al Ministro de Gobernación y a sus Jefes Policiacos.
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Responsabilizamos a la Empresa
estadounidense Kappes, Cassiday & Associates con sus subsidiarias locales
Exploraciones Mineras de Guatemala S.A y Servicios Mineros del Centro de
América S.A.; ya que la licencia de explotación para este proyecto fue
autorizada el 24 de noviembre de 2011 sin consulta previa a la población
afectada.
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Denunciamos la provocación permanente
que se ha tenido por parte del ex-coronel Mario Figueroa Archila, propietario
de Servicios Mineros del Centro de América y sus lugartenientes Pablo Silas
Orozco ex coronel José Arias
Méndez., provocando el acoso permanente a líderes comunitarios, a los medios de comunicación y a los vecinos de las
comunidades.
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Hoy nuevamente, hacen ingreso 40
radiopatrullas con un contingente armado que agrede a la población con bombas
lacrimógenas, dejando como resultado mujeres, hombres y niñez herida, así
como 4 líderes comunitarios detenidos ilegalmente violando acuerdos que se
habían firmado con la comisión de alto nivel del gobierno.
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Ante esta nueva agresión en la Puya
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Nos solidarizamos con las comunidades de La Puya y respaldamos la resistencia pacífica en defensa de su
territorio.
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Exigimos al Ministerio Público y al
Ministerio de Gobernación para
que realicen una investigación
exhaustiva y se deduzcan responsabilidades de las fuerzas de la PNC
que agredieron a la población.
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Responsabilizamos al Gobierno y la empresa Kappes Cassiday &
Associates y sus subsidiarias Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. y
Servicios Mineros del Centro de América S.A., de las agresiones que han ordenando en contra de las comunidades
de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que resisten de manera
pacífica defendiendo su territorio.
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Exigimos a las autoridades judiciales
que se investigue y castigue a los responsables de ordenar la agresión en
contra de los pobladores de la comunidad del Tambor y a quienes amenazan a
las y los defensores de derechos humanos.
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POR LA VIDA, LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
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RESPETO A NUESTROS DERECHOS HUMANOS
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