La dirección del Ministerio Público (MP) es una posición clave y determinante para la garantía de justicia pronta y cumplida. Con la gestión de la Doctora Claudia Paz y Paz Bailey al frente del MP se dieron pasos significativos en la recuperación de la capacidad de la
persecución penal. Un logro que la Comisión Postuladora de candidaturas a la Fiscalía General pudo haber hecho avanzar pero que, lejos de ofrecerle a la sociedad guatemalteca una nómina de altura, presenta un listado que no garantiza que esto se logre.
La nómina de candidaturas que ha elegido la Comisión Postuladora, responde al pacto de impunidad que busca consolidarse. Un pacto que ha reunido en torno a la sombra de la impunidad tanto a estructuras responsables de graves violaciones a derechos humanos, como a sectores del poder económico oligárquico tradicional así como a sectores del crimen organizado.
En manos de los decanos de la mayoría de universidades privadas, del Presidente del Colegio de Abogados y del Tribunal de honor de dicha instancia, quedó la decisión de conformar una lista de aspirantes sin que esta responda a los estándares mínimos requeridos.
Durante casi dos meses, la Comisión Postuladora se prestó al juego perverso de montar un espectáculo según el cual definió criterios de calificación de expedientes, requerimientos para planes de trabajo, niveles de evaluación y entrevistas que, en definitiva no respetaron.
A tal grado que violentaron flagrantemente el derecho de petición ejercido por más de seis mil ciudadanas y ciudadanos, cuyo requerimiento fue ilegalmente desestimado.
De tal cuenta que, la nómina votada y entregada al Presidente de la República incluye candidaturas de personas con sanciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, personas carentes de experiencia penal, personas vinculadas al organismo ejecutivo, así como personas vinculadas a empresas privadas, entre otras falencias en la calidad
requerida.
Con la nómina conformada por la Comisión de Postulación, la cual dejó fuera de la misma a la única Fiscal que ha demostrado liderazgo en la procuración de justicia, se ha infringido un gravísimo daño a la sociedad guatemalteca.
En tal sentido, a la vez que reiteramos nuestro compromiso con la procura de justicia, hacemos un llamado a la ciudadanía guatemalteca y a la comunidad internacional a mantener su lucha por el estado de derecho y la vigencia y respeto de los derechos humanos en Guatemala.
Guatemala 30 de abril de 2014
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