La confrontación en marcha. Después de La Puya… dictadura.

Helmer Velásquez

Una particularidad del conflicto que vivimos en Guatemala es que si bien corroe nuestro tejido social, solo sacude al país cuando la ola se agiganta y amenaza el tsunami, de lo contrario en el Gobierno o en los círculos económicos no le hacen caso. Las elites políticas y empresariales no parecen preocuparse, consienten que hasta donde va la cosa está bien: un Ejecutivo que ha logrado –hasta hoy– contener la protesta social; el Legislativo, que opera como es debido. Y si aún así la cosa se complica, interviene el Constitucional y asunto arreglado. En fin, “el Estado de derecho” funciona. Eso de la violencia sí que molesta un poco, mantiene desosegados a los empleados que no viven en La Cañada. Pero como todo en la vida, tiene un lado positivo: resultó buen negocio para los gendarmes retirados… ah, y una importante fuente de empleo para miles de excampesinos, que ven en la carrera de las armas –privatizada– un futuro promisorio.

Los “inversores” están en lo propio: eluden impuestos o se acogen a la ganga de industria nueva, aunque algunas pasen ya de los 50 años, tienen la fortuna de haber encontrado la fórmula de nacer de nuevo: cíclicamente, cada diez años. El sistema de justicia: sin sobresaltos, con fiscalía asegurada queda resolver la Presidencia del Organismo Judicial, que por ahora es bastante autónoma. Solo será cuestión de unos meses. Es decir, oficialmente aquí en este querido país no pasa nada. Liberar a Efraín Ríos Montt –ni modo– si solo es señalado por “díceres”, nada se le ha probado en juicio –y a este paso nunca se le probará– es decir, según la Constitución de la República es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿O no? Las 52 órdenes de captura contra dirigentes campesinos/indígenas en Alta Verapaz o el “legal y pacífico” desalojo de las señoras de La Puya, no es más que el costo del progreso. Daños colaterales. Subsanables, menores. Este cinismo exacerbado en la política y los negocios nos devolvió de golpe –creyéndola superada– a la Banana Republic.  Así, lo que queda por hacer es la defensa de lo social, de lo público. Poner fin a las intenciones megalómanas de mandato ilimitado y venalidad política. Si la institucionalidad y los políticos fueron rebasados por la realidad, corresponde a las plataformas e instituciones sociales crear la nueva arquitectura del Estado. Previo, habrá que liberar a los presos políticos y cesar la persecución pseudo/penal. Este será el primer acuerdo de cualquier diálogo nacional.

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