Operativos represivos por parte del Gobierno de Guatemala.

Fotos: Waqib Kej Convergencia

Los días 14, 15 y 16 de agosto se ha vivido un nuevo episodio de represión por parte de la maquina represora del Gobierno de Guatemala dirigido por Otto Pérez Molina, dicho Gobierno ha violentado los derechos humanos de las comunidades que están alrededor del Río Dolores, específicamente en las comunidad de Monte Olivo y Samacoch, Raxuhá en Alta Verapaz.

Una vez más el actual gobierno emprendió la jornada de represión a estas comunidades con el fin de viabilizar el proyecto Hidroeléctrico de la empresa Santa Rita, llevando un número mayor a los 1500 policías, acción que se suma a las otras incursiones violentas en el territorio nacional por parte del gobierno.

Una delegación de organizaciones sociales, indígenas y campesinas han estado desde el viernes verificando los hechos cometidos y constatando las diferentes violaciones de derechos humanos que el Gobierno ha realizado con esta acción.

Asesinatos extrajudiciales, cateos, destrucción y quema de viviendas, robo de pertenencias así como de los alimentos de las familias, mujeres, niñas y niños golpeados, arrestos ilegales, persecución a líderes comunitarios así como alrededor de 50 órdenes de capturas, obligando a familias enteras a refugiarse en las montañas por la violencia ejercida en los últimos días por parte de la policía Nacional Civil y el ejército en las comunidades.

Dicho desalojo fue un plan elaborado por el Ministerio de Gobernación y financiado por la empresa Santa Rita, ejecutado por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, así también fueron utilizados guardias de seguridad de la empresa vestidos como agentes policiales señalando y persiguiendo a las y los líderes comunitarios.

En conferencia de prensa en el municipio de Cobán se desmiente las declaraciones que ha realizado el Ministro de Gobernación, en donde acusa a los comunitarios de asesinarse entre ellos mismos, cosa que no es cierta ya que las muertes de los tres comunitarios fueron ejecutadas por las fuerzas armadas de la Policía Nacional Civil de Guatemala, las cuales se convierten en asesinatos extrajudiciales.

El desalojo ha marcado también a la niñez de estas comunidades, los cuales han visto como la policía nacional civil ha violentado todos sus derechos, quedando sin alimento y un techo donde resguardar su vida.

Estos hechos violentos han sido una actuación recurrente de parte de este Gobierno de Pérez Molina y su Ministro de Gobernación, en las diferentes comunidades que están defendiendo el territorio, el agua y la vida misma.

Descolonizando la información

Prensa Indígena y Campesina