“Que la voz de los pueblos sea libre.Traigamos de vuelta a las tradiciones. En ellas, están las soluciones para todas las luchas de hoy. La comunicación es parte de esta tradición y debe asumir nuevas formas. Abrazar la Internet y las tecnologías y hacerlas tradicionales y sagradas, una vez más. Usenn, la energía Creadora, ha proporcionado estos caminos para que los pueblos puedan volverse fuertes una vez más” (Charles Vargas, Consejo Tribal Ancestral del Pueblo Apache Chiricahua de la Reserva de San Carlos)
Reunidos periodistas comunitarios y defensoras/es de derechos humanos en Honduras los días 13 y 14 de octubre de 2014, en el marco del Encuentro Centroamericano de Periodistas Comunitarios y Defensoras/es de Derechos Humanos, declaramos que la comunicación no es una mercancía, sino un derecho humano fundamental, para el cual los estados están obligados a establecer garantías.
Los medios comunitarios no surgen por capricho ni por voluntad de ser terroristas, ni delincuentes, ni nada de esas acusaciones que a veces recibimos. Los medios de comunicación alternativa surgen porque existe una profunda necesidad de información, conocimiento mutuo y comunicación que construye pensamiento colectivo y articulación del tejido social.
Recordamos a los estados de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, y otros, su obligación de actualizar sus marcos reguladores de forma que reconozcan la radiodifusión comunitaria y establezcan una reserva de al menos un tercio del espectro radioeléctrico para uso comunitario.
Existen herramientas que ofrecen criterios detallados para la elaboración de marcos jurídicos y políticas públicas de comunicación adecuados a los estándares internacionales de derechos humanos. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y El Caribe (AMARC-ALC) realizó un proceso participativo entre centenares de emisoras comunitarias para elaborar una guía de trabajo
Los Principios para garantizar la Diversidad y el Pluralismo en la Radiodifusión y los Servicios de Comunicación Audiovisual
. Por su parte la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró y aprobó una
Declaración Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión
que obliga a los estados a establecer reservas del espectro radioeléctrico para uso comunitario, incluyendo el dividendo tecnológico de la digitalización. Los estados están obligados a que estos marcos reguladores proporcionen frecuencias de radio y televisión sin límites de cobertura y con posibilidades de gestionar publicidad.
En distintos países de la región mesoamericana, se han impulsado reformas legislativas para actualizar los marcos regulatorios, las cuales todavía no han llegado a resultados positivos debido, en su mayor parte, a la falta de voluntad política de las instituciones del estado. En ese sentido, recordamos que los criterios políticos deben primar sobre los tecnológicos y que argumentos como la supuesta saturación del espectro radioeléctrico no son aceptables. Los avances tecnológicos siempre pueden permitir soluciones para que se garantice un mayor acceso a sectores comunitarios, sociales, con diversidad ética y estética, pues de esto depende uno de los indicadores claves de la calidad de nuestras democracias. Igualmente, no hay excusa para excluir de los procesos de diseño de estos marcos regulatorios y políticas públicas a la ciudadanía. Los pueblos y las organizaciones –y no sólo las cámaras de radiodifusión- debemos estar presentes y ser consultados en los momentos de definición de leyes y políticas públicas.
El proceso de digitalización debe ser aprovechado como una oportunidad para darle más amplitud y pluralidad al sistema de medios y no para profundizar la concentración de la propiedad de los títulos de usufructo. Siempre existe un gran compromiso pendiente para facilitar el acceso de comunidades, organizaciones, colectivos, asociaciones, redes, consejos de autoridades ancestrales, entre otros, a las frecuencias de radio y televisión.
Por tratarse de un derecho fundamental, la comunicación es un derecho inherente a los objetivos del movimiento social que busca información de calidad y comparte contenidos. En este punto las alianzas son parte de la estrategia de lucha en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia basado en la comunicación.
Se reconoce el esfuerzo de los Estados por la aprobación de instrumentos jurídicos que garantizan el acceso a la información pública, pero es necesario apropiarse de los contenidos para que en la práctica exista un efectivo ejercicio del derecho, no sólo por parte de periodistas, sino por toda la ciudadanía.
En Centroamérica debe lucharse por la disminución de riesgos que afectan a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos. En este sentido debe existir una congruencia entre las normas jurídicas aprobadas y la actitud del poder, los mecanismos de protección implementados y la percepción de las personas sobre su eficacia.
Denunciamos el incremento de ataques, amenazas y asesinatos de periodistas y medios comunitarios en el periodo 2010-2014. Y exigimos a las instituciones del estado que ejerzan su labor de rápida actuación en la protección de comunicadores y defensores de derechos humanos en el momento que se registre alguna situación de amenaza o ataque.
El Informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de medios elaborado por la Relatoría de Libertad de Expresión y aprobado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013 recuerda a los funcionarios de las instituciones del estado que deben tener cuidado para realizar un discurso de protección, y no de criminalización, del ejercicio de la labor periodística y de la defensa de los derechos humanos.
Los gobiernos de los países de la región deben asignar la pauta publicidad oficial en forma equitativa y transparente, de manera que los tres sectores de la comunicación (públicos, comerciales y comunitarios) puedan acceder a ella y se favorezca la pluralidad mediática. Especialmente hay que considerar que los medios de comunicación comunitarios aportan a la construcción de un modelo para el Buen Vivir de las comunidades, y su fortalecimiento financiero garantiza la calidad de la democracia.
Todas estas realidades de límites al ejercicio al derecho a la comunicación de los pueblos se producen en el marco del predominio de un modelo de desarrollo capitalista neoliberal, en el que el dinero –que sólo es un medio- prevalece sobre el respeto a la vida y que ha instalado una mentalidad de la individualidad etnocentrista. Nos oponemos a estos modelos de desarrollo porque demuestran que nos conducen a la destrucción masiva de la Naturaleza y precisamos recordar nuestro papel de guardianes responsables del cuidado de todos los seres con los que habitamos en la Madre
Tierra. Por ello, defendemos modelos de vida ancestrales del Buen Vivir, que están actualizándose en el marco de economías bio-sociales y de alternativas en la gestión colectiva, que son grandes esperanzas para la vida en el planeta y de las cuales forman parte periodistas, medios de
comunicación comunitarios y defensoras/es de derechos humanos. Junt@s seguiremos construyendo nuevos paradigmas de conocimiento y defendiendo modelos para un Buen Vivir.
Tegucigalpa, Oxib I’q, 14 de octubre de 2014
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