El día jueves 13 de noviembre, el juez de primera instancia de Villa Nueva decidió enviar a juicio a Oscar Morales, líder de la resistencia en San Rafael Las Flores, por una presunta amenaza realizada al gerente de la empresa minera San Rafael, S.A. subsidiaria de la Tahoe Resources, minera canadiense. En la audiencia de imputación el juez había mostrado su parcialidad cuando ligó a proceso al defensor sin elementos de investigación. Ahora al trasladar el proceso vuelve a hacerlo sin que exista elementos de investigación claros, ya que el mismo Ministerio Público había planteado que no podía acusar al defensor. Fue claro que al trasladar el caso al Tribunal de Sentencia de Villa Nueva para que se procesa al juicio, el juez obedecía intereses privados representados por el abogado del querellante adhesivo. El día 29 de diciembre está ordenado el inicio del debate oral y público en contra de Oscar Morales.
El día viernes 14 de noviembre, Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez, defensores del derecho al agua de Barillas, Huehuetenango fueron condenados por un Tribunal de Sentencia en Huehuetenango por el delito de asesinato en grado de complicidad. Los dos defensores fueron detenidos ilegalmente el 2 de mayo del 2012, en el marco del Estado de Sitio impuesto por el gobierno de Guatemala. Luego de un proceso largo fueron liberados y declarados inocentes de los hechos que se les imputaban; pero mientras iban con su abogado a la última diligencia de ese caso fueron capturados por la policía en la Torre de Tribunales por los delitos de asesinato y femicidio de dos personas que habían sido linchadas en Barillas en el 2010.
El 10 de agosto de 2010, la policía capturó a una Mateo Diego Simón por su presunta participación de delitos. Una turba sacó a esta persona de la estación de policía y la exhibió en Santa Cruz Barillas, donde junto con Guadalupe Francisco Felipe quien según la comunidad lidereaba a la banda delincuencial.
Tanto el proceso como la sentencia en contra de los dos defensores de derechos humanos estuvo plagadas de irregularidades y la sentencia se dio sin haber individualizado en la misma la presunta responsabilidad de cada uno de los acusados, violando una de las garantías del proceso penal que señala que la responsabilidad penal es individual y no puede acusarse a nadie por las acciones de otros. Ambos casos muestran, cómo los intereses privados privan sobre la justicia y resultan en la persecución política de líderes sociales y defensores de derechos humanos comprometidos con la causa del agua y del ambiente.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala ante estos hechos:
1. Repudia la actuación de jueces y tribunales que violando las garantías mínimas de los acusados consolidan la persecución política en contra de defensores de derechos humanos.
2. Anima a los defensores de derechos humanos a no desmayar y a que mantengan su apoyo a los criminalizados ante este clima adverso.
3. Se solidariza con las familias de los defensores, particularmente las de Saul Méndez y Rogelio Velásquez quienes sufren ante la ausencia y la consolidación de la impunidad.
4. Reitera su apoyo a los y las defensoras criminalizados en el país, a los abogados que le acompañan y a las organizaciones que promueven derechos humanos.
5. Llama a la comunidad internacional a pronunciarse ante la violación de garantías procesales a perseguidos políticos del Estado.
Guatemala, 15 de noviembre de 2014
1. Repudia la actuación de jueces y tribunales que violando las garantías mínimas de los acusados consolidan la persecución política en contra de defensores de derechos humanos.
2. Anima a los defensores de derechos humanos a no desmayar y a que mantengan su apoyo a los criminalizados ante este clima adverso.
3. Se solidariza con las familias de los defensores, particularmente las de Saul Méndez y Rogelio Velásquez quienes sufren ante la ausencia y la consolidación de la impunidad.
4. Reitera su apoyo a los y las defensoras criminalizados en el país, a los abogados que le acompañan y a las organizaciones que promueven derechos humanos.
5. Llama a la comunidad internacional a pronunciarse ante la violación de garantías procesales a perseguidos políticos del Estado.
Guatemala, 15 de noviembre de 2014
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