MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES
Para desgracia de los guatemaltecos, el país naufraga y no es raro, pues no es la primera vez que se deja el mando a un capitán sin brújula o en manos de aquellos que timonean para favorecer los intereses del poder económico, que financió su campaña, y de los intereses extranjeros que ensartan sus pezuñas en las entrañas de la tierra, para extraer los ricos metales y dejar a las comunidades sin agua o agua contaminada, con grandes cráteres y la miserable suma de un centavo por cada quetzal que se llevan.
Pero no solo se timonea a favor de esos intereses nefastos, sino también en beneficio propio o de sus allegados, pues para nadie es un secreto que en puestos claves se ha ubicado a personas sin escrúpulos, que se enriquecen, a la vista de todos, con los recursos del Estado y que a la vez ayudan al enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios, que tienen el timón en sus manos.
A ello hay que agregar que además del general que capitanea el barco, la mayoría del personal es militar, y el peso de sus armas y botas se siente en diferentes regiones del país, por eso señaló recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia en Washington, que : “Los militares en las escuelas, los escuadrones de seguridad ciudadana y la declaración de estados de excepción ante situaciones de conflictividad social son señales preocupantes de la excesiva militarización”, agregando que “los militares no deberían estar en los institutos hablando de principios y valores si lo que se busca es una sociedad de paz”, es decir, hoy están hasta en la sopa del día, “velando” por la seguridad ciudadana, pero sembrando nuevamente el terror en las comunidades.
Pero ahí están ellos para cuidar y defender los intereses de las grandes compañías, que siguen viento en popa, pues según el informe de Amnistía Internacional: “En 2012, la producción minera total se valoró en aproximadamente 600 millones de dólares estadounidenses. La minería de metal, un sector que en los últimos años ha tenido un crecimiento constante, constituía el 95 por ciento de esa cifra. A 4 de enero de 2014, había en Guatemala 100 licencias operativas para minería de metal, y se habían presentado a las autoridades 355 solicitudes de licencia”. Por ello tenemos que preguntarnos, ¿además de la miseria que dejan al Estado de Guatemala, con cuánto untan la mano de los funcionarios?, pues no es casual que pongan las fuerzas de seguridad a su servicio, se criminalice la protesta social, asesinen a dirigentes comunitarios, metan al bote a otros, giren órdenes de captura e impongan estados de excepción para catear casas, prohibir reuniones y protestas, mientras el país entero naufraga y se precipita al abismo del océano narco.
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