La Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango, ADH, acompañada de organizaciones sociales en defensa del territorio y de derechos humanos, realizamos del 6 al 8 de abril de 2016 la
Caravana por la Dignidad, las Resistencias y la Libertad de los Presos Políticos del Norte de Huehuetenango, visitando los municipios de Santa Eulalia, Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y las comunidades de Pojom e Ixquisis. A partir de lo vivido y observado a la opinión pública a nivel comunitario, municipal, departamental, nacional e internacional, hacemos de su conocimiento lo siguiente:
Las y los habitantes de los Pueblos del Norte Huehuetenango, en los últimos ocho años han sufrido los más graves efectos de la acometida violenta de varias empresas extractivas como Hidro Santa Cruz, PDHSA, Hidro San Luis y ENEL, que de manera inconsulta e ilegal han sido beneficiadas por los gobiernos de turno con la concesión por 50 años de importantes cuencas hídricas en los municipios de Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y San Pedro Soloma, ubicados en el Norte del departamento de Huehuetenango; alterando dramáticamente el ecosistema y la vida comunitaria. Su propósito es la instalación de megaproyectos hidroeléctricos. Las ansias por concretar sus negocios ha dado como resultado el asesinato y encarcelamiento de defensores del territorio, y hostigamiento y amenazas a defensoras del territorio. Ante lo impopular de los megaproyectos, las empresas y el gobierno han instalado el miedo y represión en contra de toda la población.
Por medio de este comunicado queremos visibilizar el sufrimiento que la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) y sus filiales Generadora del Río, Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, están ocasionando al tejido social, alterando la dinámica política, económica y cultural de la Región de Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixtatán, conformada por 11 comunidades que viven y se desarrollan en torno a los Ríos Negro, Yalanhuitz y Pojom; cuyos cauces pretenden ser desviados y embalsados en cinco represas, cuatro hidroeléctricas sumando 40MW de potencia en tres proyectos denominados Pojom I, Pojom II y San Andrés. De ponerse en funcionamiento ocasionarán daños irreversibles a la Cuenca hídrica Río Santo Domingo, una de las más importantes del territorio huehueteco y mexicano para la vida humana y la Madre Tierra.
Como parte de las estrategias de confrontación generada por los interesados en implantar estos proyectos hidroeléctricos se ha propiciado el divisionismo comunitario, azuzando la confrontación, vitalizando de nuevo a quienes fueron parte de las patrullas de autodefensa civil y exacerbando las diferencias religiosas entre católicos y evangélicos. Continúan los incidentes violentos en contra de las comunidades que se oponen al megaproyecto, sin que exista una investigación al respecto. Por el contrario el Estado permite la existencia de “empresas de seguridad”
y la presencia de civiles armados, sin ninguna identificación, que hostigan a la población y no cesa de remilitarizar el territorio. Otra muestra clara de que el Estado guatemalteco vela por intereses ajenos a las comunidades es que el Destacamento militar “Ixquisis Frontera” se encuentra ubicado desde
el 7 de agosto de 2014 contiguo a las oficinas de la empresa PDHSA.
Todas estas acciones forman parte de la estrategia de terror implantada por la empresa PDHSA, a fin de silenciar las voces comunitarias que defienden a sus ríos y el agua dulce.
El discurso empresarial y gubernamental, hace ver a quienes habitan estas regiones y se oponen a sus intereses económicos como gente atrasada, violenta, confrontativa que no quiere el desarrollo. Después de haber sido testigos y testigas de los daños ocasionados por la empresa PDHSA, quienes acompañamos la Caravana por la Dignidad, las Resistencias y la Libertad de los Presos Políticos del Norte de Huehuetenango, y que estuvimos reunidos en asamblea comunitaria en Ixquisis, con autoridades y representantes comunitarios de esta Región, no podemos más que dar fe de que nos encontramos con comunidades sedientas de paz y justicia, de ser escuchadas por las autoridades municipales, departamentales y nacionales para ser atendidas en sus más urgentes necesidades. Corroboramos, cómo efectivamente las exclusiones, el racismo, la extrema pobreza son los
condicionantes que favorecen la entrada de las empresas extractivas para promover, su propio “modelo de desarrollo”. No el que los Pueblos requieren. Pero también corroboramos que la pobreza no es motivo para despojar de su Dignidad y sentido de Justicia a las comunidades. Por esto, seguros y seguras de recoger el sentir, el pensar, los deseos y demandas de las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianas y ancianos, solicitamos:
1. A todas las organizaciones, instituciones nacionales e internacionales, así como a las autoridades gubernamentales, cuyo mandato sea aportar a la construcción de la democracia y a preservar los derechos humanos acompañar a las comunidades de San Mateo Ixtatán, especialmente de la Región de Ixquisis y en general del Norte de Huehuetenango a recobrar la paz y la tranquilidad. En la medida que estén solas, más serán las posibilidades de la empresa PDHSA y otras de continuar cercándolas y acechándolas.
2. A la Procuraduría de los Derechos Humanos y especialmente a su Auxiliatura en Huehuetenango, de ser garante de la no violación de los derechos humanos de las y los comunitarios que hacen uso de su derecho legítimo a rechazar proyectos hidroeléctricos, mineros y otros que dañan la vida comunitaria y a sus bienes naturales.
3. A las autoridades de la Gobernación Departamental de Huehuetenango, Ejército Nacional, Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público:
a. Actuar en defensa de la población y no a favor de los intereses de las empresas extractivas. Evitando la remilitarización de las comunidades.
b. Solicitamos el retiro del ejército, ya que reproduce el clima de miedo y pánico vivido durante el conflicto armado.
c. Solicitamos aclarar el papel de los actores armados que trabajan para la empresa e investigar si estos cuentan con los permisos correspondientes.
d. No continuar controlando, amenazado y criminalizando a las defensoras y defensores del Territorio. En este sentido demandamos la pronta libertad de los defensores que ya tienen más de un año de estar encarcelados injustamente, siendo ellos: Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pedro, Bernardo Ermitaño López y Mynor López.
4. A la comunidad internacional no dejarse llevar por campañas de difamación que no solo promueven la violencia, sino también exponen a las y defensores de derechos humanos y del territorio y a las comunidades, como personas violentas que atentan en contra del Estado de derecho guatemalteco.
Finalmente reafirmamos nuestro más profundo deseo y demanda “en Huehuetenango, solo queremos vivir en paz, no queremos proyectos extractivos, solo queremos justicia para nuestros Pueblos”.
Huehuetenango, martes 26 de abril de 2016
Firmamos y ratificamos
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, ADH
Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Juventud, ADESJU
Asociación Política La Cuerda
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG
COJDI
Consejo Ciudadano Maya Mam Culquencito
Consejo Maya Mam Barbarence, Consejo Maya Mam Coloteco
Consejo Maya Mam Integral Gasparence, Consejo Maya Mam Integral Sampedrano
Consejo Maya Mam Ixtahuacaneco, Consejo Maya Mam Libertence
Consejo Maya Mam Petzaleña, Consejo Maya Mam Sanjuanerita
Consejo Maya Mam Sansebolla Consejo Maya Mam Tectiteco
Consejo Maya Sa´x T´ot
Frente de Defensa Miguelense, FREDEMI
Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo, Alcaldes Auxiliares y Representantes de las comunidades de la Micro-Región Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
Organización de Mujeres Mamá Maquín
Resistencia Pacífica de La Puya
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